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La Audiencia de Madrid impide al comisario Villarejo acceder al ordenador personal de la doctora Pinto

El policía jubilado está imputado por haber pinchado a la mujer por encargo del empresario Javier López Madrid

La defensa de Villarejo insistía en que el disco duro podía guardar pruebas y la doctora temía que se divulgaran asuntos íntimos y datos de sus pacientes 

El archivo incautado al comisario revelará si el caso Pinto es uno de los trabajos parapoliciales de su “organización criminal”

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El comisario Villarejo en una imagen de la entrevista con Évole proporcionada por La Sexta

El comisario Villarejo en una imagen de la entrevista con Évole proporcionada por La Sexta

La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la petición de la defensa del comisario José Manuel Villarejo de acceder al contenido del ordenador personal de la doctora Elisa Pinto. Los jueces de la sala ratifican así la decisión de la magistrada Belén Sánchez, instructora del caso en el que está imputado por acoso el empresario Javier López Madrid y por coacciones y agresión con arma blanca el policía,  quien habría agredido a la mujer por orden del primero.

El asunto del disco duro del ordenador de la doctora es un intrincado episodio más de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. En otro juzgado, el 26, es la doctora quien está imputada por una denuncia posterior, también por acoso, del empresario López Madrid. La mujer había decidido que un perito analizara unos archivos de voz con las presuntas amenazas del empresario y que, posteriormente, el disco duro quedara a recaudo en un notario. Entre tanto, la defensa de Villarejo solicitó a la jueza su incautación y ésta accedió sin más explicación.

Como consecuencia de la petición de Villarejo y la decisión de la jueza se produjo un rocambolesco episodio, protagonizado por la Unidad de Policía Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla. Un subinspector comenzó a perseguir el disco duro por la casa y el trabajo de la doctora. Finalmente interceptó al perito, lo detuvo y le obligó a entregarle el disco duro. A partir de ahí se desataron los temores en la defensa de la doctora, que guardaba archivos personales e información confidencial de sus pacientes en dicho formato.

La abogada de Pinto, como refleja en los escritos presentados al juzgado, temía que la finalidad última de la incautación de la información y su remisión a las partes fuera que cuestiones de carácter privado acabaran en los medios de comunicación. Por otra parte, a Villarejo se le han incautado archivos de todo tipo que suman 47 terabytes de información en los registros de la Operación Tándem, el archivo secreto con el que se ha dedicado a elaborar dosieres para su venta y en operaciones de chantaje, según sospechan los investigadores.

De ser cierto que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, contrató a Villarejo para atacar a la doctora Pinto en el contencioso personal que mantenían, el rastro de ese trabajo debería estar ahí. La Policía y la Fiscalía Anticorrupción escudriñan el material desterrando aquello que tenga carácter meramente privado o refleje delitos prescritos. Con lo que no reúna una u otra condición, se abren investigaciones, como piezas separadas de la Operación Tándem. Tres de ellas afectan ya a dos firmas de abogados, el enfrentamiento en el seno de una familia de arquitectos y, más recientemente, al comisario  Enrique García Castaño.

La defensa de Villarejo, sin embargo, alegaba que su interés no era “información personal e íntima de Elisa Pinto”. “Lo único que nos preocupa desde un punto de vista procesal es que se nos imposibilite que podamos conocer y, en su caso, utilizar posibles pruebas por ahora no conocidas y que sean de relevancia para esta defensa”, alegaba en un escrito del pasado febrero.

En el auto que acaba de dictar la Sección 15, al que ha tenido acceso eldiario.es, los jueces concluyen: “Determinar quien debe filtrar el contenido de las partes de las grabaciones que se entregarán a las partes y el que se va a excluir por afectar a datos que no sean relevantes para el caso y puedan afectar a la vida íntima de las personas tiene que ser necesariamente el/a juez/a instructor, que es el garante de los derechos que se pueden ver afectados, por lo que el recurso debe ser desestimado”.

Denuncia de acoso y agresiones

La doctora Elisa Pinto denunció en 2014 una campaña de acoso por parte de uno de sus pacientes, Javier López Madrid, por entonces consejero de OHL y yerno todavía de Juan Miguel Villar Mir. En el marco de ese supuesto acoso, la doctora ha denunciado dos agresiones con arma blanca. Una de ellas se produjo el 10 de abril de ese año en plena calle.

Según el relato de la mujer, ella se bajó de su coche para dirigirse al maletero, momento en el que un hombre la acometió, le pinchó en el costado y dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Uno de sus hijos, que iba en el asiento trasero, también reconoce a Villarejo como el hombre que se dirigió una vez a él a la salida del colegio y al que pudo ver otras merodeando en los alrededores.

La mujer reconoció al policía en un reconocimiento fotográfico en comisaría en mayo de 2015. A pesar de ello, el comisario logró eludir durante dos años una rueda de reconocimiento en el juzgado. Las primeras citaciones tuvieron lugar en julio y septiembre de 2015.

Entonces Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, y el Ministerio del Interior le excusaba con el argumento de que estaba en misiones policiales secretas fuera de España. Era la época de la  Operación Cataluña y de la afirmación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acerca de la relevancia de los servicios al Estado prestados por Villarejo.

Después llegaron una serie de informes policiales que tres años después de las primeras denuncias de la doctora daban un vuelco al caso. La Policía aseguraba que la doctora era la auténtica autora del acoso y que había falsificado pruebas. La doctora siempre ha denunciado un montaje policial para proteger a Villarejo detrás de aquellos informes. La jueza Belén Sánchez archivó el caso en base a ellos, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrirlo en abril de 2017 y practicar una serie de diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento de Villarejo.

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