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El PP aprovecha agosto para aprobar el macrodecreto de medidas económicas con su mayoría absoluta

La comisión de Economía del Congreso se reunirá el miércoles 27 para enviar el proyecto de ley al Senado en septiembre y que entre en vigor cuanto antes

Los conservadores han insinuado a algunos portavoces de la oposición que no van a admitir ninguna de sus enmiendas

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Sánchez Llibre (CiU), Valeriano Gómez (PSOE) y Vicente Martínez Pujalte, en la comisión de Economía.

El PP ha convocado a los grupos parlamentarios para la última semana de agosto a una reunión de la comisión de Economía del Congreso con la intención de aprobar con su mayoría absoluta el macrodecreto sobre medidas urgentes "para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia" convertido ya en proyecto de ley. El texto modifica cerca de una treintena de leyes que afectan nada menos que a nueve ministerios diferentes. Los conservadores han dejado caer estos días a algunos portavoces de la oposición que no aceptarán ninguna de sus enmiendas.

Este proyecto, que procede de un decreto ley del Gobierno, fue convalidado por el pleno del Congreso como proyecto el pasado 10 de julio y ha sido tramitado por el procedimiento de urgencia, pese a las críticas de toda la oposición. Durante aquel debate, así como en la votación posterior, el PP se quedó solo.

El también conocido como "decreto ómnibus" por la disparidad de medidas incluidas contempla desde iniciativas para favorecer la internacionalización de las pymes y el pago a proveedores hasta una mayor liberalización de horarios o un límite a las tasas para pagar en comercios con tarjeta de crédito. En el paquete también entra el Plan de Garantía Juvenil, pensado para fomentar el empleo de jóvenes mediante nuevas bonificaciones en la cotizacion a la Seguridad Social.

También tiene cabida la entrada de capital privado en AENA, la regulación de los drones o los permisos para construir hoteles en faros y puertos, hasta ahora prohibida. Otras medidas son la exención de tributar como ganancia patrimonial tras daciones en pago o ejecuciones hipotecarias, la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles.

El texto fue defendido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó las críticas que le lanzaron todos los portavoces de los grupos recordando que otros gobiernos anteriores, durante los 40 años de democracia, ya habían utilizado la fórmula del decreto como medida "extraordinaria". La vicepresidenta justificó que en esta ocasión se incluyeran en un solo paquete tantas reformas en aras de la necesaria y urgente" "recuperación económica".

Los grupos parlamentarios rechazaron en bloque el proyecto, que calificaron de "chapuza", "barbaridad legislativa" y hasta de "corrupción de la democracia". También acusaron al Gobierno de actuar con "prepotencia" y de "impedir el debate".

Algunos grupos, como el PSOE, pidieron reuniones sectoriales y las comparecencias de los ministros afectados en sus respectivas comisiones de la Cámara dado que las modificaciones afectan a 26 leyes de nueve ministerios diferentes. Pero el PP se negó y acusó a los grupos de "buscar únicamente la bronca".

En la norma se incluyen asuntos tan dispares como incentivos a la contratación vinculados a la Garantía Juvenil; rebajas fiscales para autónomos; medidas para facilitar la operatividad del sector comercial; la posibilidad de que los Ayuntamientos refinancien su deuda, o el adelanto de los beneficios fiscales para los desahuciados que han recurrido a la dación en pago, o para los preferentistas.

El PSOE, la Izquierda Plural y UPyD han presentado un recurso contra el proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse aunque cuando lo haga estará ya en vigor la norma.

La reunión de la comisión de Economía se celebrará previsiblemente el miércoles 27 de agosto. Según han denunciado algunos de los portavoces de la citada comisión a eldiario.es, los conservadores ya les han advertido de antemano en conversaciones informales que no van a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas.

Sea como sea, y dado que el PP goza de mayoría absoluta y que este órgano tiene competencias legislativas plenas, el proyecto de ley pasará en septiembre al Senado para que pueda entrar en vigor de inmediato. El texto solo volvería al Congreso si la Cámara Alta aprueba modificaciones, algo poco probable.

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