Ombudsman de Guatemala declina participar en una sesión solemne por intimidación

El procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas declinó hoy su participación en la sesión solemne del Congreso en conmemoración del 197 aniversario de la independencia de Guatemala de la corona española, por “intimidación” del Ejército a la población que se manifiesta fuera del hemiciclo.

Pese a que el pasado 9 de septiembre Rodas había presentado un amparo ante el Constitucional para que se garantizaran las protestas anunciadas para esta semana en contra del presidente Jimmy Morales, las autoridades desplegaron un fuerte operativo que incluyó a la Fuerza Especial Kaibil con fusiles de asalto en los alrededores del Palacio Legislativo.

El ombudsman anunció en sus redes sociales que no sería “partícipe de un acto con presencia innecesaria e intimidatoria del Ejército de Guatemala hacia la población que tiene el derecho a manifestar”.

El Ejército defendió la presencia de los kaibiles como un “procedimiento normal cuando el presidente asiste a actividades públicas” y pronunció que “todos los miembros del Ejército cuentan con una sólida capacitación en materia de derechos humanos que les permite cumplir con sus actividades en estricto apego a las leyes del país”.

Previo a confirmar su inasistencia al Congreso, Rodas le había “recordado” al mandatario y a las autoridades de Gobernación y la Defensa que su amparo se encontraba vigente.

Los manifestantes, en su mayoría campesinos y estudiantes de la universidad pública del país, piden la renuncia de Morales y los 158 diputados, además de que muestran su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la CICIG para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un “peligro para la seguridad y el orden público”.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.