El plan antisuicidios de la Policía lleva 18 meses paralizado pese a que las muertes han crecido un 30% en una década
El plan antisuicidios de la Policía, una de las medidas estrella del actual Gobierno para las condiciones laborales de los agentes, lleva detenido un año y medio. En junio de 2018 se finalizó el primer borrador y, desde entonces, no ha sido posible aprobar el protocolo que pretende hacer frente a la problemática de los suicidios en el Cuerpo Nacional de Policía. Mientras tanto, la cifra de agentes que se quitan la vida comienza a enquistarse en 9 al año de media, un 30% más que hace una década. Desde aquel primer borrador de mediados de 2018 hasta hoy, un total de 13 agentes se han suicidado.
El pasado mes de septiembre, 14 meses después, los sindicatos policiales recibieron un segundo borrador del protocolo y no han vuelto a tener novedades al respecto. Entre tanto, la Sudirección de Recursos Humanos y Formación que dirige la comisaria principal Pillar Allúe elaboró el pasado 1 de octubre una “nota interna” en la que trata de convencer de que la problemática en el seno de la institución es similar a la que sufre la sociedad española.
Ese informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, comienza por afirmar que la tasa de suicidios “es más alta en la Policía Nacional que en el global de la sociedad” (suele ser el doble, aunque en 2017 casi la triplica), pero añade que a las cifras totales hay que aplicarles unas correcciones estadísticas que sitúan la problemática en el Cuerpo y fuera de él en parámetros “muy parecidos”.
Esas correcciones consisten en que en España se suicida una mujer por cada tres hombres y en la Corporación hay un 85% de hombres. Por otra parte, la nota interna destaca que los funcionarios que se quitan la vida lo hacen mientras están en activo, por lo que la comparación debe hacerse con el resto de la sociedad en ese tramo de edad.
La cifra de suicidios comenzó a crecer de forma significativa durante esta década a partir de 2012. Los dos años anteriores se había repetido la cifra de 6 muertes por esta causa y en el ejercicio citado subieron a 9. A partir de ahí la cantidad de suicidios no hizo más que crecer, alcanzando un pico de 13 fallecidos en 2017. Esa es la última cifra de un ejercicio cerrado que se encontró el director general de la Policía, Francisco Pardo, cuando tomó posesión en el verano de 2018. El número de personas que se quitan la vida en España a partir de la cual se hace la comparativa es de 3.569 al año, el último dato oficial proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El documento, que reconoce la necesidad de un protocolo antisuicidios, recuerda que existen “medidas preventivas” que se remontan a 1991, como es el caso de una circular del jefe del Servicio Sanitario de entonces en la que se aconsejaba a los mandos retirar el arma reglamentaria o cualquier otra en posesión de los policías que estén de baja psicológica. Asimismo, la Dirección General defiende la existencia de pruebas de detección precoz dentro de los reconocimientos médicos para detectar conductas suicidas. Desde 2017 se han practicado, asegura el informe, 15.000 de estos reconocimientos.
La Policía cita en esa nota interna “estudios internacionales” según los cuales los miembros de las Fuerzas de Seguridad presentan características que les sitúan en una situación más propensa al suicidio, como es el acceso a un arma, la exposición a situaciones traumáticas o la existencia de una “subcultura que tiende a estigmatizar a quienes padecen procesos relacionados con enfermedades mentales”, entre otros motivos.
En la misma nota se habla del grupo de trabajo existente dentro de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial para la elaboración de un Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la conducta suicida, y que tendrá, según recoge, un enfoque “netamente preventivo” e incluirá un “protocolo de asistencia psicológica”, así como 14 medidas específicas.
