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Bufetes de abogados, farmacéuticas y consultoras: el destino de los ex altos cargos de Rajoy

La Oficina de Conflicto de Intereses ha autorizado el pase a la actividad privada de exministros y secretarios de Estado del Gobierno del PP

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Bufetes de abogados, farmacéuticas y consultoras: el destino de los exaltos cargos de Rajoy

Bufetes de abogados, farmacéuticas y consultoras: el destino de los exaltos cargos de Rajoy

La moción de censura, la salida del Gobierno de Mariano Rajoy y la renovación en la dirección del PP dejó a muchos altos cargos populares en busca de nuevas actividades. Año y medio después de la llegada del PSOE a La Moncloa, pocos ministros del Gobierno de Rajoy continúan vinculados a la actividad política, solo Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat mantienen sus escaños, ambos en el Parlamento Europeo.

La última en anunciar que dejaba todos sus cargos en la formación de Pablo Casado ha sido Isabel García Tejerina. La que fue titular de la cartera de Agricultura también aseguró que en los próximos meses renunciaría a su acta. Antes que ella la mayor parte de sus compañeros de Consejo de Ministros emprendieron el mismo camino para trabajar en consultoras, farmacéuticas o despachos de abogados.

A grandes empresas, como El Corte Inglés, también han ido a parar directivos de los ministerios de Rajoy. Luis María Sánchez, antiguo jefe de inspección financiera con Cristóbal Montoro, y Carlos Cabanas Godino, ex secretario general de Agricultura y Alimentación, ficharon por la compañía de grandes almacenes.

Los gobiernos autonómicos presididos por el PP también han servido para acoger a estos cargos públicos. La Comunidad de Madrid ha fichado como viceconsejera de organización educativa de la Consejería de Educación a María Pilar Ponce, antigua directora de gabinete del ministro de Justicia; a Ignacio Niño, responsable del servicio público de empleo estatal, como director del servicio de empleo regional; y a Isaac Martín, que fue presidente de la sociedad de Ingeniería y Economía del Transporte, como viceconsejero de Economía.

El exministro de Hacienda ha sido uno de los últimos miembros del Ejecutivo que ha recibido autorización para desarrollar una actividad en la empresa privada, el 9 de enero la Oficina de Conflictos de Intereses (OIC) le permitió que se uniese como consejero-asesor a la dirección del Foro de Contratación Socialmente Responsable. Unas semanas antes, su compañera Fátima Báñez, responsable del Ministerio de Empleo, obtuvo luz verde para unirse al Consejo de Administración de la farmacéutica Rovi.

El número dos de Báñez en el Ministerio, Juan Pablo Riesgo, también ha optado por una fundación: desde diciembre la OIC le ha permitido que forme parte del consejo asesor de la fundación para la calidad e innovación de la formación. El mes pasado también obtuvo permiso para sumarse al consejo asesor de un think tank promovida por la escuela de negocios Esade, Centre for Economic Policy & Political Economy.

Estos fichajes forman parte de las últimas autorizaciones concedidas por la OCI a los antiguos altos cargos de la administración pública para que pasen a la empresa privada. La ley reguladora del ejercicio de estos directivos les obliga a comunicar a este organismo examinador el inicio de cada nueva actividad económica durante un plazo que se prolonga durante los dos años posteriores a su cese. De esta forma, este departamento trata de evitar que empiecen a trabajar en compañías que “hayan resultado afectadas” por decisiones en las que estos responsables políticos hayan participado. 

Entre los nuevos anuncios publicados por la OCI no se ha incluido a la extitular de Defensa, María Dolores de Cospedal, que se unirá al bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Esta contratación se publicó el 16 de enero y los últimos permisos concedidos y difundidos se realizaron tres años antes. Su antecesor en el Ministerio, Pedro Morenés, también recurrió en septiembre a este departamento para comunicar su fichaje por Amper Ingenio, filial de Amper, un importante contratista de Defensa cuya viabilidad garantizó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 al autorizar la venta de una de sus filiales al grupo francés Thales, según publicó La Información.

Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Ejecutivo, también obtuvo luz verde para participar en el consejo asesor de Women in a Legal World, una asociación formada por mujeres profesionales del sector legal. La rival de Pablo Casado en las primarias del PP ya obtuvo permiso previamente para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, además de ser designada miembro del Consejo de Estado por Pedro Sánchez. La jefa de gabinete de Santamaría, María González Picó, también ha obtenido el permiso para trabajar como asesora autónoma en asuntos relacionados con la comunicación.

El exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, también ha optado por darse de alta como trabajador por cuenta propia, en su caso como economista. Este técnico comercial del Estado llegó a formar parte de la nueva Ejecutiva del PP como secretario de Economía y Empleo. Aunque no duró muchos meses, terminó abandonando este cargo en 2019.

Por su parte, el extitular del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, es uno de los exministros que más autorizaciones ha solicitado. El sucesor de Alberto Ruiz Gallardón se sumó en 2018 al patronato de dos fundaciones, la de Legálitas y la del Atlético de Madrid. Ese mismo año, tras la moción de censura que provocó un cambio de Ejecutivo, también obtuvo el visto bueno para ser 'senior advisor' en el consejo asesor de la firma legal Herbert Smith Freehills y darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. Un año después también ha tenido luz verde para sumarse a la consultora Kreab y asumir la presidencia de la sociedad Belagua 2013, propietaria de la mayor parte de los hoteles de la marca AC Hotels by Marriott en España.

Más allá de los ministros del Gobierno de de Rajoy, también han solicitado permiso para trabajar en empresas privadas cargos de menor rango, como la exsecretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que ha recibido autorización en enero para sumarse al patronato de la Fundación Astrazeneca, financiada por la farmacéutica AstraZeneca.

Su homólogo, José María Lasalle, responsable de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital durante el Ejecutivo del PP, también ha optado por trabajar en un ámbito relacionado con la especialidad vinculada a su cargo público. En octubre la Oficina de Conflictos de Intereses confirmó su actividad como director del Foro sobre humanismo tecnológico de la escuela Esade y como asesor en la sociedad Y. Kratos3000, con un objeto social centrado también asuntos tecnológicos.

No solo los altos cargos de Rajoy han solicitado autorizaciones a la OCI, los primeros ministros de Sánchez que dimitieron también recurrieron a este departamento. La extitular de la cartera de Sanidad, Carmen Montón, puede colaborar desde noviembre con el grupo Zinet Media Global, que edita publicaciones como Marie Claire o Muy Interesante. Màxim Huerta, exministro de Cultura, que dimitió tan solo una semana después de prometer el cargo tras publicarse que defraudó a Hacienda, también obtuvo autorización para trabajar con una empresa vinculada a la información, Catorce Comunicación SL. Huerta ha vuelto a la televisión como presentador en TVE. 

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