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El PSOE matiza la “coincidencia absoluta” entre Sánchez y Rajoy frente al reto secesionista catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante una reunión en Moncloa en julio de 2017.

Irene Castro / Rodrigo Ponce de León

La supuesta imagen de “coincidencia absoluta” ante el desafío secesionista en Cataluña entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el Gobierno transmitió tras la reunión este jueves entre ambos dirigentes tiene una serie de fugas que desvirtúan la idea de “todos a una y con toda la ley”, que proponía el Partido Popular un día antes de de la cita en Moncloa.

En el PSOE reconocen que Sánchez y Rajoy coinciden en los “temas fundamentales” relacionados con Cataluña: el rechazo al referéndum –al que Sánchez pide incluso que no se denomine así– y al respeto a la Constitución. Reconocen que es un paso para los conservadores hablar ahora de coincidencias, dado que siempre han acusado al PSOE de Sánchez de poner en peligro la unidad de España. “Decían que nos íbamos a echar en brazos de los independentistas”, recuerdan desde Ferraz.

Pero en el mantenimiento del orden constitucional es en lo poco en lo que se han acercado hasta ahora el Gobierno y el PSOE. “Al Gobierno no le interesa poner el foco en lo que nos separa”, señalan fuentes socialistas que añaden que el Ejecutivo de Rajoy “no pone de relieve que no han hecho los deberes”, que es la principal recriminación del PSOE desde hace años.

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, admitió que “lo importante y el mensaje político que hay que trasmitir” era la “coincidencia sustancial en lo esencial” entre el Gobierno y los socialistas que se reduce al respeto al marco constitucional y a declarar ilegal el referéndum de independencia que ha anunciado el president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. 

Sánchez exige a Rajoy que acerque posiciones con la Generalitat en una reunión con Puigdemont. Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que el presidente reconoció a su interlocutor que “sería muy difícil” ese encuentro. En Moncloa dicen que “no les consta” que el presidente se pronunciara así.

Esa exigencia va acompañada de una advertencia para el Gobierno: si no se sienta con la Generalitat y ofrece una solución, el PSOE tomará la iniciativa. La portavoz socialista, Margarita Robles, reiteró que la situación está “peor” ahora que hace cinco años y reprochó al Gobierno su inacción.

En este sentido, Méndez de Vigo recordó que “la voluntad de diálogo del Gobierno con Cataluña ha existido siempre, pero dentro de la legalidad”. Fuentes de Moncloa añadieron que siempre se ha tenido “la mano tendida” y se ha invitado a Puigdemont a que vaya al Congreso a explicar y debatir su propuesta secesionista.

Un día antes de la reunión, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, anunció que la situación en Cataluña podría tener “una reconducción política a la altura” si la Generalitat abandonaba  la idea del referéndum para entrar “en terreno fértil para el  diálogo y la negociación”.

“Iniciativas legislativas” 

Frente al inmovilismo del que los socialistas llevan años acusando al PP, ahora proponen una serie de “iniciativas legislativas” que ofrezcan alternativas para acabar con el conflicto territorial. El plan que Sánchez ha puesto sobre la mesa a Rajoy es secreto. La opacidad de los socialistas responde a una cuestión de estrategia y en Moncloa optan por el silencio dado que entienden que tendría que ser el partido que hace la propuesta el que la dé a conocer.

En ese paquete de iniciativas, el PSOE incluye la reforma constitucional hacia un modelo federal a la que el PP nunca ha dado el visto bueno. Además, Sánchez ha dado un paso más al hablar de plurinacionalidad del Estado. Otra línea roja para los conservadores, que hicieron mofa de la propuesta de Sánchez al recordar que solo la Constitución de Bolivia recoge el concepto de plurinacionalidad.

Entre las resoluciones políticas aprobadas por el 39º Congreso el PSOE apuesta como “pieza esencial” de su propuesta para dar respuesta al conflicto territorial “el reconocimiento pleno de las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, ultraperifericidad, organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”. Además, el PSOE habla de “adecuar y reforzar la articulación con la Unión Europea de acuerdo con la estructura territorial y con la participación plena de las comunidades autónomas”.

El PSOE se abre también a hacer propuestas en materia de financiación como oferta para Cataluña. De hecho, Sánchez ya se mostró dispuesto durante su intento por llegar a Moncloa a aceptar “muchos” de los 23 puntos que Artur Mas planteó a Rajoy en una reunión en el verano de 2014. Parte de los reproches de los socialistas tienen que ver con aquel portazo del presidente. Creen que si hubiera negociado entonces, no se habría llegado a esta situación.

Artículo 155 de la Constitución

Una de las líneas rojas que ya ha fijado Sánchez con claridad –a través de su portavoz parlamentaria– es que no apoyará bajo ningún concepto la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Hasta ahora el PSOE no ha querido entrar en ese debate. “No se va a aplicar”, dijo Sánchez evitando posicionarse. Intentó entonces limar las declaraciones de la dirigente del PSC y miembro de su Ejecutiva Núria Parlón, que abogó por apelar a la comunidad internacional si se pone en marcha ese mecanismo constitucional que Felipe González apuesta por aplicar llegado el caso.

El artículo 155 de la Carta Magna da la potestad al Gobierno central a “adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

En un principio, el Gobierno de Mariano Rajoy elevó varios enteros sus declaraciones sobre el proceso independentista catalán ante la posibilidad de tener que adoptar medidas drásticas. Durante el mes de mayo, varios ministros calificaron de “golpe de Estado” el  borrador de la ley de Transitoriedad Jurídica, que prevé declarar la independencia de Cataluña si el Ejecutivo impide que se celebre el referéndum secesionista. Especialmente dura fue la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que no rechazó la utilización de las Fuerzas Armadas “si las amenazas se convierten en hechos”.

Tras este momento de dureza en las declaraciones, en el Gobierno han sido muy cuidadosos a la hora de mencionar las posibles medidas que se llevarían a cabo en caso de que los independentistas siguieran dando pasos fuera de la Constitución. En el Ejecutivo de Mariano Rajoy siempre se ha decidido por “la mesura y la prudencia” y tratar de “no adelantar el anuncio de medidas que solo aumentarían el victimismo” de los independentistas catalanes, aunque Cospedal sigue haciendo referencias al papel de las Fuerzas Armadas.  

Antes de la reunión entre Rajoy y Sánchez, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró convencido de que no se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Su aplicación, subrayó Rivera, “sería darle un titular fantástico a los nacionalistas, pero ni se lo vamos a dar, ni lo vamos a aplicar”. 

Sin embargo, hay más voces que se han pronunciado por no renunciar a este mecanismo que ofrece la Constitución. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declaró en una entrevista en esRadio que “el artículo 155, o cualquier otro, está en la Constitución. No descartaría absolutamente ninguna medida”. 

Como ya hizo el exvicepresidente Alfonso Guerra, el expresidente Felipe González, con la aquiescencia de José María Aznar, reivindicó el pasado miércoles que “tan constitucional es la estructura autonómica como el 155” que sirve como fórmula legal “graduable” para exigir  “de los responsables del Gobierno que si se vulneran las normas constitucionales y estatutarias den una respuesta para devolver la realidad al ámbito constitucional”.

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