La defensa de Cristóbal Grau pide archivar el blanqueo tras la muerte de Alcón

La defensa del concejal del PP de Valencia Cristóbal Grau, investigado en la pieza del blanqueo de capitales y delito electoral del caso Imelsa, ha pedido el archivo de su investigación al considerar que, tras la muerte de la exedil María José Alcón, “la piedra angular de la instrucción” -una grabación en la que admitía el pitufeo- no se puede ratificar.

Además, su letrado, Mariano Lorente, ha explicado a EFE que no había otra prueba más que esa grabación, que “adolece de todo tipo de irregularidades” y ha añadido que la edil no ha fallecido de un atropello “sino de un suicidio, que es la punta del iceberg de un grave problema psiquiátrico”.

En la citada conversación grabada a Alcón con su hijo y aportada por la UCO al sumario, la exconcejala asegura que ella “tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos corrupción política tota” y la secretaria del grupo popular en el Ayuntamiento, Mari Carmen García-Fuster, se la devolvía en “dos billetes de quinientos”, aunque en declaraciones posteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) negó el supuesto blanqueo y afirmó que durante esa grabación estaba medicada.

“El argumento de nuestro escrito es sencillo. La piedra fundamental en la que se basa su instrucción, que es la llamada telefónica de Alcón, primero, ya no va a poder ser ratificada, y adolece de todo tipo de irregularidades y por último, no estamos hablando de un atropello, sino de un suicido, que es la punta del iceberg de un grave problema psiquiátrico”, ha justificado.

En su opinión, el fallecimiento de Alcón pone en evidencia que el informe de los médicos forenses que aseguraban que la exedil estaba bien y no había indicios de tener mermadas sus facultades, no eran adecuados, al tiempo que ha comentado que la exconcejal estaba “manipulada” por la UCO, el instructor y la Fiscalía

Lorente ha señalado que tiene “constancia perfectamente” de que la llamada fue grabada cuando “estaba ingresada en un pabellón psiquiátrico, bajo tratamiento de desintoxicación y con el protocolo de prevención de suicidios (pps)”, lo que significa que “estaba tutelada las 24 horas, tenía prohibido acceso a telefonía móvil e internet y estaba bajo tratamiento de choque de rescate de sueño”.

Ha indicado que él advirtió esta circunstancia y comprobó que ese extremo no aparecía en el auto -de fecha 14 de abril- y que la UCO “omitió al instructor que esa señora estaba en un pabellón psiquiátrico”.

El abogado de Cristóbal Grau ha incidido en la casualidad de que el pinchazo se pidiera un día y justo en la primera llamada cuando conecta el móvil se produce esa conversación -“el mayor éxito de la historia policial”, apunta-, y ha señalado que pidió el posicionamiento de la misma y no se le concedió y el visionado de las cámaras del hospital pero “habían desaparecido”.

“La UCO estaba allí y estaba todo preparado”, ha aseverado, al tiempo que ha resaltado que no es lo mismo pedir la intervención telefónica de todo el grupo o el partido que “de una persona que está en un pabellón psiquiátrico, que no tiene acceso a teléfono móvil y que cualquier llamada la tienen que hacer en presencia de terceros, es decir, de personal del hospital”.

El letrado ha sostenido que en este caso, que ya ha cumplido los dos años de instrucción, se da la “teoría del fruto envenenado” que supone que “cuando la prueba en la que se inicia es irregular, todo lo demás también”.