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PP y Ciudadanos mantienen el veto del Gobierno a revalorizar las pensiones según el IPC

La Mesa acepta que el Ejecutivo impida tramitar la proposición de ley de Unidos Podemos por afectar a los presupuestos pese a que están prorrogados

"Estamos abiertos a valorar la revalorización de las pensiones conforme al IPC pero con condiciones", señalaba Albert Rivera el pasado 2 de marzo

El Constitucional sigue sin dirimir el contencioso entre Gobierno y Congreso mientras Rajoy supera en menos de año y medio la cincuentena de vetos 

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Los portavoces de PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, tras una reunión de ambos partidos.

Mariano Rajoy superó hace meses el récord de vetos a la tramitación de leyes en el Congreso. Con el Tribunal Constitucional sin resolver el contencioso abierto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a este respecto, el Gobierno sigue impidiendo a los diputado si quiera debatir proposiciones que afecten no solo al presupuesto vigente, sino a los presupuestos futuros. La última, la propuesta de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para garantizar la revalorización de las pensiones. La Mesa del Congreso ha aceptado este veto del Gobierno con el apoyo de PP y Ciudadanos.

El grupo confederal presentó una proposición de ley (PL) para que las pensiones subieran su cuantía cada año según el IPC. Era la forma habitual de calcular las pensiones año a año hasta que en 2013 el Gobierno del PP modificó la ley para introducir un nuevo sistema que, en la práctica, ha supuesto la pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. 

El Gobierno basa su veto en el artículo 134.6 de la Constitución.

Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Gobierno reconoce que la PL de Unidos Podemos no afecta a los presupuestos actuales, sino a los futuros presupuestos. Es decir, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que cualquier ley que afecte "al corto, medio y largo plazo" puede ser vetada y su tramitación impedida.

El Ejecutivo se refiere en su escrito a la Ley de Estabilidad, que emana de la reforma del artículo 135 de la Constitución aprobado por PSOE y PP en el verano de 2011.

Y, explícitamente, critica que la supresión del Factor de Sostenibilidad y la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones que propone la PL del grupo confederal supondría "un incremento del déficit publico en el periodo 2020-2025".

Ciudadanos acepta el veto

La Mesa del Congreso ha revisado este martes el veto remitido por el Gobierno. El PP ha aceptado el escrito del Ejecutivo. También Ciudadanos. Solo Unidos Podemos y el PSOE se han mostrado contrarios a la decisión de Mariano Rajoy.

El PP se opone de forma pública a modificar el sistema de revalorización de las pensiones. Pero Ciudadanos se había posicionado en las últimas semanas a favor de volver al IPC, después de que las movilizaciones sociales de los pensionistas hayan inundado toda España, poniendo el foco en el surgimiento de un nuevo ciclo de protestas.

"Estamos abiertos a valorar la revalorización de las pensiones  conforme al IPC pero con condiciones", señalaba Albert Rivera el pasado 2 de marzo. Unos días antes, el portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, señalaba: "Los pensionistas tienen que mantener el poder adquisitivo".

Esa condición era desbloquear la tramitación de los Presupuestos Generales de 2018, que siguen sin llegar al Congreso cuando se cumplen ya más de tres meses de ejercicio. El Gobierno ha incumplido la Constitución, que obliga a presentar el proyecto de presupuestos tres meses antes del final del año anterior.

Desde Ciudadanos sostienen que el veto no es de la Mesa ni de los grupos, sino del Gobierno. Pero la Mesa podría tumbar dicho veto y tramitar la PL a la espera de que sea el Ejecutivo quien lo denuncie o no a los tribunales.

Así ocurrió en enero de 2017. El Gobierno llevó al Constitucional a la Mesa del Congreso por levantar el veto a una ley. Desde entonces el Alto Tribunal no se ha pronunciado y mantiene en el limbo la interpretación de un precepto fundamental para la separación de poderes. 

El Pleno del Congreso admitió precisamente el pasado mes de octubre una propuesta de Unidos Podemos para reformar el Reglamento y hacer más difícil el veto del Gobierno a las leyes.

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