Haz lo que digo pero no lo que hago

Los medios de comunicación se han hecho eco de la resolución que limita la posibilidad del trabajo a distancia para los empleados de la Administración General del Estado a un máximo de 1 día a la semana a partir de octubre, al margen de excepciones puntuales básicamente debidas a motivos de salud. Esta nueva regulación sustituye a un régimen notablemente más flexible implantado a raíz de las difíciles circunstancias sanitarias vividas durante el último año y medio. Ante la inminente aplicación de la nueva ordenación de la jornada, algunos responsables políticos han hecho hincapié en la progresiva recuperación de los servicios de atención al público. Sin duda es una buena noticia que los servicios de atención al ciudadano comiencen a normalizar sus servicios, tan necesarios para grandes capas de la población que por diferentes motivos no tienen acceso a medios digitales y pueden tener problemas a la hora de interactuar con la Administración. No obstante, al margen de los puestos de trabajo más directamente implicados en la atención a la ciudadanía hay un gran número de empleos en los que no existe interacción alguna con el público, de forma que, en estos casos, el lugar donde se realice efectivamente el trabajo no afecta para nada a la calidad del mismo.

Prácticamente el mismo día de la noticia anterior, se conocía la enésima llamada de atención sobre el grave riesgo para el planeta de continuar con el actual ritmo de emisiones si se quiere limitar el incremento de temperaturas en el planeta al máximo de 1,5 grados acordado en las cumbres del clima. “El tiempo se agota” según afirmaba de forma más que elocuente el titular de la información citando a la ONU.

El Gobierno español mantiene un discurso formalmente alineado con el mensaje de la ONU, siendo frecuente escuchar argumentos impecables desde el punto de vista medioambiental a cargos como la vicepresidenta Teresa Ribera. El problema surge cuando hay que pasar de las palabras a los hechos. Continuando con el supuesto de la modalidad de prestación del trabajo, estos últimos meses han sido un banco de pruebas inmejorable que ha permitido constatar que a distancia el trabajo se realiza incluso mejor que de forma presencial. Además, la reducción de desplazamientos desde los domicilios hasta los centros de trabajo supone una importante reducción de emisiones al incidir notablemente sobre el transporte, que es una de las principales causas de emisiones en nuestro país. Una noticia reciente explicaba que esta situación afecta a 230 mil empleados públicos, en su mayoría residentes en Madrid, ciudad sobradamente conocida por sus problemas de calidad del aire. Por otro lado, un programa ambicioso de teletrabajo en el sector público reforzaría a la Administración cuando pide la implantación de programas de este tipo en el sector privado.

Con todos estos argumentos, ¿por qué volver al antiguo presencialismo cuando mantener una mayor flexibilidad sería bueno en términos medioambientales y no daña la productividad? Está claro que hay inercias de muchos años que recelan de lo que no sea la presencia en la oficina, también hay miedo al cambio, etc. Pero al margen de estas posibles explicaciones, llama poderosamente la atención que, pese a la propaganda oficial, cuando hay que tomar decisiones lo medioambiental sea lo último que se tiene en cuenta. De hecho, podría decirse que en realidad no se tiene en cuenta.

Muchas veces se esgrime que llevar a cabo políticas “verdes” es caro y que hay restricciones presupuestarias que impiden hacer todo lo que se querría. Seguro que en muchos casos es cierto. Lo llamativo es que tampoco se adopten políticas que no suponen coste alguno y que incluso podrían suponer un ahorro para la Administración, como la referida flexibilidad entre trabajo presencial y a distancia para aquellos trabajadores que no desempeñan tareas que por su propia naturaleza exijan su presencia física en el puesto de trabajo. Se trata de una medida que tendría un claro impacto ecológico y que sería muy fácil de tomar en términos de costes, tanto económicos como políticos.

Dicen que rectificar es de sabios. Esperemos que en el Gobierno haya algo de sabiduría.