El consejero andaluz de Educación (Cs) dice que no es necesario el pin parental

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha declarado que no es necesaria la aplicación de un “pin parental” porque el marco normativo ya “da cobijo” a que los padres puedan decidir, puesto que los planes educativos se aprueban en los consejos escolares, en los que los padres están representados, desde el inicio del curso.

Según Imbroda, que pertenece a Ciudadanos, el “pin parental” ha generado una “vorágine sin sentido” y un “debate polarizado” que, a su juicio, han generado tanto desde Vox como desde el nuevo Gobierno central, pero para él se trata de una polémica “estéril” cuando las quejas de los padres respecto a actividades sobre diversidad son aisladas.

Imbroda ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de conocer unas manifestaciones del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, que ha asegurado que el Gobierno del PP y Ciudadanos se ha comprometido a aplicar el “pin parental” en Andalucía y a realizar las modificaciones normativas que sean “necesarias”.

Sí ha admitido el consejero que podrían aumentar las inspecciones educativas sobre las actividades complementarias.

Además, ha afirmado que “no podemos aislar a los niños de la vida” y que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes de educación recogen valores de igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad en los que los niños necesitan ser formados y ha abogado por hablar del respeto en lugar de “arrinconar” al diferente.

El consejero de Educación ha dicho que no piensa tolerar ningún atisbo de desconfianza respecto a los docentes de Andalucía y que las inspecciones corregirán cualquier alguna acción aislada que pudiera producirse.

Por otro lado, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, también de Ciudadanos, ha afirmado que no cree que el “pin parental” tenga recorrido legal, por lo que no podría ser implantado en Andalucía.

Rocío Ruiz ha declarado que si Vox solicita la implantación de este pin en Andalucía, su petición tendría que superar informes legales como cualquier solicitud de otros partidos políticos y que en su acuerdo de gobierno se recogía que cualquier medida aprobada debía estar dentro de los preceptos constitucionales, además de manifestar que el pin tampoco le parece aceptable desde un punto de vista moral.

Ha añadido que se trata de una polémica “partidista” sobre un tema “sin recorrido” y ha destacado la obligación legal y moral de una formación pública que eduque en valores de igualdad, tolerancia y diversidad, como se recoge en la Constitución.