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Abogados españoles se querellan contra la juez que admitió la demanda a Llarena en Bélgica y los abogados de Puigdemont

Los denunciantes aseguran que la demanda busca "amedrentar" al instructor de la causa por el 1-O y "violar" la jurisdicción española

Va dirigida contra Puigdemont, los exconsellers en Bélgica, la traductora de la querella, la jueza del caso y el abogado de la defensa, Gonzalo Boye

Les atribuye delitos de prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo. José Luis Cereijido / EFE

Un grupo de abogados españoles ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Carles Puigdemont, los cuatro exconsellers huidos en Bélgica, el abogado que coordina su defensa, la traductora de la demanda contra Llarena y la jueza que ha asumido el caso en aquel país 

Los letrados firmantes denuncian que se trata de una demanda "fraudulenta y falsaria" que constituye "un claro ejemplo de maniobra procesal torticera" contra la causa del 1 de octubre. Tiene, añaden, "espurias finalidades políticas y el fin de quebrantar la jurisdicción española", así como "amedrentar" al instructor de la causa en el Tribunal Supremo y "perjudicar el desarrollo" de caso. 

Los firmantes de la querella presentada en la Audiencia Nacional son miembros de la Asociación Movimiento24DOS y al frente de la misma está el letrado Nicolás González-Cuéllar. Junto a él, otros conocidos abogados de Madrid como Adolfo Prego, Ignacio Gordillo, Cruz Sánchez de Lara, Beatriz Hernández Abreu y Carolina María Mata de la Torre. 

Los delitos que denuncian son prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental. Alegan que la querella a la que reaccionan está "formalmente" dirigida contra Llarena, pero "materialmente tiene el objetivo de denigrar nuestras instituciones democráticas, así como violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española".

Lo hace, aseguran los querellantes, con "una base de relatos de los hechos inventado, esperpénticos en el juicio de valor y manipulación al francés" de las palabras de Llarena en un acto público. "Las realmente pronunciadas por él son de una neutralidad exquisita, pero aún en el hipotético caso de que alguna expresión hubiera sido indicativa de falta de neutralidad, las consecuencias legales que de ello se derivaran, en su caso, tampoco correspondería dilucidarlas a la justicia belga", dice la querella de los letrados. 

A Puigdemont y los exconsellers les acusa indiciariamente de ser "inductores" de un delito de prevaricación y otro de usurpación de funciones. Al abogado Gonzalo Boye le acusan de lo mismo y añaden que, "en el caso de que actuara concertado con la traductora", sería autor de un delito de presentación de traducción falsa o, alternativamente, de falsedad documental.

"El señor Boye es el único de los letrados firmantes cuya lengua materna no es el francés y, por tanto, al que una vez más indiciariamente, cabe atribuir la redacción del párrafo en francés en que se contiene la tergiversación y que no puede haber sido redactado por un francófono por su incorrección linguística".

Respecto a la traductora, la querella dice que debe declarar como investigada "dado que el señor Boyé le ha atribuido públicamente la tergiversación de la traducción", mientras que ella "ha negado haber conocido el texto en francés presentado ante el tribunal". A la jueza del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Anne Dessy, le atribuyen indiciariamente prevaricación y usurpación de funciones porque, "pese a haber conocido la demanda, no ha inadmitido de plano, como debería haber hecho, sin excusa ni dilación, citando a las partes a otra actuación procesal".

Abogados Europeos, con sus colegas de la defensa

Por otra parte, los Abogados Europeos Demócratas (AED) ha expresado en un comunicado su "preocupación e indignación frente al acoso que sufren los abogados Paul Bekaert, Michele Hirsch, Christophe Marchand y Gonzalo Boyé, en guisa de represalia por su eficiente defensa" del expresidente Puigdemont y los exconsellers.

"Los abogados han sido víctimas de manifestaciones de odio y delcaraciones difamatorias atacando su reputación y la independencia con la que deben ejercer su profesión. Amenazas contra su integridad física han sido igualmente proferidas", añaden la AED.

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