Confirman la imputación en los ERE del exdelegado de la Junta Antonio Rivas

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación en el caso de los ERE de Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, por autorizar el ERE de Mercasevilla y la inclusión de tres “intrusos”, entre ellos su cuñado.

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que el auto de imputación de Rivas dictado por la juez Mercedes Alaya está suficientemente motivado, pues en esta fase del procedimiento “la solidez de los indicios no tiene por qué ser tan severa como la exigible a la decisión de proseguir el procedimiento” o el escrito de acusación.

Rivas fue condenado además a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho al pedir una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, en una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Audiencia de Sevilla recoge entre los indicios contra Rivas que el ERE de Mercasevilla de 2007 fue autorizado “personalmente” por él en su condición de delegado provincial de Empleo, pese a que en el año 2003 se había aprobado otro expediente de regulación para despedir a 74 de los 184 trabajadores fijos.

De nuevo en 2007 la plantilla estaba conformada por 176 trabajadores, añade la Audiencia, pese a lo cual Rivas autorizó el ERE y la inclusión en el mismo de Antonio Rivera Martín, que había sido contratado el mismo día de su inclusión en el expediente.

Además en dicho ERE se incluyó a Antonio Garrido Santoyo, exresponsable del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca había trabajado en Mercasevilla y a su cuñado José Antonio Márquez Sánchez.

La Audiencia dice que “no es de recibo” la afirmación de la defensa de Rivas de que la Inspección de Trabajo no observó “dolo, fraude ni la menor irregularidad” en el ERE, a los efectos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

“Precisamente ese artículo se refiere a la autoridad laboral, es decir, al delegado de Empleo, como la institución que ha de velar por la puridad del proceso que culmina con la autorización del ERE, y no a la inspección de trabajo”, asegura el auto.

La juez Alaya imputó además a Rivas por su “activa participación en la inclusión de los intrusos de Intersur” y de tres beneficiarios de su localidad natal de Camas (Sevilla).

La Guardia Civil también le ha implicado en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue “el primer eslabón de la cadena”, tuvo “conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos”.