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El PSOE acusa al Gobierno de obligar a convocantes de manifestaciones a contratar seguridad privada

La ley de Seguridad Privada quedará definitivamente aprobada por el Congreso este jueves con las enmiendas pactadas en el Senado por PP y CiU

Los socialistas denuncian que el texto sigue dando atribuciones de policía a los vigilantes privados para poder detener, identificar y cachear a los ciudadanos en zonas públicas

El Sindicato de Estudiantes prepara con mil asambleas la huelga de los días 26 y 27

Imagen de archivo de una protesta contra la reforma educativa / EFE

El pleno del Congreso dará definitivamente este jueves luz verde a la Ley de Seguridad Privada con las enmiendas aprobadas por el Senado y pactadas en su mayoría por el PP y CiU. Aunque muchos de estos cambios son meramente técnicos, algunos de los añadidos han hecho encender las alarmas en el PSOE. Principalmente, por el hecho de que a partir de ahora, según el artículo 51 de la ley, los organizadores de "eventos" tendrán la obligación de contratar servicios de seguridad privada si el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente lo estiman oportuno. Esto, según la interpretación que hacen en el PSOE, va a afectar tanto a los organizadores de una manifestación, concentración o mitin, como a un acontecimiento deportivo de cualquier índole. Sin embargo, en la redacción de dicho articulado se habla únicamente de "eventos", sin especificar más.

De ser tal y como los socialistas creen, la nueva normativa abriría las puertas a un negocio "redondo" para un sector que anda de capa caída, tal y como reconoció hace poco el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante un acto con representantes de este colectivo. La ley, dijo, llega para "consolidar" un sector "en pleno crecimiento" y con el objetivo de "coordinar seguridad pública y privada".

Los socialistas creen que esta importante "novedad" en la ley de Seguridad Privada está íntimamente ligada al artículo 23.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana que prevé la posibilidad de que agentes privados disuelvan manifestaciones. Pero también al artículo 59 de la misma normativa recientemente aprobada por el Gobierno relativo al régimen sancionador, que establece como infracción "muy grave" que no se adopten las medidas de seguridad obligatorias con el riesgo de sufrir  multas que oscilan entre los 30.000 y 600.000 euros.

Pero hay más. Otra de las cosas que ha indignado al principal grupo de la oposición es la redacción definitiva del artículo 41, uno de los más polémicos de ley, que hace referencia a las competencias de los vigilantes privados. Según señalan, el texto final otorga a estos "agentes" atribuciones de policía, es decir, podrán detener en plena calle, exigir identificación y cachear a las personas en zonas públicas cuando lo crean oportuno, algo que el ministro del Interior siempre ha negado amparándose en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya amparaba que cualquier ciudadano pudiera hacerlo si observaba comportamientos delictivos.

Los socialistas van también al debate de este jueves dispuestos a denunciar que "no es cierto" que en el Senado se haya eliminado la facultad de que los agentes privados patrullen y vigilen las zonas comerciales. Aunque reconocen que del artículo 41 se han excluido las referencias a la "Vigilancia en zonas comerciales peatonales" y a la "Vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo", creen que la redacción definitiva que ha quedado amplía, incluso con menores garantías jurídicas para los ciudadanos, las posibilidades de actuación de la seguridad privada en espacios públicos. De este modo, el nuevo apartado b) del artículo queda así: "La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados". Mientras que el apartado d) establece: "La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados."

En el PSOE vinculan además estos cambios en la ley con el reciente anuncio hecho por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha pedido ya el pertinente permiso a la Delegación del Gobierno, que dirige la dirigente del PP Cristina Cifuentes, para instalar en puntos neurálgicos del centro de Madrid, 46 nuevas cámaras de videovigilancia con la intención de "garantizar la seguridad" en una zona muy transitada y llena de comercios.

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