Una ventana de oportunidad para los procesos constituyentes
Hace más de un año que Rajoy coquetea con la idea de abordar una reforma constitucional que funcione como un cierre autodefensivo de la parte más regresiva del sistema, y que se entiende muy bien a partir de las políticas destituyentes que el propio PP ha puesto en práctica en estos años, con la complicidad, en muchos casos, del mismísimo Tribunal Constitucional. Ahí está, como una muestra, la ley de régimen local, que, combinada adecuadamente con el art. 135, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el sacrosanto memorándum europeo, resulta demoledora; la LOMCE, cuya paralización ha pretendido vetar el Gobierno en estos días; los recortes al régimen de la Seguridad Social, la dependencia y las pensiones; la reforma laboral; la reforma del Código Penal y la ley de seguridad ciudadana; el Real Decreto-ley de RTVE; la reforma del Consejo General del Poder Judicial; la amnistía fiscal; la ley antidesahucios; la ley de costas... por mencionar solo lo más granado. Vaya, ahí está, negro sobre blanco, lo que puede depararnos una reforma constitucional orquestada por el PP, con o sin la colaboración de sus aliados, porque tal colaboración tampoco mejoraría tanto el panorama.
Y es que las propuestas de reforma constitucional que en su momento plantearon el PSOE y Ciudadanos, no son para lanzar campanas al vuelo. La propuesta de Ciudadanos es claramente recentralizadora, y el federalismo simétrico y vago que el PSOE lleva por bandera ni nos dice mucho sobre la distribución de competencias y el sistema de financiación de las CCAA, ni tiene en cuenta la diferente vocación política de autogobierno de las distintas comunidades.
Por lo que se refiere a la administración de justicia, por ejemplo, y a fin de garantizar la independencia, la imparcialidad y la integridad del poder judicial que exige cualquier Estado de Derecho, Ciudadanos propone suprimir el CGPJ, a las bravas, y sustituirlo por un triunvirato formado por el presidente del Tribunal Supremo y dos adjuntos, y elimina, además, la posibilidad que tienen los parlamentos autonómicos de designar magistrados para formar parte de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. De modo que siempre se puede ir a peor. El PSOE, por su parte, desconfía tanto del Gobierno y del CGPJ, que atribuye a las Cámaras, en exclusiva, la designación de los magistrados del Constitucional, sin que se sepa muy bien por qué esta atribución ofrecería, en principio, más garantías.
En el orden social, el PSOE pretende reformar el art. 135 para incorporar ahora las condiciones de salvaguarda de la “Estabilidad Social” del Estado con el fin de que pueda asegurarse la financiación de los servicios y las prestaciones sociales, en una tímida rectificación de su colosal error anterior; y Ciudadanos hace depender el desarrollo legal de los derechos sociales de la consabida dotación económica y la garantía presupuestaria, que cuelga, por supuesto, de la rígida disciplina de la ley de estabilidad presupuestaria. Esto es, lo más importante es la estabilidad financiera definida tal como lo ha hecho el Sr. Montoro.
En definitiva, la propuesta de reforma constitucional que hoy nos puede ofrecer la alianza PP-Cs supone un claro retroceso, un candado con el que los llamados “constitucionalistas” se quieren asegurar, por décadas, cambios favorables a sus políticas recentralizadoras y antigarantistas. Y en lo que hace al PSOE, el aliado en la sombra, la alternativa que se presenta es tan incierta y tan vaga, que resulta poco creíble y menos confiable.
Lo cierto es que ahora tenemos la oportunidad de iniciar un nueva etapa de largo alcance, de generar un relato transformador que se mueva de abajo a arriba, y de la periferia al centro; una oportunidad para que ese relato acabe por tener su traducción en un texto constitucional más democrático, más igualitario y más descentralizado. Lo que ahora necesitamos es articular procesos de radicalidad democrática que den satisfacción a las exigencias de participación, de redistribución y de reconocimiento que se han ido plasmando en diferentes proyectos municipalistas, pero que aún no están resueltas en buena parte del país.
En primer lugar, esos procesos deberían girar alrededor de más y mejores mecanismos de participación directa y de deliberación democrática; mecanismos de gobernanza que aseguren la transparencia, el control efectivo del poder, la separación de poderes y la rendición de cuentas. Algo que no está garantizado, ni mucho menos, en el texto constitucional de 1978. Porque en la Constitución se altera el equilibrio de poderes en detrimento del Parlamento, sede de la soberanía nacional, y en favor del Ejecutivo, del que depende el desarrollo de un buen número de preceptos constitucionales. De hecho, la omnipotencia es tal que en solo mes y medio el Gobierno de Rajoy ha pretendido vetar 14 veces las iniciativas de un Parlamento heterogéneo y militante que ahora no puede controlar a su antojo.
En la Constitución se dificulta, además, la participación política ciudadana consagrando únicamente el referéndum consultivo (art. 92) que también depende del Gobierno (excepto por lo que hace a la reforma constitucional y estatutaria), y se asume una visión muy restrictiva de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), para la que se exige un número de firmas diez veces mayor que en Italia, por ejemplo.
Que hoy algunos acusen a Unidos Podemos y al resto de las confluencias de inmovilismo por plantear la necesidad de un referéndum, en caso de reforma constitucional, es bastante sintomático del clima en el que nos movemos tras el Brexit, la Italia de Renzi o el proceso de paz en Colombia, aunque es evidente que en estos casos el referéndum es una exigencia ineludible de salud democrática. Lamentablemente, poco puede esperarse en términos democráticos de un texto constitucional que desarticula cualquier iniciativa republicana o laica gracias al blindaje de la monarquía, del ejército (al que se atribuye la integridad territorial y hasta del propio orden constitucional - art. 8), y de unas relaciones privilegiadas Iglesia-Estado que se prolongan incluso al ámbito educativo.
En segundo lugar, estos procesos constituyentes tendrían que girar alrededor de políticas sociales verdaderamente redistributivas, orientadas a la satisfacción de necesidades básicas, y no únicamente al incremento del consumo, y en este punto no estamos mejor. La situación de debilidad que padecen los derechos sociales en el texto de 1978, con cuya efectividad no hay compromiso alguno (art. 53), así como el golpe que se les asestó con la reforma del art. 135, son pruebas suficientes de lo deficitaria que resulta hoy nuestra cláusula social. Bloquear los derechos sociales exige poner en marcha políticas públicas de mayor impacto comunitario, remunicipalizar servicios esenciales para garantizar el derecho a la subsistencia (vivienda, agua, energía, sanidad, educación), por ejemplo, y limitar, por todos los medios, la concentración de la riqueza y la actividad especulativa de los grandes oligopolios.
Finalmente, estos procesos deberían gravitar sobre el reconocimiento de la plurinacionalidad, la descentralización y el respeto del autogobierno; sobre la redistribución del poder y de las competencias, porque una sociedad igualitaria es necesaria pero no suficiente, y porque no hay derechos sociales que puedan garantizarse si no se garantizan los derechos políticos, sea en su dimensión individual o comunitaria. Evidentemente, esta no es la visión de las cosas que se plasma en nuestro texto constitucional en el que se dificulta cualquier fórmula plurinacional de convivencia (federal y confederal, por mor del art. 145) y se repele la idea del autogobierno por liviana que ésta sea; cualquier conato de descentralización depende íntegramente del Gobierno central y del Tribunal Constitucional (arts. 148 y ss.), y hoy ya sabemos que ese Tribunal ha sido acusado de erosionar el derecho autonómico, especialmente, en el orden social.
En fin, los procesos constituyentes de los que hablamos exigen la construcción de una nueva institucionalidad que sea capaz de solventar simultáneamente la crisis de participación, de redistribución y de reconocimiento que padecemos desde hace años. Abordar ahora un ajuste exclusivamente cosmético del texto constitucional, protagonizado, además, por los partidos en el poder y sus aliados, puede suponer cerrar en falso la ventana de oportunidad que ha representado y representa para nosotros el nuevo ciclo político que estamos viviendo.
