Camps, Mato, Soria... Pedro Antonio Sánchez, el último caído de la corrupción del PP
“Pensando en la gente, para salvar a Murcia del tripartito”. Pedro Antonio Sánchez anunció este martes, rodeado de todo su equipo de Gobierno y en el patio que utiliza para los grandes actos, que se rinde. Que pone fin a la huida hacia delante iniciada el pasado 20 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citó para declarar como imputado por las irregularidades detectadas en el auditorio que construyó en Puerto Lumbreras durante su época como alcalde.
Sánchez tira la toalla forzado por su partido que envió a Murcia al hombre de confianza del presidente, el vicesecretario Fernando Martínez Maillo, para convencer al líder del PP regional reelegido hace solo unas semanas de que su continuidad era inasumible a solo unas horas de que el Parlamento regional debatiese la moción de censura contra él que había presentado el PSOE. La exposición razonada que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco remitió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la que atribuye otros tres delitos a Sánchez en el sumario Púnica ha sido la puntilla.
Pedro Antonio Sánchez es el último nombre de una lista creciente: la de cargos del Partido Popular que han tenido que dimitir tras verse involucrados en casos de corrupción. Casi todos con un via crucis similar.
Como Francisco Camps, el presidente valenciano que se atrincheró en el cargo cuando trascendieron sus vergonzantes conversaciones con los cabecillas de la trama Gürtel. El 21 de julio de 2011, horas después de faltar a su cita en el juzgado para evitar pagar la multa y asumir su culpabilidad en el caso de los trajes, renunciaba como presidente. Cuando finalmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en enero de 2012, ya nadie en su partido se acordó a él, chamuscada como estaba su imagen por los escándalos políticos que sacudieron a la región durante sus ocho años de mandato.
El mismo caso arruinó también la carrera política de la exministra Ana Mato. También ella intentó aferrarse al ministerio, incluso después de declarar en el juzgado que no le extrañó la existencia de un Jaguar en su garaje ni el ostentoso nivel de vida de su marido Jesús Sepúlveda cuando era alcalde de Pozuelo. Finalmente el 26 de noviembre de 2014, en vísperas de un pleno en el Congreso que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy planeaba anunciar medidas anticorrupción, Mato entregó su cabeza para evitar su continuidad pudiese “perjudicar al Gobierno, a su presidente o al PP”. Cualquier mensaje de regeneración del PP resultaba incompatible con el calificativo que la Audiencia Nacional había colocado a la ministra: “Partícipe a título lucrativo de la red Gürtel”.
Su compañero de gabinete José Manuel Soria, también tuvo que dejarlo cuando su nombre apareció asociado a Los Papeles de Panamá. El ministro en funciones de Industria hizo también un tour por los medios de comunicación invocando su inocencia. El periplo lo llevó a incurrir en importantes contradicciones hasta el punto de que una parte del PP dejó de creer en él. Amenazaba con convertirse en un problema serio para Rajoy –que habló con él varias veces durante la crisis– en plena precampaña de las últimas elecciones generales. Su comunicado de renuncia el viernes 15 de abril, aludió a “los errores cometidos en los últimos días”. Soria trató de convertir en un problema de comunicación sus vínculos con sociedades en paraísos fiscales.
Otra dirigente muy cercana a Mariano Rajoy –y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la puso varias veces como ejemplo– fue Rita Barberá. Mientras todo su equipo de concejales fueron imputados en una trama de blanqueo relacionada con la financiación del Partido, ella resistió como aforada, dada su condición de senadora. Hasta que el Tribunal Supremo decidió citarla a declarar en septiembre de 2016. Ahí empezó una presión sorda de su partido –que incluyó el aviso a la comisión de garantías del partido– para que abandonase el escaño, a lo que ella se resistió. Finalmente aceptó abandonar la militancia en el PP el 15 de septiembre de 2016 y la vergonzante fotografía en el grupo mixto, rodeada de los que fueron sus enemigos políticos. El 23 de noviembre falleció de forma repentina en un hotel de Madrid.
Esperanza Aguirre, una de las mujeres con más poder en el partido, cuando hubo de elegir también renunció a la presidencia del PP madrileño para aferrarse a la portavocía de la oposición en el Ayuntamiento de la capital. Acorralada por los escándalos de corrupción, el encarcelamiento de quien había sido su mano derecha y secretario general en el partido Francisco Granados y otros sumarios como el del ático de su elegido para la sucesión, Ignacio González, decidió asumir su responsabilidad “in vigilando”. Comunicó así el 15 de febrero de 2016 el abandono del cargo que había ostentado desde 2014 y en el partido algunos lo interpretaron como una forma de enseñarle la salida a Mariano Rajoy, que venía de perder las elecciones y también salpicado por la financiación del PP y los mensajes a su extesorero Luis Bárcenas.
Aguirre fue la última de una larga lista de ceses en su partido: Alberto López Viejo, procesado en Gürtel, los consejeros Lucía Fígar y Salvador Victoria, imputados en Púnica, y un largo etcétera de alcaldes investigados en este mismo sumario, el mismo que ha escrito el epílogo de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia. El PP y Mariano Rajoy tuvieron que elegir entre seguir protegiendo a uno de los suyos o retener el poder en una comunidad donde llevan gobernando 20 años y la oposición amenazaba con tomar el poder y levantar alfombras. Escogieron lo segundo.
