Abogados denuncian un conflicto de interés de Jimmy Morales al expulsar a la Cicig

Un grupo de abogados interpuso este miércoles un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por un supuesto conflicto de intereses del presidente Jimmy Morales en su afán de finalizar el mandato de la entidad de Naciones Unidas.

Los abogados que se presentaron esta tarde al máximo tribunal constitucional del país aseguraron que la decisión de Morales de no renovar a la Cicig se debe a un conflicto de intereses debido a que en 2016 había hecho pública su intención de ampliar la estancia de la Comisión hasta 2021.

Uno de los abogados, el representante de la organización Alianza por Reformas, Álvaro Montenegro, aseguró a la prensa que hace tres años, durante su primer año en el cargo, Morales se adelantó y envió una carta a Naciones Unidas “donde manifestó su interés de que la Comisión continuara hasta 2021”.

Sin embargo, fue hasta septiembre de 2018 cuando, rodeado de militares, Morales anunció que la Cicig no iba a continuar “por lo que creemos que en ese lapso de tiempo se generó un conflicto de intereses, además de que (el presidente) está actuando en contra del bien común del pueblo de Guatemala”.

El presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux, advirtió que entre 2016 y septiembre de 2018 Morales “fue señalado en casos de corrupción y de financiación electoral ilícita”, luego de “haber manifestado primeramente la decisión de prorrogar a la Cicig hasta 2021”.

Cux admitió que el mandatario es quien dirige la política exterior, pero matizó al detallar que esta dirección debe ser “basada en las leyes y en la Constitución”, pues “existen prohibiciones en cuanto a conflictos personales del presidente”.

Montenegro y Cux, acompañados por el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Elvyn Díaz, consideraron que la decisión de Morales “es nula”, por lo que instaron al Constitucional a “resolver que el acuerdo se prorrogue hasta 2021 por lo manifestado soberanamente por Jimmy Morales en 2016.

Este martes, la Cicig presentó su informe final de labores, en el que repasa, en una línea de tiempo, su actividad de acompañamiento al Ministerio Público (Fiscalía) durante los últimos 12 años.

Bajo el lema “Juntos lo hicimos, el ente auspiciado por Naciones Unidas, que empezó a funcionar en 2007 para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados dentro del Estado, exigió que se continúe con el ”legado“ que se ha levantado para la construcción de la democracia y la lucha anticorrupción.