Toda la oposición menos el PNV pide a Montoro que retire la reforma local

Todos los grupos de la oposición en el Congreso excepto el PNV, que ha retirado su enmienda a la totalidad en el último momento, han reclamado hoy al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que retire la reforma local, por creer que ni ahorrará ni simplificará la administración.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha tachado el proyecto de “tropelía” y “chapuza”, ha dicho que tendrá un efecto “demoledor” en el municipalismo y ha insistido en que tiene elementos de inconstitucionalidad en los que se basará su grupo para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Zarrías, quien ha recordado que el PSOE derogará esta ley si vuelve a gobernar, ha acusado a Montoro de mentir al apuntar que supondrá un ahorro de 8.000 millones y ha subrayado que lo que significará es el desmantelamiento de los servicios públicos y nuevos recortes al Estado del bienestar.

Según su criterio, la norma abre “de par en par” la gestión de los servicios públicos locales al sector privado con la mediación de las diputaciones provinciales, que podrán hacerse cargo de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son más del 85 por ciento del total.

También el resto de grupos parlamentarios han enmendado el proyecto del Gobierno, con nueve enmiendas a la totalidad después de que el PNV optara finalmente por retirar la suya, una vez que Montoro se haya comprometido a respetar la foralidad de Euskadi y de seguir dialogando sobre otras reclamaciones de los nacionalistas vascos.

Ante este compromiso, el grupo vasco ha preferido dar al Gobierno “un margen de confianza” y retirar su veto, según ha explicado en la tribuna el diputado Pedro Azpiazu.

El alcalde de Roses (Girona), Carles Pàramo, como diputado de CiU, ha atacado la propuesta por considerar que modifica “a peor” la administración más próxima a los ciudadanos y lo pagarán los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos.

La ley “empeora” los servicios y la calidad democrática, y “todo a un coste más alto”, ha agregado, y ha señalado que ni mejora la financiación municipal ni logra la sostenibilidad de las finanzas municipales.

“Podemos entender que no sirve para España, pero desde luego no sirve para Cataluña”, ha subrayado Pàramo, tras hacer hincapié en que se trata de un proyecto que “no atiende” a las particularidades diversas, abandona a los ayuntamientos “a su suerte” y sólo busca la “reafirmación provincial”.

Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha advertido de que el Estado de bienestar se ve en peligro con este “desmantelamiento que se pretende desde la base”, y la reforma “demoniza” la labor de los ayuntamientos, que actuaban como “diques de contención” frente a los recortes “inmisericordes” del Gobierno.

Con esta reforma, ha añadido, culmina “el bienio de la demolición del Estado social” por parte del PP, que “engaña” a la ciudadanía defendiendo reformar un Estado “mal ordenado” cuando lo que en realidad quiere es imponer su “proyecto neoliberal de menos Estado y menos democracia”.

La diputada de IU cree también que con esta ley se pretende hacer un “trasvase de servicios públicos a unas pocas manos”, las de “grandes empresas privadas”, mientras se pierden “decenas de miles de empleos”.

Rosa Díez, como portavoz de UPyD, ha comenzado felicitando con ironía a Montoro por conseguir que casi toda la oposición enmiende su proyecto y por ser “el ministro de todo” e incluso, el presidente del Gobierno sin que le voten en las Cortes, y ha advertido que cuando en un Ejecutivo manda el ministro de Hacienda es porque no hay política de Gobierno.

“Es una ley que tiene como consecuencia más opacidad, menos democracia, un reforzamiento del bipartidismo y de los chiringuitos relacionados con el bipartidismo”, ha dicho Díez sobre la reforma, que a su juicio no resuelve los problemas de financiación o de duplicidades entre las administraciones y “está hecha para mantener el control clientelar de las instituciones locales”.

La líder de UPyD ha recalcado que se mantienen todos los ayuntamientos, pero les quitan competencias, y además refuerza el poder de las diputaciones.

Desde el grupo mixto, la diputada de ERC Teresa Jordá ha asegurado que la ley retrotrae a los ayuntamientos “a los tiempos del NODO”, suprime la democracia local y refuerza el poder de las diputaciones, a la que ha tachado de “agencia de colocación bipartidista”.

Idea reiterada por el Joan Baldoví, de Compromís-Equo, que ha acusado a las diputaciones de ser refugio de “caciques” como se ha demostrado, a su juicio, en la Comunidad Valenciana o Galicia.

Según la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, el proyecto encubre el objetivo de privatización de los servicios que prestan los ayuntamientos, y Uxue Barkos, de Geroa Bai, aleja de los ciudadanos la institución más cercana.

“Con esta ley parece que todos los políticos somos iguales y eso no es así, no todos nos hemos lucrado por el dinero público”, ha dicho desde la tribuna la diputada de Amaiur Onintza Enbeita.