¿Lo ven? Es Hacienda la que le debe al novio de Ayuso

Crear confusión es una de las estrategias más antiguas de defensa de quienes son sorprendidos con las manos en la masa. Y eso, crear confusión a mansalva, es justo lo que están haciendo sin el menor escrúpulo Isabel Díaz Ayuso y su equipo ante el escándalo de Alberto González Amador, que no se limita, ni mucho menos, a un ya de por sí grave fraude a Hacienda por parte del novio de la presidenta madrileña. También siembra serias dudas sobre el incremento de los emolumentos que este ha venido recibiendo de la compañía de salud Quirón, principal beneficiaria de la privatización de la gestión hospitalaria en la Comunidad de Madrid, desde que comenzó su relación con Ayuso. Encierra además incógnitas sobre el pelotazo de dos millones de euros que dio González con el negocio de mascarillas durante la pandemia –origen de su fraude a Hacienda–, entre otras cosas el papel que jugó un directivo de Quirón en el negocio, el destino del material adquirido y el motivo de que aparecieran en la transacción sociedades en el extranjero. Y pone en un brete a la presidenta, que comparte con su pareja el costoso piso que este compró tras el fraude fiscal y el piso de arriba, este último en un régimen de disfrute que sigue envuelto en el misterio. Todo ello sin contar las informaciones periodísticas sobre irregularidades en la reforma de la vivienda.

La reacción inicial de Ayuso y del Partido Popular –que ha arropado de modo incondicional a su baronesa– fue intentar soslayar el lío presentándolo como un asunto entre un particular y una empresa privada del que no tenía por qué responder el Gobierno madrileño. Pero, como el “particular” es el novio de la presidenta y la empresa privada mantiene una multimillonaria relación contractual con la Comunidad de Madrid, la burda triquiñuela no se sostuvo. A partir de ese momento se perdió todo pudor y comenzó una ofensiva pilotada directamente desde la Puerta del Sol por Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en una mezcla descarada del interés particular con el público, para intentar diluir el escándalo mediante un bombardeo de bulos que han venido difundiendo sin la menor comprobación los medios amigos.

El capítulo más reciente de esta campaña es el enredo con los 552.000 euros que por lo visto Hacienda devolverá a González Amador. El miércoles pasado, la Comunidad de Madrid, que ya no tiene empacho en representar abiertamente al “particular” novio de Ayuso, envió a los medios el mensaje descontextualizado de que la Agencia Tributaria le devolverá a este la citada suma. La artillería mediática del ayusismo publicó la información sin ningún cuestionamiento o reserva. “Yo no mentí, tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política”, proclamó con aire triunfal la presidenta. Según ella, la noticia confirmaba sus declaraciones del mes pasado en las que aseguró que era Hacienda quien debía unos 600.000 euros a su pareja tras realizarle una inspección “salvaje” y “sacada de quicio”.  En realidad, estamos ante una nueva patraña, construida con una verdad a medias. Lo que haría Hacienda es rechazar al novio de Ayuso una suma que este incluyó tramposamente de más en su declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2022 con la esperanza de colar una regulación por el fraude del que ya era investigado y librarse así del proceso penal. Como el lector sabrá, las regularizaciones voluntarias solo se permiten antes de que Hacienda haya iniciado la investigación, no después, como intentaba con picardía González Amador.

Pero Ayuso y sus estrategas saben que sus votantes no entran en este tipo de minucias. Ellos apoyan sin fisuras a su presidenta, aunque esté destruyendo ante sus narices la sanidad y la educación públicas y algunos avispados se estén lucrando del desguace. Aunque les diga cínicamente desde el dúplex de Chamberí que ella conoce muy bien el drama del alquiler en Madrid. Lo que interesa a sus votantes son la esposa y el hermano del Perro Sanxe y las horas de vuelo del Falcon. Con la ayuda inestimable de los periodistas amigos, en los bares ya se estará repitiendo a estas horas que la malvada Agencia Tributaria, manejada desde la Moncloa, ha reconocido que estaba persiguiendo injustamente a Alberto González para acabar con la presidenta madrileña y que era Hacienda la que debía a González, no al revés. Si el lector se sumara a alguna de esas conversaciones y preguntase a los contertulios si cabría al menos algún pequeño reproche, así fuera estético, a la conducta de Ayuso y su novio, recibiría como respuesta: “¿Y Begoña qué?”. Admitámoslo: son más disciplinados que los votantes de izquierda. Qué le vamos a hacer.

A González Amador ya se le pasó el momento de resolver su problema fiscal mediante la regulación voluntaria. Su caso se encuentra ahora en la instancia penal. La posibilidad que tiene en este momento de minimizar o librarse de una pena de prisión es buscar un acuerdo con la Agencia Tributaria delante del juez, cuyo monto económico deberá ser el resultado de un acuerdo entre las partes, no la cantidad que él decida unilateralmente colar en una declaración tributaria. Pero, como señalaba al comienzo, esto es solo una parte del escándalo. Aún quedan muchas cosas por explicar a los ciudadanos. Por lo menos a quienes no tienen tan claro que Ayuso y González Amador sean las pobres víctimas de una maquinación siniestra del progresismo woke.