El ex consejero de Educación de Areces procesado por nueve delitos
El auto del juez Ángel Sorando, instructor de la causa contra altos cargos de la Administración del Principado de Asturias por una supuesta trama de corrupción, ha supuesto un duro golpe a la imagen de buen gobierno del anterior presidente y actual senador, Vicente Álvarez Areces. Pocos días después de ser reprobado por el parlamento, se conoce que su amigo personal y ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, aparece en los papeles del juez como una de las cabezas visibles del supuesto entramado. De hecho, el magistrado considera que hay indicios suficientes para imputarle nueve delitos, uno más que a la funcionaria considerada el centro de la trama y a la que en su día denunció el propio Gobierno del Principado.
La investigación, llevada a cabo durante estos últimos años por Sorando, considera que el ex consejero de Educación y su directora general María Jesús Otero, habrían incurrido en los delitos de cohecho, estafa agravada, fraude de fondos públicos, exacciones ilegales, falsificación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas para funcionarios y altos cargos y malversación. El juez considera que Riopedre y su segunda eran los únicos que ocupaban cargos dentro del escalafón de la administración con capacidad para prevaricar y de ahí que acumulen la lista más amplia de supuestas infracciones. La funcionaria, por su parte, no aparece imputada en el supuesto de prevaricación, ya que corresponde a sus superiores la decisión de resolver los trámites administrativos. Junto con ella, hay veintiún empleados públicos imputados.
En agosto de 2010, el entoces consejero de Educación dimitía por motivos de salud. A los pocos días saltaba su presunta implicación y la de su segunda en la Consejería en la trama del denominado 'caso Marea', surgido a raíz de esa denuncia del Gobierno contra las prácticas irregulares de una funcionaria. Los hecho se aceleran, Riopedre es llevado a la cárcel de Villabona y, automaticamente, es expulsado de militancia del PSOE.
A partir de ahí, la investigación se centra en varios frentes y en la relación de favor hacia empresas relacionadas con el mobiliario de oficina y telecomunicaciones, también imputadas por el juez como 'víctimas culpables' al detectarse una posible comisión de los delitos de cohecho. Un vez cerrada la investigación, el caso pasa a la Audiencia Provincial que será la encargada de juzgar, ratificar los delitos e imponer las penas para los encausados.
