El código ético aprobado en el Congreso para endurecer incompatibilidades de los diputados lleva año y medio sin aplicarse

El Congreso aprobó hace casi un año y medio un Código Ético y de Conducta que obliga a todos los diputados durante el periodo que dure su mandato a cumplir unas nuevas normas para hacer más transparente su trabajo. Esa nueva regulación aún no se ha aplicado, ni en la legislatura anterior, al ser muy corta, ni tampoco en esta. Además, muchos parlamentarios continúan sin dar apenas detalles de sus bienes e ingresos dado que nadie supervisa si las declaraciones que presentan al inicio de la Legislatura son correctas o les faltan datos.

De momento, sus señorías solo han rellenado las dos declaraciones que habitualmente cumplimentan al recoger sus actas, es decir, una “Declaración de bienes y rentas” y otra sobre sus “Actividades” que tras ser estudia por la Comisión del Estatuto –que se reúne siempre a puerta cerrada– emite un dictamen sobre la compatibilidad o incompatibilidad de aquellas actividades que hayan solicitado ejercer los diputados. Este dictamen se eleva luego al Pleno de la Cámara para su aprobación.

Sin embargo, desde febrero de 2019 todos los parlamentarios tendrían que haber rellenado un tercer documento sobre sus “Intereses económicos”, dando detalles de los empleos remunerados que tuvieron en el pasado, las donaciones que hayan hecho, los obsequios que hayan recibido y los “beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad de la toma de posesión”. El fin de todo ello es que los diputados se inhiban en aquellas votaciones en las que pudieran incurrir en un conflicto de intereses.

Ese Código de Conducta Ético aprobado en aquella Mesa del Congreso de finales de febrero de 2019 siendo presidenta la dirigente del PP, Ana Pastor –que se puede consultar abriendo este enlace–, tiene carácter vinculante y obliga además a sus señorías a rechazar todos los regalos salvo los que sean “de mera cortesía o de familiares”.

En su preámbulo se señala que con las nuevas normas “se busca reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes, así como proporcionar mayor seguridad a los Diputados en el ejercicio de sus funciones en sus relaciones con terceros y con la Cámara”.

Según se explica en su articulado, los diputados también tendrían que hacer públicas sus agendas institucionales en el Portal de Transparencia del Congreso, desvelando, entre otras cosas, sus reuniones con grupos de influencia o 'lobbies', así como sus viajes y las invitaciones que han recibido. Es decir, y como ejemplo, si han visitado a coste cero los palcos de campos de fútbol, conciertos o plazas de toros.

Pero esas agendas no figuran tampoco en las fichas oficiales de cada parlamentario, que se puede consultar en la página Web del Congreso. Algunos diputados, a modo particular, empezaron hace unos años a dar detalles en lo que respecta a sus desplazamiento por cuestión de trabajo mientras la Cámara ofrece los gastos globales trimestrales de estos viajes. En el primer trimestre de este año, que incluye las tres semanas de marzo después de que estallara la pandemia, los diputados se gastaron en estos viajes nacionales cerca de un millón de euros, pese a no hubo mucha actividad porque acaba de constituirse.

Según se anunció tras aquella reunión de la Mesa, seria la Oficina de Conflicto de Intereses la que velaría por que se cumpliera esas normas para que la imparcialidad impere en los debates y votaciones parlamentarias. Así, en el caso de que un diputado tenga un interés personal que le pueda influir en un debate deberá comunicarlo por escrito a la presidencia del Congreso o de la Comisión correspondiente, si el tema se está discutiendo en ese ámbito.

La Mesa abrirá un plazo para cumplimentar el tercer documento

Fuentes de la Cámara consultadas por esta redacción reconocen que por el momento nada de esto se ha hecho y que ese Código de Conducta no se ha aplicado todavía, entre otras cosas, porque hay que afinar algunos de sus artículos. Estas fuentes recuerdan los sucesivos parones que ha sufrido la actividad parlamentaria desde que se aprobó la norma hasta hoy.

En la anterior legislatura, la que se inició tras las elecciones del 28 de abril, no dio tiempo porque se convocaron nuevos comicios enseguida. La Comisión del Estatuto de los Diputados ni siquiera pudo emitir su dictamen sobre las Declaraciones de Actividades de sus señorías.

Las mismas fuentes consultadas añaden que después de constituirse la Cámara, tras los nuevos comicios del 10 de noviembre, a mediados de marzo de 2020 estalló la pandemia de la COVID19 y se paralizó la actividad parlamentaria. Esta se retomó lentamente para aprobar fundamentalmente los sucesivos decretos sobre el estado de alarma.

El jueves que viene se reúne la Comisión del Estatuto del Diputado, pero según informa el Congreso será solo para iniciar el dictamen de las Declaraciones de Actividades. Para que se cumpla el Código de Conducta habrá que esperar a que la Mesa del Congreso decida en una de sus próximas reuniones los plazos para que sus señorías cumplimenten ese tercer documento, algunos de cuyos artículos están por detallar.

Lo que si han hecho en esta nueva legislatura los 350 diputados ha sido hacer públicas sus declaraciones de bienes y rentas aunque muchos de ellos siguen dejando en blanco algunos de los datos que se les exige. O bien son tan escuetos en sus respuestas que cuesta creer que su patrimonio sea tan modesto.

El última en registrarse y publicarse ha sido la del diputado por Madrid de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que acaba de sustituir en el escaño al empresario Marcos de Quinto que ha abandona también el partido al discrepar del apoyo que está dando Inés Arrimadas al Gobierno.

Gutiérrez, según su declaración, no tiene prácticamente nada. Asegura que no recibió ningún salario, sueldo del partido ni honorarios de ningún tipo en el último ejercicio; tampoco tiene piso propio ni otros inmuebles de otra naturaleza, aunque paga, por sentencia judicial, una pensión por alimento de 4.800 euros al año y abona el contrato de alquiler de una vivienda de 18.000 euros anuales.

El diputado de Ciudadanos no posee acciones ni inversiones, ni tiene coche ni mucho menos embarcaciones. Tan solo declara que es propietario de una moto Vespa del año 2005. Además, asegura que no tiene créditos ni deudas con los bancos y que su saldo medio en su cuenta corriente es de 3.000 euros, aunque en 2018 pagó más de 24 mil euros de IRPF a Hacienda, explicando que “en el momento de hacer esta declaración no ha finalizado el periodo voluntario para hacer la declaración de 2019”.

Hasta ahora nadie se ha ocupado de vigilar que lo que declaran los diputados es cierto. El único control efectivo sobre las incorrecciones en esas declaraciones sigue siendo el que ejercen los medios de comunicación. Algunos parlamentarios, al ser pillados, añaden datos y registran una segunda versión de sus bienes. Pero nunca han sido por ello sancionados.