Anticorrupción pide que declare el jefe operativo de la Policía con el PP por “autorizar” los negocios de Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que cite a declarar como investigado al máximo responsable operativo de la Policía durante el mandato de Mariano Rajoy, Eugenio Pino, por haber asegurado en un escrito remitido a la Audiencia Nacional que conocía y autorizó los negocios privados del comisario encarcelado.
En otras dos misivas similares remitidas también al juzgado, dos antecesores de Pino en el cargo, Pedro Díaz Pintado y Agustín Linares, se pronunciaban en los mismos términos. Para estos dos últimos, Anticorrupción pide la declaración como testigos, según el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es. Cabe señalar que Eugenio Pino ya figura como imputado en la causa, concretamente en la pieza que investiga la operación de espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y que en esa condición ya ha declarado ante el magistrado Manuel García Castellón.
La iniciativa de aquellos tres responsables operativos de la Policía en distintas etapas se produjo en enero de 2018. Apenas habían pasado dos meses de la detención e ingreso en prisión de Villarejo y ya se especulaba con la cantidad de información que el policía podía guardar de políticos, jueces y empresarios del país, pero también de sus jefes y compañeros.
Con el tiempo, Eugenio Pino fue imputado en la pieza de Kitchen. Pino es el artífice de la brigada política de la Policía durante la primera legislatura del último Gobierno del PP. Con aquella brigada política colaboró Villarejo en las maniobras policiales y extrajudiciales contra el proceso soberanista en Catalunya. Pero también en el espionaje y sustracción de información a Bárcenas después de que éste ingresara en prisión y confesara la financiación irregular del PP durante al menos dos décadas.
Las cartas de los responsables policiales, ya jubilados, para los que pide la citación Anticorrupción choca con un informe obrante en la causa en el que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de la Función Pública, afirma que no consta que Villarejo solicitara “en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”. Ese informe fue recabado por los investigadores en junio de 2017, cuatro antes de la detención de Villarejo y cuando ya Fiscalía y Asuntos Internos investigaban en secreto al policía.
Precisamente en el marco de sus negocios privados se han producido la mayoría de las actividades presuntamente delictivas por las que se investiga al comisario, que aprovechaba su condición de funcionario para obtener información confidencial, redactar dosieres y venderlos a sus clientes a precios millonarios.
Villarejo siempre defendió que, de forma desinteresada, puso sus negocios a disposición de la Policía para contribuir a delicadas investigaciones que necesitaban que no se detectara el rastro de sus compañeros. El comisario jubilado estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993 y en esa época sitúa la creación de su pequeño imperio empresarial. Fue con José Luis Corcuera en el Ministerio y Agustín Linares al frente de la Policía cuando abandonó la excedencia para reincorporarse como agente liberado, sin dejar su actividad privada.
En su última época en la Policía con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, el diario El País reveló que el comisario participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital. Aquello obligó al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a ordenar una investigación interna que concluyó que los negocios de Villarejo eran perfectamente compatibles con su actividad de funcionario. La investigación se le encargó al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro destacado miembro de la brigada política imputado hoy junto a Villarejo y Pino por el espionaje a Bárcenas.
Una de las piezas que recoge esa actividad es la denominada Land, sobre un enfrentamiento en el seno de la familia García Cereceda. Fueron los investigados Susana García Cereceda y Francisco Peñalver quienes solicitaron que las cartas de los jefes operativos de la Policía se incorporaran a las pesquisas contra ellos. En otra de las causas, otros dos imputados han actuado igual. Además, el imputado Adrián de la Joya, histórico socio del comisario e igualmente investigado por la Audiencia Nacional, incorporó las cartas a la investigación en su contra.
Por su parte, Villarejo pidió que no se llamara a declarar a Pino y los otros dos mandos mientras pesara el secreto sobre las actuaciones que ya fue levantado. Pedro Díaz Pintado fue subdirector operativo de la Policía (el equivalente entonces al puesto que luego desempeñó Pino) durante el Gobierno de José María Aznar. Por su parte, Agustín Linares, en la época de Felipe González, concretamente entre 1987 y 1994.
