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El Consejo de Estado plantea que los expresidentes del Gobierno puedan participar en sus deliberaciones sin renunciar a cargos privados

Pedro Sánchez, durante la toma de posesión de María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado

Gonzalo Cortizo

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El Consejo de Estado es el principal órgano consultivo y el Gobierno recurre a él para solicitar dictámenes cada vez que tramita un proyecto de ley o plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una institución en la que los expresidentes del Gobierno tienen garantizado un puesto vitalicio, a razón de un sueldo de 100.000 euros al año.

A día de hoy, todos los exmandatarios han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo. Aznar se ha convertido en un empresario con múltiples ocupaciones y forma parte del consejo de News Corporation, el gigante de la prensa conservadora creado por Rupert Murdoch. Zapatero abandonó el Consejo de Estado en 2015 para asesorar a una fundación alemana. Felipe González y Mariano Rajoy ni siquiera llegaron a tomar posesión de su cargo.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, considera que la presencia de expresidentes en el Consejo estaba pensada para que el órgano se alimentase de la experiencia de quienes han dirigido el Gobierno. Sin embargo, De La Vega reconoce que la ley debería ser revisada para flexibilizar los criterios que puedan garantizar esta incoporación, permitiendo que los exdirigentes mantengan sus agendas en la vida privada sin que estas colisionen con su labor como altos asesores del Estado.

En la actualidad, la aceptación de un cargo en el Consejo de Estado es incompatible con cualquier otra responsabilidad privada. Solo José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero aceptaron incialmente formar parte de la institución pero finalmente acabaron renunciando y dedicándose a las actividades privadas. Con su decisión, ambos exmandatarios renunciaron a un sueldo de 100.000 euros.

Según de De la Vega, “no se acertó” al diseñar la manera de incorporar a los expresidentes a la institución. La ex número dos del Gobierno de Zapatero plantea ahora “una revisión de la ley” para no perder el talento de quienes han dirigido el Gobierno y poder contar con sus opiniones a la hora de elaborar dictámenes sobre leyes o recursos de inconstitucionalidad.

El Consejo de Estado está configurado por un grupo de consejeros permanentes que conservan el puesto de por vida. En esta categoría entran los expresidentes si así lo desean. También hay otro cuerpo de “consejeros natos”, que lo son en razón de sus cargos. Entre ellos está la fiscal general del Estado, el gobernador del Banco de España o el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

La reflexión sobre una reforma legal que no expulse a los expresidentes ha sido sugerida por De la Vega durante la presentación de la memoria de actividades correspondiente al año 2018.

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