Bruselas pide “abordar el bloqueo” del Poder Judicial “consultando a todas las partes” y evitando “la politización”

El PSOE y Unidas Podemos están aumentando la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años, y registraron el miércoles una proposición de ley en el Congreso para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

“Como recordarán”, ha dicho el portavoz del comisario de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, “habíamos expresado una posición clara de que es importante abordar la cuestión del Consejo General del Poder Judicial [bloqueado] y, al mismo tiempo, garantizar que no sea percibido como vulnerable a la politización”.

Wigand ha reconocido que el Ejecutivo comunitario es “consciente” de la “nueva propuesta”, y ha añadido, después de adelantar Europa Press el malestar en Bruselas: “Es importante que los Estados miembros, al reformar el sistema judicial, lleven a cabo las consultas necesarias, si es necesario, con todas las partes interesadas, con todas las partes interesadas relevantes y con la Comisión de Venecia [del Consejo de Europa]. Los Estados miembros deben seguir las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. Continuaremos siguiendo de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno español”.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

¿Cuáles son todas las partes interesadas? “Cuando digo todas las partes interesadas relevantes, me refiero a todas las partes interesadas relevantes. Eso incluye, por supuesto, actores relevantes en la esfera política, pero también en la esfera judicial”, ha respondido Wigand.

Hace una semana, el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, mantuvo una reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, pero Wigand no ha confirmado si el ministro comunicó el posterior registro de la propuesta de reforma de las funciones del Poder Judicial: “Hubo una reunión por videoconferencia la semana pasada entre el comisario y el ministro de Justicia español sobre diferentes temas. En primer lugar, sobre el fiscal europeo, algo que el comisario ha hablado con muchos ministros en los últimos días para asegurar que pueda comenzar rápidamente. Y también en algunas otras cuestiones, incluido el informe sobre el Estado de Derecho y la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Y el ministro aseguró al comisario que se llevaría a cabo la consulta necesaria con la Comisión de Venecia. Por supuesto, continuaremos trabajando de manera constructiva con el gobierno sobre este tema”.

“Continuaremos trabajando de manera constructiva con nuestras contrapartes”, ha concluido el portavoz comunitario: “No emitimos juicios sobre proyectos de ley. Reiteramos principios generales que son importantes y que se aplican horizontalmente y, por supuesto, son relevantes para el caso en cuestión”.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.