Page blindará por ley la primera matrícula gratis y el “uso ético” de la IA en universidades públicas

Desde el actual curso académico, el estudiantado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá (UAH), con campus en Guadalajara, no han tenido que pagar la primera matrícula para cursar sus estudios. Es una medida que entró en vigor en esta comunidad autónoma tras anunciarlo hace más de un año el Gobierno regional, que también adelantó una futura Ley de Universidades con más derechos y adecuación de las condiciones del alumnado y el profesorado a las características de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto de esa ley ya se ha redactado. Ha pasado por su fase de información pública y está pendiente de las alegaciones.

En Castilla-La Mancha existe una universidad pública propia, la mencionada UCLM, con campus en Ciudad Real (sede de su Rectorado), Toledo, Albacete, Cuenca y facultades en Talavera de la Reina y Almadén. Además, hay otro campus en Guadalajara integrado, históricamente, en la Universidad de Alcalá. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de varios centros asociados en la región.

En la futura ley, el Ejecutivo castellanomanchego marca como principal objetivo modernizar y regular de forma integral el sistema académico regional. Define la universidad pública como “motor esencial” para el progreso social, la igualdad de oportunidades y la investigación científica.

Pero, ante todo, su principal novedad es que garantiza la gratuidad de la primera matrícula, que se incorpora explícitamente como una medida de “justicia social” para asegurar que el acceso a la formación superior “no dependa de la situación económica de las familias”.

Actualmente, hay seis comunidades autónomas que ofrecen la primera matrícula gratuita o bonificada al 99% en las universidades públicas. Hay dos modelos de aplicación: la gratuidad directa en el primer curso, además de en Castilla-La Mancha, se aplica en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de La Rioja. Por otro lado, la bonificación por rendimiento académico, que cubre hasta el 99% del importe, se aplica en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzaba que incluso la segunda matrícula también será gratis en la UCLM para el alumnado con matrícula de honor en segundo de Bachillerato, pero esta media no está recogida en el borrador del anteproyecto. Lo previsto, por tanto, es que se incluya en el contrato-programa del Gobierno regional con esta institución académica.

De cualquier forma, el texto establece como objetivo estratégico avanzar hacia un modelo de universidad pública más accesible, promoviendo la “gratuidad o reducción de la matrícula” en función de la capacidad económica de los estudiantes, siempre “dentro de un marco financiero que sea sostenible”.

Una base legal para regular precios públicos

La medida se integra en un compromiso más amplio de ampliar los programas de becas y ayudas al estudio para garantizar que las limitaciones económicas o territoriales no condicionen el acceso a la universidad. Las becas se otorgarán priorizando criterios socioeconómicos.

¿Cómo será ese modelo? Básicamente, la intención del Gobierno regional con esta normativa es generar una base legal para que, al establecer los precios públicos, se puedan prever medidas específicas de reducción o bonificación atendiendo a circunstanciales “sociales”, pero también “territoriales”. Es decir, al ser Castilla-La Mancha una región con gran dispersión geográfica, se pueden contemplar circunstancias como la necesidad de desplazamientos y su coste.

En realidad, la comunidad autónoma ya ha venido ejerciendo sus competencias en materia de becas y ayudas para el acceso a las universidades públicas. Lo que ahora quiere es darle blindaje legal, como un “instrumento de equidad” y de regulación de precios públicos.  

Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Universidades prevé expresamente la existencia de bonificaciones y ayudas específicas para estudiantes que residen en zonas rurales o afectadas por la despoblación, como parte de su compromiso con la cohesión territorial. Estas ayudas buscan compensar las dificultades derivadas de la extensión territorial de la región y asegurar que el lugar de residencia no condicione el acceso a la universidad.

De hecho, el modelo de financiación de las universidades públicas también tendrá en cuenta su contribución a la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales a través de fondos específicos para actuaciones estratégicas. Asimismo, se promoverá la realización de prácticas externas en entornos rurales y zonas en riesgo de despoblación para fomentar la conexión entre el estudiantado y estos territorios.

El ámbito rural y las numerosas zonas en riesgo de despoblación también se mencionan en el anteproyecto al establecer la regulación de su sistema de financiación, basado en los mencionados contratos-programa plurianuales, que incluyen financiación vinculada específicamente al cumplimiento de objetivos estratégicos.

Entre ellos, en la futura norma se citan expresamente la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Esto significa que habrá fondos específicos de apoyo rural, que se desarrollarán para complementar las ayudas estatales.

El borrador no habla de importes de matrícula ni de cifras en cuanto a becas y bonificaciones, porque las cuantías exactas se establecerán posteriormente de forma reglamentaria. Pero, por ejemplo, en la UCLM, el acceso a los Grados de Humanidades y Ciencias Sociales se sitúan en torno a los 700 euros por curso completo; mientras que en Grados de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pueden ascender a más de 1.100 euros, según la última orden por la que se establecen los precios públicos.

¿Habrá nuevas plazas?

Ante el blindaje de estas medidas, ¿se crearán nuevas plazas en la UCLM y la UAH? Recientemente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señalaba en una entrevista con elDiario.es que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han subido porque las autonomías “han decidido no crear plazas en la universidad pública”.

Este es un aspecto que en el anteproyecto castellanomanchego queda condicionado. Establece que la implantación de nuevas enseñanzas oficiales está “sujeta a criterios de planificación” que tendrán en cuenta la demanda de estudiantes, la eficiencia de los recursos públicos y, de nuevo, la cohesión territorial.

En otro orden de cosas, llama especialmente la atención que, dentro del anteproyecto, en los deberes del estudiantado, se incluyan obligaciones específicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. En su articulado establece que tienen el deber de realizar un “uso responsable y ético de los recursos digitales”, mencionando expresamente la Inteligencia Artificial (IA) generativa y otros sistemas análogos.

Concretamente, apunta que el uso de estas herramientas en las actividades académicas no debe infringir en ningún caso los principios de “honestidad académica”. Es decir, el estudiantado está “obligado” a “reconocer expresamente” las fuentes y las aportaciones de la tecnología en sus trabajos académicos.

“Marcos éticos actualizados” para la IA y centros privados

Aunque debe ser cada universidad la que regule estos usos en su normativa interna, el texto obliga a las universidades al incluir ese uso responsable de la IA en sus planes de formación para asegurar que tanto el personal como el estudiantado actúen bajo “marcos éticos actualizados”. Estas mismas indicaciones se incorporan también para el profesorado y para el personal docente e investigador (PDI).

Por otra parte, el anteproyecto de ley dedica un bloque completo de su articulado al sistema universitario privado, pese a que esta comunidad autónoma es la única región de España sin ningún centro universitario de este tipo ni proyectos aprobados para su apertura. De hecho, Page, durante su intervención en la reciente gala por los 40 años de la UCLM, reiteró su objetivo de proteger a la universidad pública y evitar modelos que ha vinculado con “factorías de títulos”.

Pese a ello, y ante la previsión de solicitudes, el anteproyecto incorpora un marco regulatorio de reconocimiento, requisitos y control para “garantizar la calidad y coherencia” con el sistema regional.

Establece así que el reconocimiento de una universidad privada se realizará por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para otorgarlo, debe “aporta un valor académico o social diferencial”, no comprometer la sostenibilidad financiera ni el equilibrio del sistema universitario público y contar con un plan estratégico a diez años que incluya planes de personal, económicos, de viabilidad y de garantías para el estudiantado.

Asimismo, los centros universitarios privados deben dedicar más del 5% de su presupuesto a programas propios de becas y ayudas, priorizando la situación socioeconómica del estudiantado; y ese mismo porcentaje a programas de investigación y transferencia. También deben disponer un portal de transparencia, de planes de igualdad de género, y garantizar una capacidad mínima de alojamiento estudiantil.

Si, en el futuro, uno de estos centros no cumpliera con lo establecido en esta nueva normativa se enfrentaría a diversas consecuencias que van desde sanciones económicas (entre 12.000 y 600.000 euros) hasta la pérdida total de su reconocimiento legal para operar.

De momento, no hay plazos para que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno y lo remita a las Cortes regionales, pero la previsión es que puede aprobarse ante de que finalice la legislatura en la primavera de 2027.