No es tan fácil interrogar a los políticos, señor fiscal

Los incidentes ante la Conselleria de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 son uno de los hechos que la Fiscalía del Tribunal Supremo pretende explotar para sustanciar la acusación de rebelión. Decenas de miles de manifestantes se congregaron ante el edificio cuando una comisión judicial estaba en su interior registrando despachos de altos cargos detenidos en una operación preventiva contra el referéndum de independencia.

En su interrogatorio al exconseller de Interior, Joaquim Forn, el fiscal Fidel Cadena le preguntó cuántas veces había hablado ese día por teléfono con Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, y que estaba en esos momentos ante el edificio rodeado. “No lo sé, cuatro o cinco veces”, respondió. “Dieciocho veces”, continuó el fiscal. De forma algo confusa, Forn dijo que le estaba induciendo a error, porque una cosa son las llamadas “y otra las veces que hablé con él”. Es decir, pudo llamar en varias ocasiones y no lograr contactar con Sànchez.

Esas son las situaciones que se crean en un juicio. Son las que buscan los fiscales para evidenciar falsedades o contradicciones de acusados o testigos, o probar que están ocultando algo. En este caso, una supuesta confabulación entre el responsable de una movilización masiva y un miembro del Govern. Pequeños puntos que suman, aunque por sí solos no sirvan para demostrar la culpabilidad de nadie. Quizá sean útiles para restar credibilidad al testimonio del acusado a ojos del tribunal.

En el relato de la fiscalía, esos incidentes del 20 de septiembre revelan que el plan independentista incluía la intención de provocar incidentes violentos con el fin de ejercer la presión necesaria. Así aparece en el escrito de acusación, pero tendrá que demostrarse en el juicio con pruebas y testimonios si la Fiscalía quiere obtener las condenas que busca. No valdrá con enunciarlo, como se hace en un artículo de opinión.

El fiscal pilló a Forn en el asunto de las llamadas a Sànchez –el conseller dijo varias veces que él no se involucraba en los operativos policiales–, pero no mucho más. Comprobó lo complicado que es interrogar a un político, incluso cuando este se encuentra en el banquillo de los acusados. Es algo que conocen muy bien los periodistas. Si no quieren responder a la pregunta, pueden estar hablando una eternidad de tiempo sin hacerlo.

Forn se escurrió con habilidad y el fiscal nunca llegó a acorralarle. Cadena llegó a probar con un chiste cuando preguntó por un contacto con el “delegado del Estado en Cataluña”. ¿El delegado del Gobierno?, preguntó Forn. No, se refería a Carles Puigdemont, que era entonces la máxima autoridad del Estado en Catalunya. No quedó claro para qué le servía ese truco al fiscal.

Si este es el modelo de los restantes interrogatorios de exconsellers, esa primera fase del juicio acabará sin que la acusación pueda anotarse un triunfo claro.

Los equilibrios de Forn

El exconseller afrontaba una situación delicada: compatibilizar su apoyo pleno al proyecto independentista con su responsabilidad en uno de los principales puestos del Govern. Precisamente, Forn fue nombrado por Puigdemont al frente de la Conselleria de Interior en julio de 2017, en sustitución de Jordi Jané, porque se le consideraba más fiable políticamente para responsabilizarse de los Mossos en los meses finales del desafío independentista que culminó en el referéndum.

Forn declaró que antes del 1-O dio traslado a todas las instrucciones de la Fiscalía para impedir que se celebrara el mismo referéndum que él políticamente estaba apoyando. “Desde mi Departamento, no se realizó ninguna función a favor del referéndum”, dijo. El fiscal no pudo probar lo contrario.

Esa situación tipo Doctor Jekyll y Mr. Hyde obligaba a dejar sin contestar algunas preguntas o dejarlas en la ambigüedad. “Estábamos convencidos de que había base legal para celebrar el referéndum”, dijo Forn. El fiscal le recordó que los autos del Tribunal Constitucional advertían a los miembros del Govern sobre las responsabilidades penales en que incurrirían si continuaban con sus planes. Era una forma de decir a Forn de que no debía sorprenderse de haber acabado en prisión y ahora ante el Supremo.

En otros momentos, el fiscal incluso patinó. Forn le acusó de hacer “relatos peliculeros” sobre la salida algo accidentada de la funcionaria judicial del registro a la Conselleria de Economía por la noche a través de un cine adyacente. “Saltó un muro de metro y medio”, explicó. El fiscal Cadena dijo antes que había salido “por los tejados”. Casi como en las películas de James Bond.

Aún peor lo hizo Cadena al citar un informe de los Mossos anterior al 1-O, cuya traducción del catalán de la primera frase en otro informe policial fue contestada por la defensa. Varios minutos se consumieron en la discusión de algo que aparecía como “el referéndum se ha de celebrar el 1 de octubre” –lo que suena como una orden– y que en realidad era el simple enunciado de un hecho: “El referéndum se celebrará el 1 de octubre”. El presidente del tribunal tuvo que intervenir para que dejaran de dar vueltas sobre esa primera traducción que además el fiscal no podía respaldar. Y la defensa no se lo iba a poner fácil. Esa no es su función en un juicio.

Junqueras se sacrifica por la causa

Por la mañana, en el arranque del juicio propiamente dicho, el interrogatorio de Oriol Junqueras se convirtió en un hecho políticamente llamativo, pero mucho menos desde el punto de vista penal. El exvicepresident tomó una decisión a la que tiene derecho, pero que es sumamente arriesgada para su destino personal. Optó por no declarar ante las acusaciones y hacerlo sólo ante su abogado, protegido por preguntas amables y generales con las que vendió su discurso político.

Los jueces saben que eso es un derecho de cualquier acusado que debe ser respetado –el magistrado Marchena lo comentó más de una vez–, pero muchos de ellos ya empiezan a sospechar del que no se atreve a responder a las preguntas del fiscal.

Junqueras, que se identificó como preso político ante el tribunal, dio la impresión de inmolarse en pro de la causa con independencia de las consecuencias penales que tenga que sufrir. “Lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso”, dijo refiriéndose a sus ideas independentistas, unas palabras que sonaron como un desafío al tribunal. Es algo que políticamente no se le puede negar. No es lo que recomendaría en estos momentos un abogado a un cliente al que los fiscales piden 25 años de prisión.

El discurso de Junqueras tendrá sin duda impacto político en Catalunya –y en Bélgica donde vive Puigdemont–, pero dejó bastante fríos a los siete magistrados de la Sala de lo Penal, que lo escucharon impertérritos.

Junqueras tenía muchas ganas de hablar hasta el punto de que soltó un “lástima, ahora que íbamos lanzados” cuando Marchena anunció un descanso. Sí que estaba lanzado. El siempre sobrio líder de ERC se transformó en alguien que hablaba moviendo los brazos, expansivo, a veces riéndose, en general, disfrutando de la situación. “Es que llevo un año sin poder hablar”, se disculpó poco antes.

Obviamente, Junqueras no se autoincriminó (“nunca, nunca, nunca, nunca hemos avalado ninguna actuación violenta”). Planteamos un diálogo al Gobierno central, dijo, pero sólo recibieron “una silla vacía”. Nunca se destinaron fondos públicos al referéndum. Eso por la vía de los hechos imputados. Por la profesión de fe independentista, Junqueras no se movió un centímetro: “La independencia de Catalunya es legítima. ¿Dónde se prohíbe? ¿Dónde se dice que es delito?”.

En su empeño por salvarse, Joaquim Forn ofreció después un mensaje distinto. Nunca hubo declaración de independencia. La declaración parlamentaria del 27 de octubre no fue “el nacimiento de un nuevo Estado”. El Govern no tomó ninguna decisión para desarrollar la independencia y cumplir la ley de transitoriedad aprobada antes por el Parlament. De creer a Forn, habría que pensar que nada ocurrió después del 1 de octubre de 2017 y que todo fue una ficción.

Lo que ocurre es que Forn sólo está pensando en su futuro personal y el de su familia después de la sentencia, algo muy comprensible. Junqueras está más preocupado por otras cosas, por su partido y por su idea de Catalunya. Por eso parece dispuesto a pagar el precio necesario, y puede ser muy alto. A fin de cuentas, en este juicio no se dirime sólo el futuro de doce acusados.