El Poder Judicial se prepara para amparar al juez del caso Cursach

El Consejo del Poder Judicial ha admitido a trámite la petición de amparo formulada por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, quien ha denunciado el “continuo hostigamiento” al que es sometido por parte de varios letrados personados en el caso Cursach, que él instruye.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado así el primer paso para amparar al magistrado a petición suya y, por ahora, ha dado traslado de la situación a la Delegación del Gobierno en Baleares para que garantice la seguridad del juez.

Ha sido el propio magistrado quien ha denunciado el acoso que sufre por varios de los letrados personados en el denominado caso Policía Local o caso Cursach, según una nota del CGPJ.

La investigación del juez tiene como sospechoso principal de la causa al empresario Bartolomé Cursach, encarcelado preventivamente desde el pasado 3 de marzo, por riesgo de fuga y para proteger la instrucción, y mantenido en prisión recientemente por la Audiencia de Palma. Se investiga una presunta trama corrupta en favor de sus negocios.

El magistrado refiere en su denuncia, según señala el CGPJ, “constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en las inmediaciones o en la puerta de su domicilio e incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside”.

Además, denuncia “maniobras que buscan su descrédito, anuncios más o menos velados de denuncias, demandas y querellas y la convocatoria de una manifestación pública para el mismo día -el pasado 27 de noviembre- en el que estaban citados para declarar en el Juzgado varios de los investigados en el procedimiento”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 14, que “los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial”.

Este órgano ha venido considerando que, para acceder al amparo, los ataques denunciados deben alcanzar una entidad que, por su repercusión, su intensidad, su momento procesal o su contenido personal, ponga en serio riesgo la capacidad de cualquier juez para decidir sin presiones determinantes.

En el presente caso, la Comisión Permanente considera que, del relato de hechos expuesto por el magistrado, cabe suponer que se han producido actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial.

Por ello, la Permanente acuerda admitir a trámite la petición de amparo formulada y, tal y como prevé el artículo 322 del citado Reglamento, dar traslado a los letrados referidos por el magistrado para que efectúen cuantas alegaciones estimen convenientes.

También se da traslado al Colegio de Abogados de Baleares a los efectos oportunos y a la Delegación del Gobierno en Baleares para que informe de quién comunicó la manifestación del pasado 27 de noviembre y para que, a la vista de lo relatado por el magistrado, adopte, en su caso, medidas de seguridad si lo considera oportuno.