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¿Y si cerramos el BCE?

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, y Christine Lagarde, presidenta de la institución monetaria.

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La política monetaria llevada a cabo por el BCE desde su nacimiento ha sido, probablemente, la peor posible, fruto del triunfo de aquellos economistas que siguen viendo en la inflación un fenómeno estrictamente monetario. 

El Consejo del BCE, junto a los economistas que trabajan como satélites, no asistieron a clase cuando, en algunas facultades, se enseñaba los factores perniciosos del uso de los tipos de interés como herramienta disuasoria para evitar el auge de los precios en una economía abierta y con movilidad perfecta del capital. 

Las últimas crisis sufridas en la zona euro han puesto de manifiesto que la UE ha sido incapaz de alcanzar los logros fundacionales, y atesora un retraso en materia de empleo, inversión e innovación que no permite ser optimistas sobre el futuro de este gigante con pies de barro. La obsesión por el déficit público, la deuda o la inflación ha lastrado el crecimiento, la capacidad productiva y sobre todo el empleo de gran parte de los países que configuran el euro, cuya puesta en marcha ha sido un gran freno para las economías del sur. Estos supuestos garantes de la estabilidad de precios han logrado destrozar gran parte del tejido industrial, favoreciendo la creación de mercados oligopolísticos, lo que, a su vez, genera incrementos de precios que nada tienen que ver con la cantidad de dinero en circulación. 

Esta misma ortodoxia monetaria es la que desprecia e impide la creación de instituciones de crédito público que, lejos de actuar como oligopolio financiero que estrangula la actividad económica, pudieran expandir el crédito al sector productivo para favorecer planes de empleo garantizado y provocar el salto en la actividad y el empleo que necesita gran parte de la UE. 

Sin embargo, el BCE ha seguido actuando como una institución clásica, permitiendo que su flujo hacia el sector financiero permanezca estancado o depositado en sus propias arcas, generando unos beneficios artificiales, cuyo destino, en gran parte, han ido a los bolsillos de accionistas y miembros de los Consejos de Administración. Estas prácticas se han acompañado en España con una negación sistémica de remunerar el pasivo, razón que explica la baja propensión al ahorro, incluso en aquellos percentiles de renta que pueden ahorrar, tras la estafa del coste de los alimentos, vivienda o servicios de ocio y turismo. 

Esta dejación de funciones, permitida y jaleada por la patronal española de banca, contradice la ilusoria preponderancia del ahorro a la hora de dirigir la inversión que postulan los chamanes de la economía neoclásica. En lugar de entender que es la demanda efectiva la que determina los niveles de inversión, y por tanto de empleo y actividad, lo que nos llevaría a una enmienda a la totalidad con las reglas fiscales que, con mucho miedo, vuelven a defender  e imponer los hombres de negro del BCE. El propio discurso de la presidenta Lagarde después de la tímida bajada de 25 pb. volvió a poner de manifiesto que no entiende el mecanismo de formación de precios, ni el efecto que tiene la austeridad sobre el consumo y la inversión. 

Durante la pandemia, y antes de la misma, se ha podido constatar que los mercados de productos, pero también de algunos sectores, se comportan como grandes oligopolios, cuyo poder de mercado reduce la renta disponible de hogares y estrangula las posibilidades de inversión de una parte no desdeñable de empresas, fundamentalmente PYMES y micropymes. 

El miedo atávico a la inflación que rige en Alemania, sin ninguna relación con la realidad y nula comparativa con los años 20, sirve de excusa al BCE para mantener los tipos de interés en un nivel incompatible con el crecimiento y el empleo. Se puede observar fundamentalmente en Alemania el impacto de los altos tipos de interés sobre una economía industrial que acumula un largo periodo de atonía, lo que está lastrando el crecimiento del PIB a nivel europeo. 

La gran pregunta que surge, por tanto, sería, ¿Qué pasaría si el BCE cambiase sus estatutos y se dedicase a favorecer el crecimiento y el empleo? En el caso español podría impulsar la creación de empleo y romper la tasa de paro mínima, que no baja del 12%, incluso en periodos de crecimiento álgido, con una estructura de producción intensiva en mano de obra. Esta debería ser una de las grandes reformas estructurales que deberían acometer las instituciones europeas, pero no se observa ningún movimiento político en esa dirección. Las grandes familias políticas europeas están cómodas con el funcionamiento del BCE, porque beben de las mismas fuentes teóricas, cuyos docentes ahora dirigen la política monetaria europea. Los nuevos grupos, de extrema derecha, tampoco ayudarán a completar mayorías para el gran cambio monetario y económico que necesita Europa.  

La ruptura de los corsés que nos impiden crecer, la limitación de gasto público y por ende la restricción del déficit, la expansión de la deuda, junto los monopolios de oferta en grandes sectores productivos, incluido el financiero, deberían formar parte del debate público, pero nos conformamos con ir a Bruselas a decir que luchamos por el campo y la pesca, que son muy importantes, pero guardamos un silencio cómplice de cara a romper el consenso neoclásico sobre creación de dinero, gasto público y función del BCE.

En conclusión, mientras nada cambie alrededor de la función del BCE, no podremos alcanzar el pleno empleo de verdad, y por eso sorprende que no existan en las facultades, ni en los estamentos políticos y sindicales, pero también empresariales, un verdadero lobby para romper las cadenas del funcionamiento de la política monetaria que no nos permite crecer y alcanzar cotas de bienestar no conocidas.  

En ese nuevo horizonte, surgirían nuevos estamentos bancarios no oligopolisticos, cuyos departamentos de riesgos tendrían un elevado conocimiento sobre el funcionamiento empresarial y no almacenarían fondos para la actividad de trading. Eso facilitaría el flujo de crédito sin límite, con la única restricción de la solvencia del peticionario. Este flujo también regaría las instituciones públicas para satisfacer las ingentes necesidades de inversión pública y de atención a los cuidados de gran parte de la población más vulnerable. El sector de la vivienda sería otro de los grandes beneficiados de este cambio en la filosofía del BCE. Se podrían acometer grandes planes d rehabilitación, construcción de parques amplios de vivienda asequible, lo que junto a los planes de empleo garantizado que los Ayuntamientos y CCAA podrían implementar, nos acercaría a la media de la tasa de paro de la UE, un 6%.                   

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