Hacienda remite los informes sobre el exvicepresidente de Castilla y León al juez del Perla Negra 8 meses después y en un CD dañado
La Delegación de la Agencia Tributaria de Castilla y León ha remitido ya los informes sobre el exvicepresidente de Castilla y León Tomás Villlanueva y sus familiares que ahonda en las 83 cuentas que manejaron desde 2005 y que tratan de verificar si se produjo un enriquecimiento ilícito por su implicación en el caso Perla Negra.
Los expedientes sobre Villanueva, su esposa, hijos hermanos y cónyuges, se han enviado al juzgado que instruye el caso 8 meses después de que lo ordenase pero se desconoce, por el momento. su contenido: al retraso acumulado por razones no explicadas se suma el hecho de que el cd que contiene la información está dañado y es ilegible.
Villanueva siempre intentó, además de recurrir su imputación en el caso, que no se fiscalizase su patrimonio, por considerar que se trataba de una “investigación prospectiva”. El mismo día en el que el juez, desestimando sus argumentos, ordenaba los informes, Tomás Villanueva falleció inesperadamente. Su imputación en el caso Perla negra se produjo por los posibles delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, y no se descartaba el delito de cohecho y el blanqueo de capitales.
Para el juez, el que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León era “conocedor en todo momento e incluso inspirador de las decisiones cuestionadas sobre los diversos temas objeto de investigación, partícipe de los posibles incumplimientos de la legalidad, según informes de la Intervención General de la Administración del Estado”. La investigación patrimonial tiene como objetivo, según informó la Fiscalía “averiguar no sólo su situación económica a efectos de resarcimiento, sino si quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y consejero de Economía, puede poseer bienes sin cobertura lícita aparente, como ha resultado en el caso del viceconsejero de Economía y secretario general, Rafael Delgado Núñez”.
Villanueva estaba además imputado en la Trama Eólica. Con su fallecimiento se archivó la responsabilidad penal, pero no la civil, de manera que el juez tuvo que remarcar a la Agencia Tributaria que debía remitir los informes con lo investigado hasta el 7 de septiembre, día en que murió.
Por otro lado, las declaraciones del caso Perla Negra se retoman este lunes, con la comparecencia ante el juez del empresario dueño de la empresa Nioma Activos, que se hizo con la sociedad belga de los constructores del Perla Negra a quienes la Consejería de Economía alquiló un palacete en Bruselas para establecer allí su sede comercia.
El contrato de alquiler se produjo en la misma etapa en la que la Consejería había adjudicado a los mismos empresarios la construcción del edificio de Soluciones Empresariales conocido como 'Perla Negra'. En principio se trataba de un alquiler con opción a compra. El concurso se amañó, tal y como se ha reconocido por parte de los arquitectos antes el juez. Pero es que además, se modificaron las condiciones económicas cuando uno de los consejeros de la sociedad pública que asumía su construcción, avisó a Juan Vicente Herrera de que se manejaban precios disparatados. Así, la Junta se vio obligada a revisar el asunto y facilitó al consejo un acuerdo para la compra y una tasación de 52 millones de euros. Aun así se acabaron pagando 70 y además, tal y como desveló eldiario.es, la Junta ocultó otras dos tasaciones que estimaban el valor del inmueble en 39 y 41 millones respectivamente.
En cuanto al contrato que se firmó para el palacete de Bélgica, las condiciones eran leoninas: la Junta acordó un arrendamiento durante 15 años que debía pagar aun cuando se rescindiese el contrato. La política de austeridad del Gobierno nacional obligó a la Junta a reubicar todas sus sedes en el extranjero en oficinas de Exteriores y el contrato se resolvió. Aunque la Junta asegura que no pagó, lo cierto es que el dinero, 1,6 millones, se reclamó. En medio de todo ello, la sociedad belga de los empresarios vallisoletanos pasó a manos de un empresario madrileño, que prosiguió con la reclamación de la indemnización. Este lunes tendrá que explicar por qué compró la mercantil, a qué precio y si llegó a cobrar la deuda.
