El juez interroga a Oriol Pujol sobre sus relaciones con los otros imputados en el caso de las ITV
Puntual y visiblemente preocupado, Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), apartado por voluntad propia de sus cargos en el partido mientras se dilucida su situación judicial, ha acudido a declarar como imputado por un delito de tráfico de influencias ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Enric Anglada. El juez se encarga de la investigación de la supuesta participación del dirigente nacionalista en una trama que planeaba amañar los concursos para la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
A pesar del gesto de profunda preocupación que expresaba Oriol Pujol, Convergència hizo una auténtica exhibición de respaldo al que hasta ahora se perfilaba como el único delfín con posibilidades de suceder a Artur Mas como candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat. Junto a él, acudieron, además de su abogado, Javier Melero, Josep Rull, Lluís Corominas y Jordi Turull, los tres dirigentes que han asumido las funciones del secretario general de CDC mientras dura la imputación del secretario general.
Oriol Pujol aparece en el epicentro de una trama para amañar las concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para favorecer a un grupo de empresarios encabezados por Sergi Pastor y, sobre todo, por Sergi Alsina, compañero de pupitre desde la infancia del secretario general de Convergència Democràtica y vecino en Urús, la localidad de la Cerdanya donde se cuece en verano cada curso político.
El juez Anglada quería que el secretario general de CDC explicara por sí mismo cuál es la naturaleza de la relación que le une con los otros imputados en el caso de las ITV.
La posición del dirigente nacionalista fue negar la mayor ante las preguntas del juez. Oriol Pujol aseguró que el único motivo por el que se implicó en su momento en el conflicto que enfrenta a algunas de las concesionarias de ITV es que “se trata de una cuestión de interés general” que era necesario resolver.
El supuesto delito que se imputa a Oriol Pujol vulnera el artículo 428 del Código Penal vigente que reza: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior”.
Decisiones gubernamentales
Decisiones gubernamentalesEl juez Anglada también se mostró especialmente interesado en conocer cuál es la capacidad de Oriol Pujol, en su condición de secretario general de CDC, de imponer decisiones al Gobierno de la Generalitat.
Aunque las preguntas del juez Anglada puedan parecer redundantes, están claramente encaminadas a aclarar si Pujol Ferrusola cometió el delito de tráfico de influencias que se le imputa. Según el relato del fiscal y de la Agencia Tributaria, Pujol Ferrusola, al que sus amigos se referían en privado como el “Zumosol”, se implicó en el conflicto de las ITV para favorecer a personas muy próximas a él, y para ello forzó el nombramiento de Josep Tous, como mediador de la Administración en el conflicto de las ITV, a pesar de que trabajaba para Puignou y defendía sus intereses, así como el de Isidre Masalles como subdirector de Seguridad Industrial de Cataluña.
Según la documentación judicial, ambos nombramientos perseguían que la empresa Certio, que posee diez ITV en Cataluña, volviera a ser hegemónica en el sector en la comunidad, no a costa de Applus, líder con 26 estaciones, sino de las compañías que controlan entre una y tres estaciones.
El juez Anglada no ha previsto un día fácil para Oriol Pujol Ferrusola. La declaración se ha iniciado pasadas las 10.30 y se ha suspendido a las 15.00 para que todas las partes pudieran almorzar. Pero a las 16.30 se reemprende el interrogatorio ya con preguntas mucho más concretas, referidas a las grabaciones que aparecen en el sumario entre Oriol Pujol y otros imputados, que el secretario general de Convergència podrá escuchar directamente y dar las explicaciones pertinentes.
El caso de las ITV estalló de rebote durante la investigación de las irregularidades imputadas al ex ministro de Fomento José Blanco. El Servicio de Vigilancia Aduanera descubrió la trama prácticamente por casualidad. Durante las escuchas de las conversaciones telefónicas del empresario gallego Jorge Dorribo, principal imputado en el caso en que se acusa al exministro socialista José Blanco, los agentes grabaron una conversación del industrial catalán Sergi Pastor en la que se jactaba del apoyo de Oriol Pujol para amañar la ordenación del sector de las estaciones de ITV para favorecer a una empresa en particular, Certio, controlada por Ricard Puignou, y en la que tenía previsto entrar Ficosa y el propio grupo de Pastor. El socio principal de Pastor es Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol Ferrusola.
Nueva sociedad
Nueva sociedadEl objetivo era crear una nueva sociedad, Upprime, de la que la multinacional catalana Ficosa suscribiría el 70% del capital y el 30% restante se repartiría a partes iguales entre el grupo de Pastor y Alsina y Oriol Pujol, según las conversaciones intervenidas a Pastor. El empresario más tarde se retractó de esa afirmación y aseguró ante los tribunales que, en realidad, estaba fabulando. Oriol Pujol ha negado rotundamente tener conocimiento ni relación con Upprime.
Sin embargo, la documentación judicial considera acreditado que el secretario general de Convergència en suspenso fue el responsable real de los nombramientos de Josep Tous, como mediador de la Administración en el conflicto de las ITV, a pesar de que trabajaba para Puignou y defendía sus intereses, así como el de Isidre Masalles como subdirector de Seguridad Industrial de Cataluña.
Según la documentación judicial, ambos nombramientos perseguían que la empresa Certio, que posee diez ITV en Cataluña, volviera a ser hegemónica en el sector en la comunidad, no a costa de Applus, líder con 26 estaciones, sino de las compañías que controlan entre una y tres estaciones.
