Albert Rivera quiere aprovechar la crisis del PP en Murcia para forzar a Rajoy a cumplir el pacto
El desenlace que está a punto de escenificarse en Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Región se vive como un triunfo en el partido de Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos presume de haberse cobrado ese tanto y se ve ahora con mayor fortaleza para apretar a Mariano Rajoy en el Congreso y lograr que aborde cuanto antes algunas de las medidas del pacto de regeneración a las que el PP sigue poniendo pegas. La prioridad de Rivera es sellar un acuerdo a nivel nacional para la eliminación de los aforamientos, un compromiso que primero quiere dejar cerrado en Murcia.
En el PP continúan dando largas al tema argumentando que es un asunto de “gran calado” que no se puede hacer “deprisa y corriendo”. Ciudadanos ya se topó en el Congreso con la misma respuesta por parte del portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y de la delegación que hace escasamente un mes se sentó con ellos a negociar tanto esa medida como la limitación a dos los mandatos de los presidentes del Gobierno.
Ciudadanos sostiene que la reducción drástica de los aforamientos es cuestión de voluntad política y se puede solventar con una reforma exprés de la Constitución. El PP replicó entonces que no está dispuesto a abrir ese melón ante el temor de que Podemos intente aprovechar el procedimiento para exigir que se revisen otros aspectos de la Carta Magna, y mucho menos a que los cambios sean sometidos a referéndum de la ciudadanía. No hubo acuerdo y ambos partidos se emplazaron a una nueva reunión sin fecha fija. Ante el desplante, los de Rivera aprovecharon para buscar apoyos alternativos en PSOE y Podemos.
Por su parte, el PP están presionando en Murcia para vincular ese compromiso sobre la eliminación de los aforamientos a limitar la acusación particular de los partidos políticos para que no puedan ejercitarla en casos de corrupción en que se vean involucrados rivales políticos. Ciudadanos defiende que la acusación popular – como la que ejerce el PSOE en el caso Auditorio- es una “garantía” para que los escándalos de corrupción lleguen a ser juzgados. El PP lo considera un atajo “para eliminar al adversario político”.
En cualquier caso, unen ese tema a que se aborden también algunas de las reformas sobre Justicia contenidas en el pacto de investidura, especialmente cambios encaminados a garantizar “la independencia y objetividad en la Fiscalía”. O “la modificación del sistema de nombramientos de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”.
Reabrir otras negociaciones de nuevo en el Congreso
Rivera pretende explotar la situación de Murcia para insistir en la reforma de la ley del Gobierno para reducir a dos los mandatos de los presidentes, otra cuestión que encalló en la última reunión que Ciudadanos mantuvo con el PP. Los populares consideran que esa modificación necesita igualmente un cambio constitucional al verse afectada la Ley de Régimen General Electoral (LOREG). En el Congreso de los Diputados se acaba de abrir una subcomisión para empezar a trabajar en este tema.
Aunque en Murcia Rivera ha logrado su principal objetivo, que era que Pedro Antonio Sánchez dimitiera como presidente regional, no ha podido rematar la jugada y forzar que el dirigente popular abandone su escaño. A pesar de ello, el partido se da por satisfecho con ese triunfo parcial que fue la dimisión de Sánchez y ha renunciado a exigir su escaño, a la espera de ver qué ocurre con los cuatro casos en los que está imputado.
En Génova 13, la sede del PP Nacional, cunde la esperanza de que el Tribunal Superior de Justicia decida archivar la causa del caso Auditorio, como ha solicitado el propio presidente regional tras la comparecencia de los peritos de la defensa. Incluso barajan que si Sánchez sale airoso del trance podría plantearse su rehabilitación política de cara a las nuevas elecciones de 2019. Pero la decisión de la Audiencia Nacional de retomar otras imputaciones en el caso Púnica ha abierto un nuevo y complejo escenario para el líder murciano cuya figura ha entrado en un declive difícil de reparar.
Con todo, el malestar de los populares con Ciudadanos no está solo centrado en Murcia. Tiene otro apéndice en el Congreso y se llama Comisión de Investigación sobre el caso Bárcenas. Aunque sus trabajos se retrasarán hasta después del verano, la comisión tendrá que constituirse antes para ver quién la preside, cómo se distribuyen los demás cargos de la Mesa y su duración. En Ciudadanos no solo descartan que Rivera ejerza de árbitro en la comisión sino que renuncian a batallar por la presidencia de ese órgano. “Podría ser de otro grupo. Eso ya lo iremos viendo”, afirma a eldiario.es Miguel Gutiérrez, el número dos de Girauta.
El PP tampoco está dispuesto a que los trabajos de esta comisión se alarguen demasiado ni a que la oposición la convierta en “un juicio paralelo” mientras los demás partidos quedan fuera del escrutinio de la Cámara. Por ello decidieron impulsar a su vez otra Comisión en el Senado para investigar a todos los partidos. Allí tienen mayoría absoluta y pueden manejar los hilos. “Evidentemente si en la del Congreso llaman a comparecer a Rajoy , aquí el listón también se subiría al más alto nivel”, advierten fuentes del grupo popular.
Los planes, de momento, son que ambas comisiones empiecen a funcionar al mismo tiempo, aunque en el PP no descartan acelerar la del Senado si las relaciones con Ciudadanos se tensan.
Así las cosas, la tregua que parecía haberse abierto entre Rajoy y Rivera tras el acuerdo alcanzado para cerrar el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado no ha durado mucho. Las relaciones entre ambos dirigentes políticos son correctas pero nunca han sido fluidas y después de todos estos acontecimientos nada apunta a que vayan a mejorar.
