Cataluña no le sienta bien al PSOE
José Luis Rodríguez Zapatero: “Quienes han sembrado la discordia y el enfrentamiento entre comunidades han sido ustedes. ¡Menuda la que han montado con el Estatuto de Cataluña! Crispando, trasladando a todos los españoles que se rompía España. ¡Menuda la que han liado con la enseñanza del castellano!”
Mariano Rajoy: “Yo nunca he dicho que España se rompía. Usted no tiene ninguna idea de la nación española. Piensa que cada uno puede decir lo que quiera y eso me parece inaceptable. (...). Lo que pasa es que con una mano predica el entendimiento y con la otra prohíbe a los demás que nos den [al PP] los buenos días. Y para colmo nos echa la culpa de todo. Usted ha querido excluirnos. Tiene dos referéndums convocados para separarse de España. ¿Le parece que eso es estar bien?”.
Zapatero: “Lo que sucede es que este país es plural y diverso y se tiene que construir con el debate entre todos”.
Corría febrero de 2008. No existía el procés, tampoco estaban en prisión los líderes del independentismo ni la crisis territorial había llegado tan lejos, pero Cataluña ya estaba en el centro del debate político como consecuencia de la reforma del Estatut y el tripartito catalán del que formaban parte los socialistas. Los candidatos de PSOE y PP a las elecciones generales se enfrentaban en el primer debate televisado de la campaña electoral, y la Universidad de Granada reunió a 100 ciudadanos para que, en tiempo real, emitieran su opinión sobre el desarrollo de aquel cuerpo a cuerpo. El asunto que más penalizó al líder socialista fue, sin duda, el de la reforma del Estatut de Catalunya y su dependencia parlamentaria de los independentistas de ERC. Por contra, el momento más aplaudido de Rajoy fue el de la defensa del castellano y la unidad de España.
El PSOE salía de una legislatura en la que la derecha había hecho de la negociación con ETA y la reforma de los Estatutos de Autonomía –valenciano, andaluz y catalán– el principal caballo de batalla de una de las oposiciones más duras que se recuerdan en el Congreso de los Diputados. La política territorial había dividido profundamente al socialismo durante aquellos años en los que la Generalitat estaba gobernada por el tripartito PSC-ERC-ICV y en los que por primera vez en democracia un Gobierno sin mayoría absoluta no tenía a CiU, sino a los independentistas de Esquerra, como principales socios parlamentarios.
Allí empezó todo: la deriva de los convergentes, el pacto del Tinell que aisló al PP, la campaña de la derecha contra el Estatut y los primeros pasos del desafío secesionista que llevó en 2017 a la Declaración Unilateral de Independencia. Aún tendrían que pasar, sin embargo, dos años hasta que el Tribunal Constitucional anulara buena parte del articulado del nuevo marco regulatorio que los catalanes habían refrendado previamente en referéndum. Pero para entonces el PSOE ya contaba con varios estudios cualitativos y distintos análisis que acreditaban el coste electoral que para sus siglas tenía en el resto de España el controvertido asunto territorial y sus primeros escarceos con el independentismo. Tanto fue así que nadie duda que en aquellas elecciones de 2008 a Zapatero le desgastó mucho más el asunto catalán que la negociación con ETA, como demuestran algunos documentos a los que ha tenido acceso este diario y aún conserva la dirección socialista de aquella época.
Las mismas decisiones que habían llevado al PSOE a obtener un resultado espectacular en Cataluña -donde logró 25 de los 47 escaños en las generales de 2008- empezaron a pasarle factura en el resto del territorio español.
La política territorial fue, sin duda, el motivo por el que Zapatero no logró en aquellas elecciones la mayoría absoluta que esperaba. Se quedó a siete escaños, y sólo quince por encima de un PP, que alcanzó el 40% de los votos gracias a la movilización de su electorado con el grito de “se rompe España”.
En todos los estudios realizados con potenciales votantes del PSOE de aquellos años aparecía la idea de que el Gobierno socialista de Zapatero, ante “las demandas egoístas de las Autonomías, lejos de imponer la equidad y la solidaridad, no lo hacía nunca y jamás aludía a la función distribuidora e igualadora del Estado, como si el Ejecutivo no la asumiera en su política autonómica”.
Los cualitativos mencionaban permanentemente la “desigualdad” y el “favoritismo” con las regiones políticamente más fuertes, el “chantaje de las minorías” y la cesión del Gobierno ante las reformas de los Estatutos, especialmente el de Cataluña.
Con los años, PP y PSOE, que en aquellas elecciones sumaron un 84% de los votos -el punto máximo del bipartidismo en democracia- entonaron el mea culpa y reconocieron, en público y privado, que de aquellos polvos, llegaron estos lodos de una crisis institucional a la que hoy nadie encuentra salida. Unos, para lamentarse de no haber sumado a la derecha al consenso para reformar el Estatut y otros, para admitir que llevaron demasiado lejos su oposición al texto.
Hoy el mapa político es muy distinto, el regreso del bipartidismo es casi un sueño inalcanzable en un Parlamento, cuya fragmentación dificulta aún más la posibilidad de tejer consensos, pero lo que está claro a estas alturas es que Cataluña, que había contribuido junto a Andalucía a lograr algunas de sus mayorías aplastantes, no ha sentado bien al PSOE desde que empezó a notarse la crisis territorial. Depende del tiempo, el contexto y el marco, claro, pero al menos desde 2008, si alguien ha sabido rentabilizar el discurso de la firmeza ante el independentismo fue el PP, a costa de convertirse en un partido casi residual en aquella Comunidad, lo que demostraría la teoría de algunos expertos que como el sociólogo Narciso Michavila hablan sobre la coincidencia cada vez mayor entre los ejes ideológicos (izquierda-derecha) y territoriales (norte-sur).
Todo esto viene a cuento de las dudas que la estrategia “monclovita” de fiar inicialmente la campaña electoral a Cataluña y a la gestión de la postsentencia sobre el procés ha suscitado en los distintos territorios del PSOE. Los peores augurios han sido confirmados en las últimas encuestas. No en vano, los socialistas han registrado un ligero retroceso -aunque mantienen la primera posición- mientras son PP y, sobre todo, VOX quienes registran una mayor movilización entre su electorado, lo que demostraría que ni el “Ahora, España” como 'claim' de la campaña de Pedro Sánchez ha dado el resultado esperado, ni tampoco la posición del Gobierno ante los disturbios en Barcelona.
Y en buena parte ha sido así porque la estrategia de Moncloa, que no del PSOE, había sido construida sobre un supuesto que no se ha dado, y que pasaba por que el independentismo abriese un nuevo frente institucional que obligará al Estado a intervenir como lo hizo Rajoy con el 155, tras la Declaración Unilateral de Independencia. De momento, ni la Generalitat ni el Parlamento han traspasado, pese a los amagos y sobreactuaciones, la línea de la legalidad, si bien el Gobierno ha tenido que hacer frente a una revuelta callejera con episodios de extrema violencia que han acabado con 600 heridos, algunos de ellos policías, y más de 100 detenciones.
Entre restablecer el orden o ser tolerante con la violencia, Sánchez para el independentismo catalán ha elegido lo primero y para la derecha, lo segundo. En cuestión de ley y firmeza, el PP siempre se ha impuesto al socialismo, pero esta vez es VOX quien recoge los votos de este discurso, a tenor de los datos que manejan las empresas demoscópicas y que le sitúan ya por delante de Ciudadanos y a un puñado de escaños de Unidas Podemos.
En Moncloa quienes apostaron por la repetición electoral desde mayo con el objetivo de debilitar a Unidas Podemos y sacar de la ecuación de la gobernabilidad a ERC han llegado a admitir tímidamente que igual no fue la mejor opción posible. Y han pasado de hablar de una mayoría más amplia a la de abril que podría llegar a los 140 diputados a conformarse con que el electorado entienda que el PP poca solución puede aportar para Cataluña siendo, como es, responsable de la celebración del referéndum ilegal de 2017.
La realidad ha vuelto a desmentir las expectativas de campaña. Y lo que, en principio, se creyó podría beneficiar a Sánchez en las urnas ha supuesto de momento un retroceso en las encuestas, por lo que la preocupación en todo el PSOE es notable. Ni los denodados esfuerzos de los estrategas por construir argumentarios moralizantes para su parroquia son capaces de borrar la inquietud por lo que ocurrirá el 10N. De momento, ante la falta de un guion en el que el independentismo volviese a la unilateralidad y Sánchez pudiera subirse al podium, convocar a todos los partidos y liderar una respuesta de Estado, ha habido que cambiar el tercio y exprimir al máximo la exhumación de los restos de Franco. Al fin y a la postre, será el traslado del dictador desde el Valle de los Caídos hasta Mingorrubio lo que lleve al presidente del Gobierno en funciones a los libros de Historia. Lo que no se sabe es si lo rentabilizará electoralmente o será de nuevo VOX, desde la polarización y como partido que aglutina a los nostálgicos del franquismo, quien logre aprovecharse. Pero, al final, la campaña de otoño del PSOE será muy similar a la de primavera porque su objetivo vuelve a ser fortalecer a la extrema derecha para que el PP no suba más, se quede clavado en el 20% de los votos y el PSOE pueda repetir el 28%. En eso andan ahora. Otra cosa es que las cuentas salgan.
