El nuevo fiasco del ministro Catalá: los fiscales echan abajo la Fiscalía Digital por su ineficacia y piden a Maza que se plante
El funcionamiento de la Fiscalía Digital acorrala al fiscal general del Estado José Manuel Maza. Con una implantación pionera en Valladolid que se extendió el pasado verano a Badajoz y en septiembre a Cuenca, el sistema se revela altamente ineficaz.
Ese es el mensaje que se trasladó a Maza en una reunión del Consejo Fiscal el pasado 26 de septiembre en la que estaban presentes además de los vocales, los fiscales jefes de Valladolid y Badajoz así como el subdirector de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia. Los vocales de las asociaciones tanto progresistas como conservadoras coincidieron en pedir a Maza que sea firme con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que se niegue a seguir adelante con la Fiscalía Digital.
A la implantación de “papel cero” que arrancó con el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón y el sistema Lexnet, con reparaciones continuas, caídas y agujeros de seguridad, le ha seguido una Fiscalía Digital en la que los fiscales llegan a manejar hasta cuatro aplicaciones distintas que no están interconectadas y que ralentizan notablemente su trabajo, según explicó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández.
Durante el consejo que se convocó exclusivamente para tratar los problemas de la Fiscalía Digital, el representante de Justicia tuvo que ver dos vídeos en los que un fiscal demostraba que lo que en papel se hacía en un minuto, en digital tardaba 10 en el mejor de los casos. Su respuesta ante la evidencia fue, según Fernández, que se resolverían los problemas.
Lo cierto es que el proyecto digital había nació con taras. Una de las primeras aplicaciones que empezaron a usar los fiscales hace 14 años es Fortuny que, en teoría, permitía agilizar la tramitación de procedimientos, causas o asuntos judiciales en el ámbito del Ministerio Fiscal, tanto con origen en la propia Fiscalía, como con origen en los órganos judiciales que están bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Su función no es procesal, sirve para localizar asuntos pero no para acceder a expedientes. Tampoco sirve como herramienta estadística.
El primer problema con el que se encuentra el Ministerio, es que para suprimir el papel, los expedientes deben digitalizarse y guardar en un servidor. Sin embargo hay un escollo que superar, y es el de las Comunidades Autonómas con la competencia de Justicia transferida, que tienen sus propios sistemas y las 9 que siguen perteneciendo a ‘territorio Ministerio’. Entre todas ellas hay que abordar la interconexión. El Ministerio idea entonces el sistema de comunicación Lexnet para sustituir las notificaciones por mensajes de correo electrónico. Para Fernández existe un problema de concepción con Lexnet: un abogado puede recibir tres o cuatro notificaciones en un día, pero una Fiscalía puede recibir en un día 500 ó 600. Pero sin abrirlas es imposible saber qué contienen, puesto que van denominadas con números. De esta manera, hay que abrir una por una y adjudicarla al fiscal correspondiente en su buzón.
Fortuny, que nació como una aplicación estadística, cambió para que los fiscales pudiesen trabajar desde ella y los expedientes digitalizados fuesen localizables. Pero la experiencia digital siguió complicándose. El cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligó a que las declaraciones se realizasen en soporte lógico y tuvo que crearse otra aplicación para acceder a las grabaciones, Arconte/eFidelius. Para acceder, el fiscal usa otra aplicación más, llamada Visor.
De esta forma, cuando un fiscal enciende su ordenador se encuentra con cuatro programas con los que debe trabajar, Fortuny, Lexnet, Arconte/eFidelius y Visor, además del portafirmas digital, cada uno de ellos con un usuario y una contraseña diferente. “Un expediente judicial que existe en papel es como si fuese una novela o un libro, está todo ahí, tenga 20 folios o 20.000, ves todo y haces el dictamen que tengas que hacer. Pero con la Fiscalía Digital el fiscal tiene que ir al Visor a ver si le sale algo en el juzgado. De ahí a Lexnet para ver lo que el juzgado requiere al fiscal, y si hay alguna declaración o vista, hay que pasar a Arconte”. Todo un peregrinaje por la red con un problema añadido: según Fernández “nunca existe la garantía de que esté todo” y eso es porque a veces no todo está digitalizado. La falta o no de documentos no puede conocerse, porque el Visor carece de índice y presenta una serie archivos pdf numerados.
Las dificultades no acaban ahí. Con las declaraciones grabadas de imputados, acusados o testigos, se pierde más tiempo que si estuviesen en papel, donde se puede leer rápidamente y localizar la parte determinante en cuestión de minutos aunque la declaración hubiese durado una hora. Si está grabada, hay que ver la hora entera. En un caso con un imputado, 20 testigos, varios peritos…la visualización puede ser eterna y eso suponiendo que la grabación sea correcta y no haya que repetirla por problemas de sonido, algo relativamente frecuente que ha provocado incluso la anulación de juicios.
En cuanto al trabajo que tanto jueces como fiscales realizan en casa también se complica. Antes metían la causa en una cartera y ahora esa posibilidad ha desaparecido, por la digitalización. Sin embargo, desde domicilios particulares ni jueces ni fiscales pueden entrar en el sistema, de manera que tienen que imprimirlo en dependencias judiciales. “Del papel cero hemos pasado al papel multiplicado por cuatro, porque antes imprimías lo necesario saltando documentos sin importancia (cambios de abogado, corrección de erratas, cambios de fechas de citación) y ahora al carecer de índice, se acaba por imprimir todo y eso lo hace el fiscal, lo hace el juez y lo hace cada uno de los abogados”, lamenta el presidente de la UPF.
El trabajo en la sala de vistas también se complica. Antes del “papel cero” el fiscal se llevaba una carpeta con la causa. En ella marcaba los documentos que le interesaban para el interrogatorio, por ejemplo. Ahora se encuentran con un ordenador que no les sirve porque no hay wifi en los edificios judiciales, ni un cable que permita la conexión al programa informático. Nuevamente, se ven abocados a llevar el caso impreso.
Lo que ha encendido los ánimos de todas las asociaciones de fiscales es que se ha avisado de los problemas desde principio, desde que la Fiscalía Digital se implante en Valladolid. “Se avisó de que no funcionaba y el Ministerio no hace caso porque hay un mensaje de triunfalismo”, asegura Fernández. La solución del Ministerio es buscar una Fiscalía adicional, en este caso la de Badajoz, que traslada exactamente el mismo mensaje que su antecesora, que es todo “un desastre”.
¿Quién controla el sistema informático?
Pero hay otro asunto que preocupa a los fiscales: el sistema informático de la Justicia Digital está bajo el control del Ministerio, lo que supone que pueden acceder a todos los expedientes judiciales. La Agencia de Protección de Datos o el Congreso de los Diputados serían órganos más apropiados que el propio Gobierno, según Fernández. Una investigación secreta contra un alto cargo del Gobierno por ejemplo, estaría en riesgo con el sistema actual, el propio Gobierno podría acceder a ella, y todo porque la Fiscalía General del Estado, independiente del Ministerio, deja manos de este toda una ‘biblioteca’ de casos.
El Consejo del pasado mes de septiembre acabó con la exigencia de todas las asociaciones de fiscales, progresistas y conservadoras, de que Maza se plante y pida que se paralice el calendario establecido para extender la Fiscalía Digital hasta que se hayan resuelto todos los problemas tanto de funcionamiento como de seguridad y confidencialidad. La siguiente reunión iba a tener lugar el pasado 10 de octubre, pero la situación de Catalunya provocó que se anulase y siga sin fecha.
De momento, los fiscales de Valladolid, Badajoz y recientemente los de Cuenca, tienen que vérselas con un sistema digital que no les ofrece garantías y que se mejora a base de inyecciones de millones, como ocurre con Lexnet sin que haya datos globales sobre su coste.
