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Mayor hotelero de Ibiza pacta 7 años de cárcel y pagar 22 millones por fraude

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Mayor hotelero de Ibiza pacta 7 años de cárcel y pagar 22 millones por fraude

Mayor hotelero de Ibiza pacta 7 años de cárcel y pagar 22 millones por fraude

Fernando Ferré, que fue dueño de la mayor compañía hotelera de Ibiza, el Grupo Playa Sol, ha admitido hoy un fraude continuado a las haciendas estatal y autonómica y que vulneró los derechos de trabajadores y ha aceptado cumplir una condena de cárcel de 7 años y pagar de forma solidaria 22 millones de euros.

Ferré, que llegó a gestionar en torno a 15.000 camas y provocó uno de los mayores concursos de acreedores de los últimos años, ha pactado con las acusaciones para reducir en 74 años la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía en el juicio celebrado esta mañana en Ibiza.

La negociación del acuerdo se ha prolongado durante toda la mañana por la dificultad planteada por el hecho de que Playa Sol está inmerso en un concurso de acreedores, ya que la administración judicial ha intentado aminorar un posible impago de la sanción económica a Ferré en calidad de responsable subsidiaria.

El pacto, que tendrá que ratificar el juez que gestiona el concurso de acreedores, establece penas que suman 7 años de cárcel, más 11 millones de euros de multa y otro tanto en concepto de responsabilidad para Ferrer, que deberá afrontar esta última cantidad de forma solidaria con el otro acusado, su ex asesor fiscal Josep Oller, que ha sido condenado a 14 meses de prisión y una multa de 11 millones de euros.

Finalmente, el Grupo Playa Sol, responderá como responsable subsidiario de los 11 millones de euros impuestos en concepto de responsabilidad civil si los dos acusados no pueden hacer frente a esta cantidad con sus propios recursos, algo muy probable, según fuentes próximas al caso.

En concreto, Ferré se ha declarado culpable de 14 delitos fiscales castigados con tres meses de prisión cada uno y tres delitos contra los derechos de los trabajadores: uno penado con 2 años y medio de prisión y los otros dos con seis meses cada uno.

Al ser requerido para ratificar su conformidad con el acuerdo por la jueza que ha dirigido la vista, la titular del juzgado de lo penal 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, el empresario, de 68 años, ha tratado de hacer un alegato en defensa de su gestión.

Hasta que la jueza ha cortado su intervención, se ha definido como "la persona que ha dado en la historia de Ibiza más trabajo" y ha asegurado que "nunca ha habido un trabajador" que se haya quejado de él.

Sin embargo, las penas más altas que se le imponen son precisamente por vulnerar los derechos de los trabajadores.

Ferré traía a Ibiza desde países de Europa del Este a cientos de personas que firmaban contratos en checo, entendieran o no esa lengua, y les hacía trabajar toda la temporada turística diez horas diarias durante siete días a la semana por 3,5 euros la hora.

Además, tuvo a dos empleados de nacionalidad china viviendo en un habitáculo de apenas seis metros cuadrados en su propia casa y otros trabajadores pernoctaban en habitaciones sin ventilación ni luz natural de sus hoteles. Hasta 18 personas llegaban a compartir esos dormitorios.

En cuanto al fraude fiscal, del que fueron víctimas tanto la administración central como la autonómica, Ferré ha sido condenado por no abonar los impuestos de Sociedades, Transmisiones e IVA, así como retenciones sobre el rendimiento del trabajo entre los años 2005 y 2009.

Para dificultar la persecución por parte del fiscal, el hotelero y su contable urdieron una red de 301 empresas a las que atribuían una mínima actividad y que intercambiaban entre ellas facturas y gastos totalmente ficticios. La Agencia Tributaria estima que facturaba unos 36 millones de euros anuales.

Ferré fue detenido en mayo de 2010 y puesto en libertad al mes siguiente. El juez que instruyó el caso impuso para él y su asesor una fianza de responsabilidad civil de 48 millones de euros.

El Grupo Playa Sol, que en la actualidad cuenta con unos 40 hoteles y 11.000 camas (en torno al 20 % de las que hay en Ibiza), está bajo la supervisión de un juzgado mercantil que tramita su concurso de acreedores y que ha asignado su gestión a Hiperion, una sociedad de capital riesgo que se encarga de su explotación.

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