Ceuta ultima su “desescalada” de la crisis migratoria de mayo con una factura de más de 20 millones

Las naves de los polígonos del Tarajal, un enjambre comercial pegado a la frontera y al doble vallado que separa Ceuta de Marruecos, son hoy para la ciudad autónoma una metáfora de lo que esta ha solido representar para el resto de España. Un puzzle difícil de comprender y a veces ininteligible. Durante años buena parte de la población local solo ha sabido de lo que allí pasa, como el conjunto del Estado, por los medios y a raíz de intervenciones policiales, intentos de entradas desde Marruecos, tumultos, muertes y un río de dinero oscuro.

Lo que durante décadas se erigió como un pulmón económico local a costa de las espaldas de miles de porteadoras del país vecino es ahora un desierto plagado de carteles: todo se vende o se alquila. Ya agonizaba cuando, entre el 17 y el 19 de mayo del año pasado, la entrada irregular de unos 12.000 ciudadanos marroquíes puso a Ceuta “al borde del abismo”, como no deja de repetir el presidente autonómico, Juan Vivas (PP).

Nueve meses después de aquel amago de hecatombe que dejó como imagen más dramática a más de mil niños solos apiñados bajo mallas militares, el Gobierno local intenta pasar página definitivamente y completar la “desescalada” del dispositivo articulado para digerir una crisis migratoria y política que derivó en humanitaria y cuya factura final han cifrado esta semana fuentes del Ejecutivo local a elDiario.es en “más de 20 millones de euros”.

“Cerramos 2021 con 18,2 millones en costes ejecutados, sobre todo para financiar la atención integral que se ha ofrecido a menores y adultos durante meses con seis espacios acondicionados y más de 2.000 personas acogidas durante meses, pero también para sufragar la retirada de los campamentos que se instalaron en los montes y otros servicios complementarios de seguridad y limpieza que no se pudieron quitar hasta agosto”, precisa un alto cargo de la administración autonómica que cuantifica en “unos dos millones” lo presupuestado para alargar el despliegue hasta finales de marzo.

Son solamente “costes directos”: “Si me preguntasen a mí yo diría que muchos meses mi sueldo íntegro ha sido para atender las consecuencias de la crisis y lo mismo se puede decir de muchos trabajadores sociales, educadores, policías…”, añade. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se comprometió de nuevo el pasado 27 de enero en su primera visita a Ceuta a que el Estado asumirá, con fondos propios o europeos, toda la cuenta.

Bajo la guarda de la administración regional quedan actualmente 324 niños y adolescentes no acompañados repartidos entre el Centro de Realojo de La Esperanza (donde llegó a haber el doble en 2019) y los alojamientos improvisados en Piniers gestionados por SAMU, que cuando tuvo a su cargo a cerca de mil llegó a cobrar 1,8 millones al mes a la Ciudad por sus servicios.

Siguen entrando “cuatro o cinco por semana”, según fuentes de la administración local. Aún así y a pesar de que el reparto con otras autonomías se limitó a 200 y un grupo con perfiles de extrema vulnerabilidad, su número se reduce velozmente gracias a los que cumplen los 18 años (sin el acceso directo a la residencia que ofrece el nuevo Reglamento de Extranjería a quienes pasan al menos tres meses bajo responsabilidad de la administración, denuncian oenegés como Maakum) y los que logran embarcar clandestinamente hacia la península.

En el Tarajal, el último escollo de la “desescalada”, continúan atendidos por la Ciudad, a través de Cruz Roja, un total de 128 adultos: 111 marroquíes, 16 ceutíes y un argelino. Usama S., uno de los primeros, pasó por las naves como niño y ha vuelto como mayor de edad tras ser expulsado de Piniers después de que una prueba de determinación de edad le adjudicara 19 años, pese a no aparentarlos. “Tengo 17 y antes de venir a Ceuta pasé un mes en la calle en Castillejos: no quiero volver a ella”, alega el joven en declaraciones a elDiario.es rodeado de coetáneos en la manifestación que han protagonizado esta semana hasta las puertas de la Asamblea para clamar contra la clausura del citado recurso.

El Ejecutivo local pretende cerrar las naves en mes y medio como muy tarde. Espera que la mayoría de los marroquíes, a los que el Estado no admite en el CETI, crucen el estrecho “pronto”, como ya han hecho 3.000 compatriotas, una vez admitidas a trámite sus solicitudes de asilo. Quienes las han visto rechazadas o ni siquiera han pedido protección internacional para no verse obligados a quedarse en España podrán ser expulsados.

Ashraf llegó a Ceuta en enero de 2020 para ver nacer a Yawhara, su hija con la ceutí Nadia, la más pequeña del equipamiento humanitario. Vivían en la cercana barriada de Loma Colmenar hasta que una noche de pánico entre disparos los empujó allí. La Policía, según las fuentes consultadas, les ha asegurado que su vuelta a casa es segura, pero la familia prefiere seguir renunciando a toda intimidad. “No nos vamos a ir porque mi barrio está lleno de drogadictos y secuestradores”, resume su esposa, una de las dos madres que viven en los polígonos, que antaño estaban atestadas de fardos.

La otra, marroquí, llegó en medio de la crisis de mayo (“avalancha, invasión”, la llama el Gobierno local) con su hijo de 12 años, hoy escolarizado en el vecino CEIP Príncipe Felipe, otro extraño balcón sobre la frontera, y tiene tanto pavor a verse fuera de las naves como a ser expulsada a Marruecos. De traductor suyo ejerce Mohamed Hichuo, igualmente súbdito del país vecino, al que Interior ha rechazado su petición de protección internacional, lo que de facto le deja atrapado en la ciudad sin visado para llegar a Algeciras y la frontera cerrada desde hace casi dos años.

Son los últimos de la fila. El Gobierno de Ceuta dice que es la Delegación la competente para ofrecerles, en su caso, alguna solución o salida, y centra sus preocupaciones en los españoles sin techo. La mayoría de esos caballas –uno de los gentilicios de los ceutíes– perdieron el rumbo vital hace tiempo. Hasta septuagenarios estaban “a la deriva”. En las naves, una especie de campo de refugiados, han encontrado “una familia” y “la fuerza de la unidad”, valoran en Cruz Roja. El caso es que nadie quiere irse de donde pocos querrían entrar.

El Ejecutivo local les ha prometido alternativas, como el Estado a Ceuta un Plan Estratégico de futuro “estable y seguro” que cambie su modelo socioeconómico, pero la ciudad carece de un equipamiento estable (ahora se prevé construir un albergue con 2 millones de fondos europeos) y los trabajadores sociales temen que soluciones individuales (una habitación en un hostal o ayudas para alquilar un apartamento) dinamitarán la fuerza que se dan unos a otros para no autodestruirse.

Incógnitas parecidas penden sobre el futuro global de Ceuta: cómo se reabrirá la frontera, si la ciudad entrará en la Unión Aduanera, si se acabará con la excepcionalidad de Schengen, si se logrará estabilizar a los funcionarios que salen huyendo pese a cobrar hasta mil euros más al mes que en el mismo puesto al otro lado del Estrecho…

No todo lo arregla el dinero, tampoco para una ciudad con un presupuesto municipal, de casi 400 millones este 2022, sin parangón. José Hoyos, que cumplirá 71 en marzo, cobra una “buena” pensión, pero acabó viviendo bajo un puente del centro. Ahora se queja de que los “chavales” chillan y le gastan demasiadas bromas pesadas, nada comparado con la calle que solo aceptó dejar tras ser apaleado una noche.

Nordin, musulmán como el 50% de la población local, extrabajador de Servicios Sociales, descreído con experiencia de las promesas de agilidad en la búsqueda de salidas que se le plantean, también se queja de verse rodeado por “mucha gente de pueblo”, en referencia a los marroquíes llegados a Ceuta desde aldeas del entorno rifeño, que “no quieren aprender”. Cruz Roja ha conseguido que estos españoles se hagan cargo incluso de impartir talleres de español a los foráneos.

Juan y Manuel, también entre los 50 y los 60 años, ejercen junto a su compañero de literas de portavoces del grupo ante la consejera de Presidencia, Mabel Deu, en la reunión a la que ha podido asistir elDiario.es esta semana en las naves. “Aquí todos nos llevamos bien, cristianos y musulmanes, españoles y marroquíes”, reproducen a pequeña escala el discurso de unidad intercultural que todos los partidos salvo Vox han reforzado el último año. “Como decía Galileo, no hay nadie tan ignorante de quien no puedas aprender nada”, advierte Manuel, filósofo de la calle, cuando Nordin se queja del origen “de pueblo” de algunos convecinos.

“Nosotros no distinguimos por eso, solo entre nacionales y extranjeros”, responde la vicepresidenta, ‘número 2’ de un Gobierno que lidera la apuesta por “más España y más Europa” como único horizonte de prosperidad ante un vecino que desde 2018 ha ido elevando la hostilidad de sus acciones sobre la ciudad en una deriva que solo encontró respuestas firmes “al borde del abismo”. Como Ceuta, los últimos del Tarajal confían con independencia del color de su pasaporte en que haber tocado fondo les sirva para impulsarse con ayuda y, resume Manuel Montes, “dejar de mamar de la teta, tener un trabajo y vivir con dignidad, no tener que volver a hacer una cabaña en el monte, como estuvimos nueve meses, ni ir a la iglesia a pedir”.