El borrador de la comisión de Pegasus en la Eurocámara cuestiona la actuación del Gobierno y exige una reparación para los independentistas

Eurodiputados protestan contra el espionaje ilegal con Pegasus.

Irene Castro

Bruselas —

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El borrador de las conclusiones de la comisión de investigación sobre el uso del programa de espionaje Pegasus en la UE su utilización por parte del Gobierno para vigilar a diputados, abogados, periodistas o activistas en el marco del conocido como Catalangate. El proyecto de informe, que ahora tiene que pasar por el trámite de enmiendas antes de su votación definitiva, señala que esas personas “fueron objeto de ataques sin que existiesen cargos penales ni amenazas inminentes evidentes para la seguridad nacional”. Además, es muy crítico con la respuesta que ha recibido de los gobiernos implicados, así como de la colaboración de la Comisión y el Consejo Europeo. En el caso de España, exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez “plena claridad en los presuntos casos de utilización de programas espía” y vías de recurso para los independentistas.

Como ya hizo en las conclusiones, el documento elaborado por la eurodiputada liberal  Sophie in ‘t Veld apunta a Marruecos en el espionaje a Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Pero en el caso del 'Catalangate' en el que el software se empleó en los dispositivos de 65 personas vinculadas al independentismo, de los cuales 18 fueron reconocidos por el Ejecutivo, plantea “dudas” sobre la aplicación de el marco legal vigente para llevar a cabo esa vigilancia por parte de los servicios de inteligencia españoles.

En el proyecto de recomendaciones que se plantearán a la Comisión y al Consejo, también pide al Gobierno de España que “aporte plena claridad en los presuntos casos de utilización de programas espía” y que “garantice vías de recurso reales y significativas para todas las víctimas, y que las investigaciones judiciales concluyan sin demora”. Por el momento las investigaciones están bajo secreto sin que se hayan conocido muchos detalles del proceso. El informe aprovecha para apremiar a España a resolver “urgentemente la actual crisis del poder judicial”, que lleva con su mandato caducado más de cuatro años.

“Considera que se han producido infracciones o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso y el comercio de programas espía en Polonia, Hungría, Grecia, España y Chipre”, recoge el informe al que los grupos pueden presentar enmiendas hasta el próximo 10 de febrero. Su votación definitiva no se espera hasta el mes de abril. Entre medias, está previsto que el Parlamento Europeo envíe una misión a Madrid el 20 y 21 de marzo para analizar la situación, como ya hizo anteriormente con otros países en los que se han producido casos similares.

A pesar del señalamiento a todos esos países, las conclusiones son menos duras en el caso de España, ya que reconoce que tiene un marco legal que “parece estar en consonancia con los requisitos establecidos en los Tratados y en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Sus recomendaciones son, además, más reducidas.

En los casos de Polonia, Hungría y Grecia, el informe ve “probable” que “se hayan producido infracciones y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión” con el uso de ese tipo de sistemas y hace más recomendaciones que a España. Así, les reclama que restablezcan “urgentemente garantías institucionales y jurídicas suficientes, incluido un control ex ante y ex post eficaz, así como mecanismos de supervisión independientes” o que invite a Europol a investigar “todos los casos de presunto uso indebido de programas espía”, entre otras cuestiones.

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