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Andreu abre una vía para cazar a las fuentes de los periodistas rastreando sus teléfonos

El juez busca al funcionario que filtró a ABC una conversación sobre Bárcenas intervenida a un miembro de la camorra

El responsable se enfrenta a un delito de revelación de secretos por estar la causa bajo secreto cuando se produjo la filtración

El entorno del magistrado defiende que analizar las llamadas de los periodistas era el método más efectivo y proporcional

El juez Andreu concluye la investigación de los crímenes a hutus en Ruanda

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Los teléfonos de dos periodistas de ABC han sido utilizados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para llegar hasta la presunta fuente de la información que el periódico ofreció en su portada del 11 de julio pasado. Andreu pidió a una compañía telefónica que le facilitara todos los contactos telefónicos que habían mantenido los dos profesionales durante los diez días antes de publicar la noticia. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió el martes un comunicado calificando de “inaceptable” la actuación. “Atacaría a la libertad de información si como resultado de esa investigación se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los periodistas”, ha advertido la FAPE.

El 11 de julio de 2014, el diario llevaba en su portada una noticia firmada por Pablo Muñoz y Cruz Morcillo acerca de la conversación captada a un presunto jefe de la camorra italiana, Ciro Rovai. En la charla, Rovai le dice a un conocido que ha hablado con Luis Bárcenas y que este le ha comentado que “mafia y política son lo mismo”. Los periodistas decidieron publicar la información cuando la Guardia Civil y el juzgado ya habían dado por concluida la operación y los objetivos se encontraban entre rejas, a la espera de que el juez Andreu decidiera sobre su situación.

Según fuentes cercanas a Andreu, el juez recibió la visita de Javier Gómez de Liaño, abogado del extesorero del PP, solicitando explicaciones por una información que, a su entender, dañaba gravemente la reputación de su cliente. Gómez de Liaño estaba dispuesto a presentar una demanda. El día 13 de julio, Andreu decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de revelación de secretos.

Esa investigación no sería competencia de la Audiencia Nacional, pero Andreu decidió ordenar las primeras diligencias antes de enviar la causa a reparto porque quería asegurarse de que la filtración no había salido de su juzgado, según las fuentes citadas.

En la policía es una práctica habitual de algunos mandos rastrear las llamadas realizadas por los agentes en los días previos y posteriores a la publicación de una información sensible. Con ello pretenden averiguar qué miembro del Cuerpo es la fuente del periodista. Por parte de los policías, se trata de números corporativos a cuyo listado de llamadas tiene acceso la dirección, que coteja la lista por si aparece el del periodista. Pero hasta ahora no se había dado el caso de que un juez utilice los números de teléfono de los informadores para encontrar al presunto filtrador en el marco de una causa. Andreu contaba con que ni siquiera necesitaba solicitar oficialmente los números de los periodistas porque los conoce y los tenía en su agenda.

¿Por qué lo hizo Andreu? En su entorno de la Audiencia Nacional aseguran que no tenía otra opción que investigar una filtración “muy grave”, que se produce cuando la causa sobre la camorra estaba aún bajo secreto. Además, añaden, la amenaza de demanda de Bárcenas no le dejaba opción.

Sin embargo, las primeras pesquisas revelaron que la Guardia Civil había considerado tan insignificante el comentario para el objeto de su investigación a los italianos que ni se incluyó entre las transcripciones que se habían enviado al juzgado.

En cualquier caso, y como informó ABC este lunes, un mes y medio después, el 2 de septiembre, Fernando Andreu libró un oficio a Movistar para que le facilitara “a la mayor brevedad posible” todo el tráfico de los teléfonos de los dos periodistas –Pablo Muñoz y Cruz Morcillo– en los diez días señalados. Lo que requería el juez no era el contenido de las conversaciones, sino algunos de los metadatos “objetivos” que la compañía debe guardar, por ley, durante el plazo de un año.

Las fuentes del entorno del magistrado defienden la medida porque haber adoptado cualquier otra, como llamar a declarar a los periodistas, hubiera resultado “inútil”, toda vez que les protege el secreto profesional. Tampoco se les podía imputar un delito de revelación, solo atribuible a la fuente. El rastreo de los teléfonos “era la medida menos gravosa posible”, defienden esas mismas fuentes.

Una vez que se obtuvieron los números de teléfono con los que habían contactado los periodistas durante esos diez días, se descartaron aquellos que no tenían relación con el desempeño de su trabajo y se dejaron los de la Policía, Guardia Civil y Fiscalía, organismos donde trabajan las personas que habían tenido acceso a la conversación del mafioso. Este trabajo lo realizó la Comisaría General del Poder Judicial por encargo de Andreu.

Por tanto, los policías destinados a garantizar la seguridad de los altos órganos judiciales conocen desde ese momento quiénes son los contactos de los dos periodistas, además de cuál fue su rutina personal en aquellos días.

Ya descartadas las llamadas personales, los investigadores comprobaron cuántos funcionarios de policía, Guardia Civil y Fiscalía con los que habían hablado los dos periodistas tenían acceso a la conversación publicada. Y solo apareció un miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Para poder demostrar que él es el autor de la filtración, hay que dar por bueno que esta se produjo en los diez días anteriores a la publicación de la noticia, dado que es el plazo para el que Andreu acotó la pesquisa. Sin embargo, las personas que podían haber facilitado esa información a los periodistas la tenían en su poder desde el 25 de marzo de 2013, fecha en la que el presunto miembro de la camorra realizó el comentario sobre el extesorero del PP desde un teléfono intervenido.

En manos del abogado de Bárcenas

Una vez levantado el secreto y antes de enviar la causa a reparto, Andreu aceptó la personación de Bárcenas como acusación particular. El abogado del extesorero había presentado una denuncia contra los dos periodistas y el director de ABC por atentado al honor de Bárcenas. Así, entregó el testimonio de lo actuado al abogado sin excluir los números de teléfono investigados. Por tanto, la lista con los números de teléfono de los funcionarios de policía, Guardia Civil y Fiscalía con los que trataron los periodistas aquellos días está en poder del abogado de Bárcenas y del extesorero encarcelado.

En la Audiencia Nacional aseguran que se trata de un listado de números de teléfono de policías, guardias civiles y fiscales a los que no acompaña el nombre del titular, a excepción del fiscal al que la policía identifica como posible responsable de la filtración.

Solo cuando el juez tuvo en su poder el resultado de la investigación, con el nombre del único sospechoso, envió la causa a reparto, ya que debe ser un juzgado de plaza de Castilla, y no la Audiencia Nacional, el competente para investigar un posible delito por revelación de secretos.

Distintas fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es recelan de la idoneidad y proporcionalidad de la medida adoptada por Andreu. De hecho, algunas la consideran “inidónea”, término jurídico para definir una diligencia que no puede lograr el objetivo que persigue. En este caso, el juzgado de Madrid que investigue la filtración tendrá en su poder un informe policial con el nombre de un fiscal que habló esos días con los periodistas, pero nunca dispondrá del contenido de esas conversaciones para poder zanjar que él es el origen de la información y que, además, la trasladó entre el 1 y el 11 de julio.

En cuanto a la proporcionalidad, las mismas fuentes dudan de que el rastreo de los teléfonos de dos informadores para hallar al responsable de una posible filtración encaje en ese criterio.

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