Fumus Boni Iuris, cuestión de justicia

Reflexiono desde los años en contacto con procedimientos: licencias urbanísticas, multas, presupuestos o reclamaciones académicas. Como ciudadana o como técnica o política. Parto del respeto a quienes entienden la administración como servicio, la mayoría del personal que he conocido. También del asombro, origen de la Filosofía, de la preocupación y la indignación.

Uno de los pilares, el principal, de un estado de derecho es la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Más allá del todos somos iguales, debiéramos tener claro que la Administración es ese paraguas integrado por servidores públicos, que deben atender los asuntos de forma objetiva, dentro de la legalidad, en plazo razonable y con pie de recurso. Que trate igual una multa de tráfico que un desfalco, la revelación de convenientes datos de la evaluación diagnóstica de un colegio o una estafa en subvenciones europeas. Normalizamos (palabra que sirve para la mala educación y para el calor en diciembre) la desconfianza en la administración. Se agrava en el caso de la administración educativa en Canarias.

La administración, que es humana, a veces resuelve de manera sorprendente. Para abreviar llamémosle errores. Involuntarios, de interpretación, formales, de matices, ideológicos o de prisma. Algunas de esas veces, la humana administración tiene nombres y apellidos y memoria donde se sancochan los rencores. Si se juntan en un momento concreto varias personas con todas esas mochilas, la administración actúa sin decoro, sin la debida diligencia, la eficacia o la ética adecuada. Rencillas, intereses o posicionamientos inamovibles, se llamen estabilización, programas lingüísticos, conservatorios, poder, política o quítate tú para ponerme yo. Entiendo, que no justifico, a quienes siguen sus criterios interesados o erróneos, no soporto a los cómplices agradecidos que ni les va ni les viene, pero están siempre en disposición de pagar favores y hacer trabajos de fontanería a escala desagües.

Por ejemplo, el proceso de selección de proyectos de dirección en mi centro, la comisión y las resoluciones. De entrada, un sorprendente nombramiento de presidenta y secretaria de otra zona (como si Tenerife fuese Canadá y no supiéramos quién es quién en la farándula educativa) ocho recursos de alzada desestimados porque, textual: los firmantes no obtienen una ventaja concreta, confundiendo interesado y legitimado; otro recurso de alzada firmado por nueve personas que se contesta a ocho (con lo de la ventaja) y que, al otro, ya se contestará. Recusación desestimada por algo equiparable a lo sucedido con los que no alcanzaron a determinar quién era M. Rajoy y, total, no es para tanto (Recusación gestionada invocando una norma que no cumple, no da traslado a la persona recusada). Otra exclusión, que debió ser de oficio, de quien manifiesta estar allí por un asunto personalísimo. Añadimos: un tamaño de letra presuntamente distinta de la requerida (atención opositores a quienes se les rechazó la programación por ese motivo) un quorum dudoso, un presunto delito contra la protección de datos, una reclamación que minora la nota, un intento de amedrentar y un suma y sigue de patadas a leyes distinto rango, de una administración dando respuestas sorprendentes y alejadas del buen derecho. Pedruscos como meteoritos cayendo aquí y allá, dejando socavones de la superficie de Tenerife, que es grande, pero menos que Canadá. Una humacera de muy mal derecho, que apesta.

El estado de derecho tiene más mecanismos. Seguiremos recurriendo con nombre y apellidos (¿Tenemos ganas, fuerzas y solvencia económica? - ¡Tenemos!) Artículos o manifestaciones con firmas y violines, aunque a esa administración, más humana que nunca, se le engrifen los pelos y aflore el subconsciente más infantil: cuidado con lo que firmas, nuestro jefe debería sofocar la rebelión, etc. Chacho, chacho: chiquita democracia de chapa tiene Terranova. Habrá mucha gente pensando en su caso con impotencia y frustración, porque la desconfianza en una contestación adecuada a los asuntos es creciente. Más muestras: una sentencia tras cinco años no ejecutada o los conservatorios esperando un informe que avale un acuerdo parlamentario unánime. Normalizamos actuaciones contaminadas políticamente, desbordadas de trabajo y repletas de mochilas. Queda ahora confiar en que la vía judicial, en el marco del fumus boni iuris y periculum in mora, nos devuelva la fe administrando justicia.