Malas noticias para Casado y Vox: las autonomías no soltarán las competencias de Educación
La ofensiva de Vox contra el Estado autonómico, que no parece haber causado mucha alarma en la dirección nacional del Partido Popular, tiene un adversario casi tan relevante como el Gobierno central. Se trata de los presidentes autonómicos del PP, así como sus líderes en las demás CCAA. Lo que se suele llamar los barones regionales, tan celosos de las competencias que les conceden la Constitución y los estatutos como los nacionalistas. Español sí, pero tonto no, podría ser su emblema.
Pocas competencias provocan tanta controversia como la de educación, a causa de la situación de Catalunya y de las informaciones de la prensa conservadora que desde hace años anuncia de forma periódica la muerte del castellano en algunas comunidades (mientras tanto, la gente sigue hablando en esa lengua allí sin ser consciente de que supuestamente está en trance de desaparición).
La educación es otra de las propuestas estrella de Pablo Casado desde que fue elegido líder del PP. Pretende cruzar la línea que no traspasaron Aznar y Rajoy: recuperar esas competencias en favor del Gobierno central.
Este miércoles, los consejeros de Educación se han reunido con la ministra, Isabel Celaá. Como estamos en la Edad Media de Vox, les preguntaron por el ansia recentralizadora manifestada por el partido de extrema derecha en las negociaciones para la formación de un Gobierno en Andalucía.
El consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, del PP, fue bastante claro: “Hablo en nombre de mis compañeros (los consejeros del PP en Madrid, Castilla y León, Galicia y Murcia). Es algo que tendrá que analizar el partido a nivel general, pero las comunidades autónomas aquí representadas defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación, con visión de Estado y llevada desde las comunidades autónomas”.
El consejero de Castilla y León fue más lejos. Calificó de “disparate” la propuesta de Vox, lo que no es extraño porque su presidente ya se mostró muy poco interesado cuando Casado empezó a hablar del tema. Juan Vicente Herrera está de salida y ya no tiene ganas de recibir cambios de rumbo bruscos desde Génova. “La experiencia autonómica demuestra que allí donde se gestiona bien la educación, la autonomía ha sido una herramienta utilísima porque ha habido innovación y mejora”, dijo Fernando Rey.
Sólo el consejero de Madrid Rafael van Grieken se mostró cercano a las posiciones de Casado, aunque con un argumento que no es fácil de entender a primera vista: “Pretendemos reforzar las competencias del Estado, sin que eso suponga retraer competencias contempladas en las autonomías en España”, dijo. Más capacidad para que el Gobierno central intervenga tiene que suponer de forma inevitable una merma en el poder de las CCAA para tomar sus propias decisiones. La respuesta del PP sería algo así como que no hay que dejar que las razones del corazón se vean afectadas por aquello que la cabeza no entiende.
Más poder para el Gobierno central
Pablo Casado no ha sido nada ambiguo en sus declaraciones de los últimos meses. Pretende colocar a las autonomías en una posición subordinada con respecto al Gobierno en Madrid revirtiendo una tendencia que ha caracterizado a la España constitucional desde los años 80. “Las competencias educativas deben ser de ámbito estatal, como establece la Constitución, y las autonomías sólo deben administrar la gestión”, afirmó Casado durante la campaña andaluza. Es una posición que mantuvo Esperanza Aguirre durante años, aunque en una época en la que ya era irrelevante en el partido.
En el lenguaje de la derecha, con 'estatal' se refieren simplemente al Gobierno central. Las CCAA también forman parte del Estado, pero aquí figuran como un ente menor al que se relaciona con la confusión y el despilfarro. En el caso de las gobernadas por nacionalistas, con cosas peores.
Casado encabeza el punto de vista más centralista en el PP al negar a las autonomías el derecho a tomar las decisiones de financiación y gasto que están dentro de sus competencias. “Todos los profesores tienen que cobrar lo mismo”, dijo en Granada. La RAE va a verse obligada a cambiar la definición de 'autonomía'.
Génova afirma que su objetivo es poner fin al “adoctrinamiento” y “manipulación” en libros de texto y clases. Viene a ser lo que José Ignacio Wert dijo en el Congreso: “Nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”. Y la política de inmersión lingüística, que sirve para que los alumnos puedan manejarse en dos idiomas en la sociedad, está en el punto de mira.
Educar tiene mucho que ver con adoctrinar, porque al final en los colegios no solo se imparten conocimientos, sino también valores. Reforzar la conciencia nacional es un objetivo que existe en todos los sistemas educativos. Cuando suena peligrosamente autoritario, se le llama ser mejores ciudadanos y todo el mundo queda contento.
Es la crisis provocada por el proceso independentista la que ha favorecido estas posiciones centralistas del PP de Casado, basadas en el convencimiento de que la educación en catalán ha permitido un cambio sociológico en la sociedad catalana que la ha separado de España.
El concepto de la escuela catalana como “fábrica de independentistas” –y la tentación del PP de controlarla desde Madrid– está reñido con la realidad. Lo explicó Lluís Orriols, vicedecano de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid:
"Si la educación estuviera detrás de la adhesión al independentismo, entonces deberíamos observar un aumento lento y progresivo del sentimiento nacionalista catalán derivado del reemplazo de las viejas generaciones por las nuevas educadas con el modelo impulsado por los gobiernos de Jordi Pujol. Sin embargo, las series de opinión pública de las que disponemos muestran justo lo contrario. El aumento del independentismo no se ha producido de forma gradual a lo largo de estas tres décadas de inmersión lingüística sino que creció de forma abrupta durante el período 2010-2013".
En otras palabras, el deseo independentista ha penetrado por igual en la mente de los catalanes que estudiaron en el franquismo y los que lo hicieron en la escuela bilingüe existente en la democracia.
Más allá de Catalunya, la propuesta de Casado tiene serios problemas para ser compartida por su partido en aquellos sitios donde controlan las instituciones autonómicas. Ignora un elemento fundamental de la política: los que tienen poder no suelen soltarlo. También hay otra máxima que vale en este caso: en el PP se hace lo que quiere el líder.
