Condenan a casi 6 años al expresidente de la patronal del Metal por saquearla

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal por adueñarse de fondos de la entidad, parte de ellos subvenciones públicas para formación, entre los años 2007 y 2012.

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona condena también a Marsal a pagar 382.400 euros de multa y a indemnizar a la UPM con 745.045 euros, además de prohibirle optar a subvenciones públicas y a incentivos o beneficios fiscales por un período de seis años.

La sala, que considera a Marsal culpable de un delito de falsedad documental en concurso con dos de fraude de subvenciones y de otro continuado de apropiación indebida, impone siete meses de prisión y 2.100 euros de multa al ex director general de la UPM Ángel Hermosilla, despedido en 2012.

La sentencia, que es recurrible en el Supremo, condena a Hermosilla como inductor de un delito de falsedad documental por proponer que, a través de la esposa de Marsal, se le pagaran 20.000 euros de remuneración extra con facturas falsas, y le absuelve del resto de delitos al “no estar suficientemente probado que conociera y colaborara en la actuación fraudulenta” del expresidente de la UPM.

El Tribunal absuelve del delito de falsedad a Margarita Sánchez, esposa de Marsal, por haber prescrito, así como al exasesor de la entidad Angel Blesa y a las exresponsables de Formación y Administración de la UPM, ya que para la sala “se limitaron a ejecutar las órdenes que recibían, sin capacidad alguna, como empleadas que eran, de oponerse a las instrucciones de sus jefes”.

Según cree probado la Audiencia de Barcelona, Marsal, que presidió la UPM entre 2006 y 2012, se embolsó, a través de varias sociedades superpuestas que controlaba, parte de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes de formación organizados por la patronal.

Para el Tribunal, mediante la confección de facturas falsas, el expresidente de la UPM se adueñó de parte de esas ayudas públicas y de otras subvenciones otorgadas por la Generalitat para formaciones sectoriales del metal, destinadas prioritariamente a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

El procesado ordenó confeccionar las facturas falsas mencionadas, simulando que las empresas que controlaba habían trabajado en el seguimiento de las acciones formativas organizadas por la UPM.

El tribunal cree también probado que el ex director general de la UPM Ángel Hermosilla solicitó a Marsal un aumento de sueldo correspondiente a 2010, con efectos retroactivos y que fijaba el salario en 130.000 euros anuales.

Para hacer efectivo ese cobro, añade la Audiencia, Marsal pidió a su esposa, de profesión abogada, que confeccionase dos facturas a su nombre, como autónoma, e incluyera en el concepto “seguimiento de acciones formativas”, sin que el ex director general hubiera prestado trabajo alguno relacionado con ese tipo de actividades.

En 2012, la exresponsable de Formación de la UPM, junto a otros empleados, redactó una carta -a la que después se sumó la exjefa de Administración- en la que denunciaba ante la Junta de Gobierno de la entidad presuntas irregularidades en la gestión y dirección, tanto el desvío de fondos perpetrado por Marsal como el aumento de sueldo al ex director general.

La UPM acabó presentando una querella contra su expresidente y ex director general, después de encargar una auditoría que confirmó el desvío de fondos denunciado.

El Tribunal sostiene en su sentencia que el desvío de fondos no se trata de “una cuestión meramente económica, sino del fraude y engaño que supone para todas las instituciones”, tanto las que otorgan las subvenciones como las que las reciben, en medidas de “apoyo financiero a demandas sociales y económicas de personas y entidades”.

“En resumen, se ha utilizado un sistema público de ayudas para enriquecerse personalmente, lo que lesiona, además del patrimonio público, la eficacia y buen funcionamiento de las instituciones”, añade la sentencia, que agrava la pena a Marsal teniendo en cuenta “el uso abusivo que realizó del cargo por el que había sido designado y del que se prevalió para conseguir sus fines”.