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PP y Ciudadanos se preparan para culpar a Sánchez y la euroorden si la justicia europea reconoce la inmunidad a Junqueras y Puigdemont

"Respetamos a la justicia, pero no estaríamos aquí si hubiera funcionado como debería la euroorden", afirma el portavoz de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano

Pablo Casado señala al líder socialista: "Sánchez está usando la reforma de la euroorden para su investidura"

El jueves 19, el Tribunal de Luxemburgo falla sobre la inmunidad de Junqueras, después del informe favorable del abogado general

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El presidente del PP, Pablo Casado, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, el pasado 12 de diciembre de 2019.

El presidente del PP, Pablo Casado, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas. @pablocasado_

La euroorden no se cambia porque lo pida un Gobierno. Y si se decidiera su reforma, tampoco sería automática. Pero, ante la posibilidad de que el próximo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique las tesis del abogado general sobre la inmunidad de Oriol Junqueras –y, por analogía, de Carles Puigdemont y Toni Comín–, Partido Popular y Ciudadanos ya preparan el terreno para culpar a Pedro Sánchez de la situación que puede crearse a partir de entonces.

No se sabe qué puede decidir el tribunal, pero los partidos se están reubicando para usar el fallo contra el Gobierno en funciones ante la posibilidad de que la justicia europea reconozca la inmunidad de los líderes independentistas. Es decir, que son eurodiputados de pleno derecho, en contra de lo argumentado por España, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Es decir, que si uno puede ir en una papeleta y es elegido en las urnas, no hacen falta más procedimientos burocráticos para sentarse en Estrasburgo y gozar de la inmunidad parlamentaria.

Si eso es así, habrá una paradoja en el caso de Junqueras, que ya ha sido condenado a 13 años de cárcel por malversación y sedición. Pero, en el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí (a partir, esta última, del 1 de febrero cuando se produzca el Brexit y la salida de los eurodiputados británicos) es mucho más claro: se convertirían en ese momento en eurodiputados de pleno derecho, tendrían inmunidad y sería necesario aprobar un suplicatorio en el Parlamento Europeo para poderlos juzgar.

Pero los suplicatorios en Bruselas no son como en España, casi automáticos. Hay un proceso interno cuyo desenlace es imprevisible.

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, el presidente del Parlamento comunicará en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remitirá a la comisión parlamentaria competente para el fondo, que es la comisión de Asuntos Jurídicos.

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y el diputado en cuestión tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad del diputado en cuestión.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión al diputado interesado, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión.

Y, ante la posibilidad real de que Puigdemont y Comín puedan entrar en el Parlamento Europeo, Partido Popular y Ciudadanos ya han comenzado a disparar contra el presidente del Gobierno en funciones.

La complicada reforma de la euroorden

"Habíamos escuchado su promesa de traer a Puigdemont a España, pero no sabíamos que era para negociar una investidura", ha acusado Pablo Casado en Bruselas a Sánchez. "Sánchez debería haber traído a las instituciones comunitarias la modificación de la euroorden, que fue uno de mis compromisos en campaña electoral. Se veía venir y tienen nuestro apoyo para actuar. Tienen el apoyo para hacer algo en Europa y que no estemos al albur de un tribunal belga que puede condicionar luego otras cuestiones".

La reforma de la euroorden, bandera del PP y Ciudadanos en las últimas campañas electorales europeas y nacionales, es un proceloso proceso institucional que implica a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, en último lugar, al Consejo de la UE –los Estados miembros–. Es decir, no se reforma automáticamente porque lo pida un Gobierno. Y hasta la fecha no lo ha pedido ningún Estado miembro –el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco lo impulsó– ni ningún comisario europeo.

En estos momentos, hay una evaluación abierta sobre su funcionamiento, iniciada por la Comisión Europea anterior, de Jean-Claude Juncker, que podría servir para una hipotética reforma futura.

El portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha expresado en Bruselas un razonamiento similar al de Casado: "Lo que ha estado haciendo Ciudadanos y lo que tiene que seguir haciendo es luchar por que la euroorden funcione, luchar por que los perseguidos por la Justicia rindan cuentas y no hagan turismo judicial. Si la euroorden hubiera funcionado como debería y como Ciudadanos está impulsando en Europa, no estaríamos en esta situación en la que estamos ahora. Seguiremos luchando para que la euroorden funcione, para que los perseguidos por la justicia rindan cuentas y no hagan turismo judicial".

Ciudadanos está reclamando una reforma de la euroorden desde el verano de 2018, cuando el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) decidió no aceptar la euroorden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y dijo que extraditaría a Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos, no por rebelión o sedición.

Según Ciudadanos, se debería ampliar la lista de delitos que no requieren el control de doble tipificación por parte del Estado miembro de ejecución de la euroorden: sedición, rebelión, traición, alta traición y los equivalentes de delitos contra el Estado en las diferentes jurisdicciones nacionales.

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