La Constitución excluye el “mandato imperativo” que trata de imponer la gestora del PSOE
La gestora del PSOE quiere que los 84 diputados del grupo parlamentario socialista se abstengan en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para dejarle gobernar. El presidente de la dirección provisional, Javier Fernández, aseguró que la decisión adoptada por el Comité Federal constituye un “mandato” imperativo obligatorio para todos los parlamentarios.
Las normas internas del PSOE sustentan esa tesis. Los estatutos recogen en el artículo 76 que los “miembros del Grupo Parlamentario Federal del PSOE asumen y están obligados a acatar la declaración de principios y resoluciones aprobados en el Congreso Federal del Partido”. “Asimismo, en el ejercicio de sus funciones aplicarán las resoluciones y acuerdos adoptados expresamente por los órganos de dirección del Partido”, contempla el primer punto.
También el artículo 78 de ese documento obliga a los diputados a acatar la disciplina de voto. “Las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto”. Ese mismo apartado da a la dirección socialista la potestad de imponer sanciones a los incumplidores que, en último término, puede conllevar la expulsión del grupo parlamentario. No obstante, el reglamento del grupo socialista en el Congreso recoge una sanción económica un máximo de 600 euros para quienes no acaten la disciplina de voto.
