Brecha digital, falta de control y coste, principales problemas de las votaciones 'online'

Uno de los mantras de la nueva política es el de la participación. Las personas, el pueblo, los ciudadanos o la gente (según) tienen el derecho de intervenir directamente en la toma de decisiones políticas. Esto se traduce en procesos que van desde elegir a representantes para los órganos internos de los partidos a seleccionar a los candidatos a los cargos públicos, pasando por la elaboración de los programas, votaciones concretas (investiduras, pactos con otras formaciones o leyes) o presupuestos participativos. La herramienta determinante para ponerlos en marcha es Internet, con la inestimable colaboración del teléfono móvil. Y con sus importantes limitaciones.

La irrupción de Podemos marca un antes y un después en lo que a participación política se refiere en España. Pero antes de que el partido de Pablo Iglesias otros ya pusieron en marcha formatos similares. Sus resultados son cuantitativamente abrumadores en comparación con los que lograron formaciones como Equo, Compromís y UPyD, por poner solo tres ejemplos, pero los procesos se enfrentan a los mismos problemas. Hay barreras que impiden que, hoy por hoy, se pueda extender su uso a toda la población.

La brecha digital

En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre de 2014 (aquí, en PDF), un 40,7% de los encuestados revelaba no haber utilizado el correo electrónico en los últimos seis meses, más de la mitad no había entrado en una red social tipo Facebook o Twitter y un tercio no usó ninguna aplicación de mensajería instantánea vía móvil como Whatsapp o Telegram.

La misma encuesta mostraba que quienes sí habían usado estas tecnologías, un 21,3% lo hizo para “buscar/recibir información sobre áreas de interés (política, cultura, medio ambiente, etc.”); un 6,8% para “contactar y/o comunicarse con algún político/a” y un 19,1% había escrito “comentarios sobre temas de actualidad, sociales o políticos en algún foro, blog o red social”.

Unos meses antes, tras las europeas de mayo, el CIS publicó un estudio postelectoral (aquí, en PDF). Un 35% de los encuestados decía no haber utilizado Internet en los tres meses anteriores. Del 65% restante, un 9,3% había consultado “páginas de candidatos o partidos” y un 8,7% de “organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos”.

Estos estudios no revelan los motivos por los que hay personas que no acceden a Internet de forma regular, pero sí señalan que cualquier actividad política que tenga como base o como principal elemento la red deja fuera a buena parte de la sociedad. El CIS deja bastante claro, además, que a quienes son ajenos a Internet hay que sumar los que usan la tecnología como una herramienta ajena a la política.

Estos datos no han pasado desapercibidos a muchos de los que promueven este tipo de participación. Pero las ideas puestas en práctica hasta ahora tampoco han aportado una solución definitiva.

Durante este fin de semana se están celebrando en Madrid las primarias para elegir a los integrantes de la lista de Ahora Madrid al Ayuntamiento. El partido instrumental en el que se integran Ganemos y Podemos ha habilitado puntos de votación presenciales. Antes ya lo había hecho el partido de Pablo Iglesias.

En ambos casos se han enfrentado al problema de que la existencia de dicha posibilidad y la información sobre su localización es accesible casi únicamente a través de Internet.

Eficacia frente a seguridad

Pese a los problemas, la participación en los procesos de Podemos ha sido muy elevada desde el principio. Cuando Pablo Iglesias anunció el lanzamiento del partido reunió decenas de miles de firmas en apenas unas horas. Las primarias de las europeas tuvieron también un alto índice de participación si se tiene en cuenta que por entonces Podemos era un partido político que no tenía ni la más mínima estructura. Hoy, más de 360.000 personas están inscritas en el censo.

Podemos decidió ya en los primeros meses de 2014 que ante el dilema entre ser eficaces y ofrecer una seguridad del 100%, optarían por la eficacia. Es una máxima que han seguido en todos los procesos internos a los que se ha enfrentado el partido y que, al menos en términos cuantitativos, se ha demostrado acertada.

Antes que el partido de Iglesias, otros pusieron en marcha procesos similares. Equo y Compromís, que durante años han compartido plataformas y proyectos, optaron por la seguridad. Para participar en los distintos procesos que pusieron en marcha había que certificar de forma indudable la identidad. Esto obligaba a reclamar documentos, que los usuarios tenían que escanear y enviar; después, había que confirmar su autenticidad con el trabajo de voluntarios. La alternativa es establecer costosos sistemas de autentificación. Todo este proceso dificulta enormemente la participación y, sobre todo, la llegada de nuevas personas.

El DNI electrónico nunca ha sido una opción real por su nula implantación en España.

La seguridad reduce la participación. Pero la eficacia puede provocar problemas de legitimidad. Uno de los últimos casos se vivió durante las primarias para elegir al representante de los inscritos en el extranjero de Podemos, que tuvo sus dosis de polémica.

Los órganos del partido denunciaron que el proceso había sufrido un boicot. Grosso modo, durante las votaciones se registraron sufragios procedentes de una misma dirección IP (el código que identifica a un dispositivo conectado a Internet) que, según la Comisión de Garantías, alteraron el proceso. Podemos retrasó la publicación del resultado final y se analizaron las impugnaciones de las distintas candidaturas. Finalmente, se declaró vencedora a Esperanza Jubera, la candidata apoyada por el entorno de Pablo Iglesias.

El caso, más allá de la limitada polémica que suscitó, refleja lo vulnerable de un proceso que ha convertido la máxima “un hombre, un voto” en “un móvil, un voto”. El teléfono ha sido la herramienta elegida para confirmar la identidad de los electores lo que impide, por ejemplo, una delimitación territorial.

Los problemas ocurridos en Ourense

Esto ocurrió en la plataforma ciudadana Ourense en Común, que ha anulado el proceso de primarias llevado a cabo la pasada semana. Así lo decidió la asamblea de la formación el pasado miércoles, tras las denuncias recibidas por algunos integrantes de que algunas formaciones movilizaron votos de fuera de la localidad.

El reglamento de primarias acordado permitió la movilización de votantes de otros municipios, tal y como han reconocido desde Compromiso por Galicia (CxG), uno de los partidos que forma parte de Ourense en Común y que se alzó con los dos primeros puestos de la lista. La formación galleguista acusa también a otras de métodos semejantes.

Para poder votar no se exigía estar empadronado ni haber firmado el manifiesto, criterios que sí han seguido otros procesos de confluencia gallegos, como la Marea Atlántica de A Coruña. En este caso se solicitó la copia de un DNI con domicilio en la ciudad o una factura que acreditase la residencia en la urbe. En Madrid, el proceso de primarias de Ahora Madrid exige una declaración de veracidad de los datos que se aportan, pero no se comprueban antes de emitir el voto. Este fue uno de los motivos que esgrimió IU para no sumarse al proceso de confluencia.

El proceso en la ciudad gallega se anuló al quebrarse la confianza, algo a lo que todavía parece no haber sucumbido Podemos. La vorágine electoral en la que el calendario y la voluntad política han convertido 2015 tampoco ayudará a analizar con detenimiento el asunto ni a encontrar un método eficaz, seguro y asequible. Pero cuando tras los próximos comicios los representantes de la autodenominada nueva política adquieran responsabilidades de gobierno, si lo hacen, tendrán que acometerlo. Un proceso interno de un partido o una candidatura es muy diferente a organizar el escrutinio de cargos y representantes públicos.