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Lo que González-Trevijano deja en el pasado

El recién nombrado magistrado del Constitucional se defiende de la petición del juez de que entregue justificantes de unos gastos de la universidad que dirigía: "La contabilidad de la Universidad está auditada por el Tribunal de Cuentas y su presupuesto aprobado por el Consejo Social"

La elección de Trevijano para el TC crea una vacante en la Junta Electoral Central

El recién designado magistrado del Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano

El recién nombrado por el Gobierno magistrado para el Tribunal Constitucional Pedro José González-Trevijano ha dejado su anterior cargo como rector de la Universidad Rey Juan Carlos rodeado de polémica.

Trevijano se querelló por injurias contra uno de sus exvicerrectores David Ríos Insua, que también fue su contrincante en las últimas elecciones a rector, a raíz de unos comentarios anónimos vertidos en su página web, en los que se aseguraba que el recién elegido magistrado y miembros de su equipo directivo se quedaban con comisiones de contratas de la universidad. A raíz de esa querella, el juez abrió diligencias previas en las que solicitó a la institución educativa un "listado desglosado de datos y sus correspondientes justificaciones" de una serie de partidas de "gastos diversos" que en los últimos años ascienden a 400.000 euros para poder determinar si el comentario había incurrido efectivamente en un delito de injurias.

"La querella es a instancias de los órganos de gobierno de la universidad", se defiende el ya exrector Pedro González Trevijano, que asegura que la Universidad Rey Juan Carlos no tiene ningún problema de índole económico y que su contabilidad está "auditada por el Tribunal de Cuentas y su presupuesto aprobado por el Consejo Social".

La universidad no entregó los documentos y recurrió la segunda providencia del juez, emitida dos meses después, alegando que "el objeto del procedimiento no es establecer si el rectorado tiene unos gastos de representación, en el ejercicio al que se refieren los autos, de 135.000 euros, sino la falsa e injuriosa manifestación del anónimo" que aparecía en la web del querellado. "Nadie se ha negado a nada", afirma Trevijano, que asegura que la institución presentó un escrito en el que figuraba que los gastos estaban a su disposición en los presupuestos de la universidad. 

En cuanto al recurso interpuesto ante la decisión del juez, Trevijano señala que la universidad "defiende sus derechos como le parece pertinente". Ahora el juzgado ha desestimado el recurso y vuelve a solicitar que justifique en qué se invirtió la partida dedicada a "gastos diversos", en la que se que incluyen "atenciones protocolarias y representativas, promoción de económica, educativa y cultural, y otros gastos". "Si el juez pide los documentos, se entregarán", sentencia.

Próximo a la derecha

Trevijano fue uno de los tres expertos de la comisión creada por el Gobierno de Zapatero sobre el futuro del Valle de los Caídos que se opusieron a la recomendación de sacar de la basílica los restos del dictador Francisco Franco. "La exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo", rezaba el voto particular.

La cercanía del nuevo magistrado con la derecha no es ningún secreto. En la universidad que dirigía varios profesores tienen vínculos familiares con destacados miembros del Gobierno y del Partido Popular. En la nómina del centro figuran Isabel Ruiz Gallardón, prima del ministro de Justicia, Margarita Cifuentes, hermana de la delegada del Gobierno, y Francisco Marhuenda, director de La Razón, y que ha ostentado altos cargos en gobiernos del PP. En cuanto a la primera, fuentes de la Universidad aseguran que ya formaba parte del centro cuando Trevijano llegó al poder y, en cuanto a la hermana de Cristina Cifuentes, explican que procede de la Comunidad de Madrid y que "probablemente solicitó el traslado".

Su sucesor, imputado

Otro de los asuntos que deja atrás Trevijano es la imputación por un delito de amenazas cometido presuntamente por su sucesor en funciones. Los hechos se remontan a 2010, cuando el entonces vicerrector de profesorado, Fernando Suárez Bilbao, presuntamente amenazó con "hacer la vida imposible" a los miembros del Departamento de Estadística e Investigación operativa si no retiraban su apoyo en las elecciones al claustro a Ríos Insua, según figura en la querella presentada por el director del área ante el juzgado de instrucción de Móstoles.

El subordinado de Trevijano supuestamente chantajeó al querellante con reducir las asignaturas del departamento y despedir a "todos los profesores a su cargo" si no manifestaban públicamente su rechazo al candidato. El querellante asegura en el texto presentado en el juzgado que el vicerrector le amenazó con represalias si no cumplían su condición: "Eso tendrá sus consecuencias, pasarán cosas muy desagradables que ni tú ni yo queremos que pasen, lo que quiero es que David pare de una puta vez". También argumenta que se han cumplido las amenazas con el despido de varios profesores y con el traspaso de asignaturas a otros departamentos.

Fuentes oficiales de la universidad aseguran que se trata de una denuncia basada en unas "supuestas grabaciones que no se han presentado como prueba física, sino que solo figura la transcripción". "Los hechos supuestamente ocurrieron en 2010, sorprende que no lo denunciaran en su momento", añaden.

La pelea entre los dos catedráticos viene de largo. En 2009, Ríos denunció que Pedro González-Trevijano concurriera a un tercer mandato como rector. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón, pero el rector presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que anuló la sentencia anterior y declaró la plena legitimidad de Trevijano para ser reelegido. En octubre de 2010, fecha en la que se produjeron presuntamente las amenazas, Ríos pidió la suspensión de las elecciones al claustro.

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