Pagaremos la jurisprudencia del Constitucional

No soy futurista y hace tiempo que renuncié a los estudios de inteligencia prospectiva. Pero no es descabellado pensar que, a corto, medio, o largo plazo una nueva pandemia explosionará en nuestras vidas.

Cuando ese momento llegue, más nos vale que quienes entonces nos gobiernen dispongan de una férrea e incorruptible convicción democrática. Porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional con la estimación del recurso de Vox al primer Estado de Alarma es que el Gobierno debería haber optado por el Estado de Excepción. El Estado de Excepción es un recurso completamente constitucional, si, pero que confiere poderes cuasi dictatoriales al Ejecutivo en caso de que sea implantado.

No solo Alemania, Francia o España, sino que la mayor parte de la Unión Europea encontró en el Estado de Alarma el recurso legal para combatir una enfermedad que se transmite a través de un contacto estrecho. Se entendió entonces que había que encontrar la manera de limitar libertades fundamentales como el movimiento o la circulación sin caer en una deriva antidemocrática. Con mayor o menor acierto, la respuesta fue un Estado de Alarma dependiente de una aprobación gubernamental que debía ser sometida a una votación y control parlamentario cada quince días. PP y Vox entendieron, quizás por primera y única vez, que el sentido y la responsabilidad de Estado se demuestran más desde la oposición que desde el Gobierno. Así, votaron a favor de la primera prórroga del Estado de Alarma quince días después del decreto gubernamental. Los debates parlamentarios que siguieron las siguientes prórrogas fueron completamente infernales. Aquello nunca fue un Congreso de los Diputados que representase a la soberanía popular. No deja de parecerme curioso como nos llevamos las manos la cabeza cuando nos impiden ir a un bar, pero al tiempo somos tan proclives a dejar derechos humanos en las manos del reverenciado libre mercado. Ni en su Segunda Venida Jesús de Nazaret tendrá tantísimo poder.

Vox pidió el Estado de Alarma antes incluso de que entrase oficialmente en vigor. Junto con el Partido Popular, no dejaron de acusar al Gobierno de letargo en la toma de decisiones. Los miembros de la oposición generaron (porque los políticos son generadores de opinión y, por lo tanto, de comportamientos) la idea de que el Gobierno debería haber actuado antes. Que el Estado de Alarma debería haberse solicitado con mayor rapidez. Es un debate interesante sin duda, y quizás incluso necesario, siempre y cuando no se someta a un tóxico intento de alineamiento político con fines electoralistas y contradictorios. Porque PP y Vox, los mismos que acusaban al Gobierno de haber actuado tarde, fueron los mismos que votaron después en contra de prórrogas al Estado de Alarma en momentos críticos en los que la pandemia azotaba España con una intensidad más terrible que en el momento de votar a favor del la primera prórroga. Si no votaron a favor en los momentos más crudos, ¿cómo iban a votar a favor en un momento anterior al 14 de marzo?

Los debates parlamentarios posteriores a la primera prórroga del Estado de Alarma fueron infernales en gran medida por las gravísimas acusaciones de autoritarismo hacia el Gobierno. Angela Merkel no. Emmanuel Macron tampoco. Pero Pedro Sánchez si fue autoritario por querer prorrogar el Estado de Alarma. Aquellas acusaciones fueron una mezcla explosiva de la sempiterna falta de memoria en nuestro país y la tan demostrada estrategia de polarización, demonización, alineamiento y manipulación que tan bien funciona en las urnas. Si Pedro Sánchez fue un líder autoritario por emprender el camino del Estado de Alarma, como otros homólogos conservadores del Partido Popular Europeo, ¿de qué se le habría acusado si a los tres meses de llegar al poder, pide al Congreso que le conceda poderes cuasi dictatoriales con la aceptación de un Estado de Excepción?

Tras la sentencia del Constitucional, PP y Vox han acusado a Sánchez de operar al margen de la ley. Si Pedro Sánchez se saltó la legalidad, lo hizo con la demanda primera de Vox y el voto a favor de ambos después. Pero esa lógica contradictoria se cubre, como siempre, con el fango de la política del zasca y la peligrosa idea de ver a los políticos con tintes religiosamente sectarios y futbolísticamente ridículos. Cuando Ayuso arrasó en las últimas elecciones madrileñas, en los aledaños de Génova no sé si se celebraba una victoria electoral o un gol fantasma de Morata en el minuto 93 en una hipotética final de la Eurocopa.

Da igual que el Constitucional obligue a futuros Gobiernos a enfrentar futuras pandemias con poderes cuasi dictatoriales. Da igual que obligue a futuros Gobiernos a asumir trámites parlamentarios mucho más complejos que los del Estado de Alarma, con las vidas que potencialmente se pueden perder en el proceso. Y como da igual, hoy más que nunca debemos de ser conscientes de la importancia de la renovación del CGPJ. Porque se ha convertido un amplificador judicial de las posturas electoralistas (que nunca jamás políticas) de la oposición. La Constitución obliga a una renovación incondicional del máximo órgano judicial cada cinco años. Incondicional. Pero el Partido Popular no ha dejado de buscar una excusa tras otra para su bloqueo. En nuestro muy mejorable tiempo democrático la renovación del CGPJ únicamente se ha bloqueado en dos ocasiones. Ambas por el mismo protagonista y por el mismo motivo: la derrota electoral del Partido Popular en unas elecciones generales.

Antes de aprender a descorchar la primera cerveza debemos educarnos en la idea de que con el partido con el que más fervientemente críticos debemos ser es aquél en el que depositamos nuestra confianza para que se responsabilice de nuestro bienestar. Es responsabilidad de los votantes y potenciales votantes conservadores exigir la renovación del CGPJ, porque la negativa del Partido Popular es inconstitucional. Pero claro, los inconstitucionales son siempre otros.