El Gobierno se juega sus decretos sociales en la última votación en el Congreso y sus socios mantienen el suspense
Pedro Sánchez se somete a su último examen parlamentario antes de las elecciones del 28 de abril con la votación en el Congreso de los seis decretos ley que ha aprobado el Gobierno desde que se convocaron las generales. En su corto mandato, Sánchez ha estado acuciado por su debilidad parlamentaria –un argumento que usa ahora en la campaña para pedir una amplia mayoría que le dé estabilidad y no depender de apoyos “espurios”– y ahora cada voto cuenta todavía más. La Diputación Permanente es el órgano que se hace cargo de la actividad una vez que están disueltas las Cortes por la convocatoria electoral y está compuesta por 65 miembros. El bloque de la moción de censura tiene 33 representantes mientras que PP y Ciudadanos suman 32.
El Gobierno confía en sacar adelante los seis decretos que requieren la convalidación del Congreso para seguir en vigor: el que iguala los permisos de paternidad y maternidad, la recuperación del subsidio para los desempleados mayores de 52 años, las medidas de contigencia para hacer frente al Brexit, el de vivienda para regular los alquileres, el que permite gastar el superávit a los ayuntamientos y el de la estiba. Sin embargo, algunos de los que han sido sus aliados en los últimos meses aún mantienen la incógnita de cuál será el sentido de su voto y, en algunos casos, reclaman que se tramiten como proyectos de ley para poder enmendar los textos.
En el PSOE aseguran que les cuadrarán los números y en todo caso sostienen que con las votaciones de este miércoles solo pueden ganar: bien porque a pesar de su exigua mayoría logra sacar adelante in extremis medidas que demanda la sociedad o bien porque si votan en contra serán el resto de partidos los que tengan que explicarlo en plena carrera electoral. “Si los tumban tendrán que explicarlo”, afirmaba una ministra en una conversación informal con periodistas en la presentación de la campaña de Sánchez. En el PSOE consideran que rechazar medidas como el incremento de los permisos por paternidad a menos de un mes de las elecciones es una jugada arriesgada.
El PP, contra los “viernes sociales”
El PP prevé votar en contra de todos los decretos bajo el argumento de que Sánchez ha utilizado ese mecanismo legislativo para sacarle rédito electoral a las puertas de la campaña. Pablo Casado emprendió una cruzada contra los 'viernes sociales' y se quejó ante la Junta Electoral; pero el organismo encargado de velar por la neutralidad en los procesos electorales le dio la razón al Gobierno.
En esa jugada estuvo también Ciudadanos, que fue un paso más allá al poner en riesgo la convalidación del decreto ley de igualdad laboral. Los de Albert Rivera preguntaron a los letrados del Congreso si era legal ya que tocaba una ley orgánica (los decretos son una fórmula de legislación exprés que no puede cambiar aspectos orgánicos de la normativa). Los servicios jurídicos le dieron de nuevo la razón al Gobierno.
Los de Albert Rivera finalmente apoyarán ese decreto. “Pediremos tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con enmiendas”, señalan fuentes de la formación, que no aclaran cuál será la posición en el resto de medidas. “Confío más en los otros 33”, reconocen en el Grupo Socialista sobre sus esperanzas depositadas en el bloque de la moción de censura (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV y Bildu –todos ellos necesarios si PP y Ciudadanos votan en contra).
Apoyos en el aire y posibilidad de cambiar
“Hemos percibido muy buena percepción en los grupos, pero cada uno se guarda de hacer pública su posición”, admiten esas fuentes socialistas que se muestran, no obstante, optimistas: “Nuestra previsión es que salgan todos adelante”. Lo cierto es que a última hora de la tarde aún no estaban cerrados ni los apoyos de su “socio preferente”, Unidos Podemos, que seguía “negociando” con el Gobierno, informa Aitor Riveiro.
PDeCAT, que tiene un representante en la Diputación Permanente, prevé votar a favor: “Facilitaremos los decretos”, señalan en el partido independentista. En el caso del de igualdad laboral pedirán, como Ciudadanos, que se tramite como proyecto de ley. El Gobierno también puede contar con el voto favorable de la diputada de Bildu mientras que PNV aún no ha hace pública su posición. ERC, que ha sido otro de los aliados parlamentarios de Sánchez desde la moción de censura, tampoco desvela por ahora sus cartas.
Tras el debate, se votarán uno por uno los decretos para ser convalidados. Algunos grupos solicitarán que puedan ser tramitados como proyectos de ley para poder incluir cambios. En el Gobierno tienen dudas de que pueda dar tiempo y, sobre su apoyo a que se tramiten como proyecto de ley lo dejan en el aire. “No lo vamos a pedir porque son buenos decretos y la derecha aprovecharía para que se recorten. Si se pide, dependiendo de quién lo pida y para qué, lo veremos”, señalan fuentes socialistas, que consideran que con las enmiendas algunos grupos pueden aprovechar para hacer electoralismo en plena campaña.
