Entidades sociales critican la reforma de la ley mordaza: “La policía quiere poder sin control democrático”

Jornada por una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice Derechos y Libertades: Acabemos con la Ley Mordaza, en el Ateneo de Madrid

David Noriega


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Hace siete años, No Somos Delito arrancó de media docena de partidos, entre los que no estaba el PSOE, el compromiso de derogar o reformar completamente la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la primera sesión parlamentaria en la que los números lo permitieran. Aquel mes de febrero de 2015, en el Ateneo de Madrid, se celebraba que la conocida como 'ley mordaza' nacería muerta. Este martes, en el mismo foro, han lamentado que la reforma que se está debatiendo es “en conjunto insuficiente, poco ambiciosa, poco valiente y, en algunas cuestiones, propulsora de pasos hacia atrás” y que no supondrá un cambio de paradigma respecto a la del PP, porque no elimina los aspectos más lesivos ni avanza hacia un modelo que garantice los derechos y libertades de la ciudadanía.

“No les miento si les digo que no me gusta la propuesta que se debate actualmente, ni el punto de partida –una proposición de ley del PNV– ni la propuesta conjunta que han presentado PSOE y Unidas Podemos”, ha reconocido Sara López Martín, portavoz de la plataforma, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, en la 'Jornada por una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice Derechos y Libertades: Acabemos con la Ley Mordaza'. “La proposición del PNV solo modifica el 30% de la ley y no significa que sea en un sentido garantista”, ha denunciado.

Preocupan, principalmente, dos cuestiones: que la propuesta mantiene las infracciones por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y las multas por faltas al respeto a los agentes y la presunción de veracidad de estos. “Es el cajón de sastre de la arbitrariedad policial”, ha expresado Sara López Martín, en línea con lo que ya denunció en diciembre Amnistía Internacional, que consideraba que esta parte del articulado había sido aplicada “de forma extensiva e injusta a miles de ciudadanos”.

“Personas que se han movilizado de manera pacífica han sido sancionadas por preguntar reiteradamente por qué la policía les estaba pidiendo la documentación, por llevar un bolso con el acrónimo ACAB –todos los policías son bastardos, por sus siglas en inglés– o por decir a policías que estaban ejecutando un desahucio que eso era inhumano”, ha relatado Daniel Canales, uno de los abogados de la organización. Entre 2015, cuando entró en vigor la ley que el Gobierno de coalición quiere ahora reformar, y 2019, el 70% de las sanciones –unas 200.000, según AI– se impusieron al paraguas de estos dos artículos.

El foco en los derechos humanos

Estas sanciones, ha explicado, pueden seguir produciéndose y generan a su vez un “efecto desmovilizador y disuasorio”. “Necesitamos una ley que ponga en el centro y el foco en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y no en la protección de ese concepto vago de seguridad ciudadana”, ha indicado Canales, que ha pedido “un régimen sancionador modificado, eliminando infracciones o modificando las que tienen una redacción vaga y genérica, como el de resistencia, desobediencia o negativa a identificarse”.

La nueva reforma, que está aún en el la ponencia de la comisión de Interior del Congreso, donde ya se ha celebrado la primera sesión y a donde volverá el 15 de febrero, no contempla de forma expresa la prohibición de realizar identificaciones por perfil étnico-racial. “En 2018, la mitad de identificaciones policiales se hicieron a personas migrantes”, ha recordado el portavoz del Sindicato de Manteros, Malik Gueye. “Las personas migrantes sin papeles nunca hemos tenido libertad de movimiento y siempre hemos tenido que vivir con la amenaza de que nos pare la policía y ser deportados o internados en un CIE”, ha explicado, antes de denunciar que “cuando una persona migrante o racializada cuestiona la estructura del Estado, el Estado responde con el poder judicial para criminalizar a las personas”.

“Para mi no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de poder. La policía quiere poder, sin que haya control democrático”. Se refería Gueye a otro de los puntos polémicos de la reforma: la presunción de veracidad de los agentes. “Hace que prevalezca la arbitrariedad policial y evita la defensa efectiva de la ciudadanía”, lamentaba López Martín. “Se utiliza la presunción de veracidad para imponer una versión de los hechos, pero esos hechos que los agentes de la autoridad plasman en un documento o en una denuncia no pueden incluir valoraciones subjetivas u opiniones y esas faltas de respeto o de desobediencia vienen muy a cuento de esta valoración porque ¿qué es una falta de respeto?”, razona el portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Ignacio Fernández Soto.

Los cambios previstos en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana no contemplan los mecanismos de control ante acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se realizan de forma arbitraria, ni atiende las recomendaciones del Consejo de Europa. Esta institución ya instó en marzo de 2021 a España a reformar esta ley por su “potencial represivo”, algo que las asociaciones consideran que no se está revirtiendo.

Una ley “absolutamente insuficiente”

“Estamos de acuerdo en que esta ley es absolutamente insuficiente, de la misma manera que no podemos hacer otra cosa que apretar al máximo para que sea lo mejor posible dentro del marco que nos han presentado, que no es el nuestro”, ha indicado el portavoz de la Plataforma Defender a Quien Defiende, Andrés García Berrio. Él ha recordado las muertes de al menos 14 personas intentando llegar a España por el Tarajal, “que no murieron porque estaban simplemente nadando, sino que se detectó el lanzamiento de balas de goma y botes lacrimógenos”, o la de Iñigo Cabacas en Bilbao.

“Este material antidisturbios tiene unas consecuencias que pueden ser letales y que pueden marcar la vida de muchas personas. En el caso de que la propia ley no prohíba este tipo de armamento, seguiremos trabajando” para que ocurra en los próximos meses, ha advertido García Berrio. Ha reconocido, con cierto tono sarcástico, el avance que supone que la reforma incluya la creación de protocolo sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios.

La presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia Pérez Alonso, ha denunciado también las “gravísimas consecuencias para el periodismo, la información y los periodistas que cubren protestas” de este articulado que, según lo previsto, se mantendrá en la reforma. Y añade el punto que hace referencia a la captación de imágenes de la policía. “Hemos empezado 2022 con la fotoperiodista catalana Mireia Comas sancionada por negarse a borrar una foto cuando los agentes se lo pidieron”, ha recordado. En su caso la multa ascendió a 601 euros, en aplicación a Ley Mordaza.

“Se produce un efecto desaliento. Muchos son freelance, que no tienen una cobertura con plenas garantías por parte de un medio. Si no van a cubrir las protestas, la ciudadanía no recibe la información sobre lo que está sucediendo y aquí no ha pasado nada”, ha recordado la también directora de Público, que ha hecho hincapié en que “cercenar la libertad de información es herir de muerte cualquier democracia”.

“Muerte civil”

A las multas más elevadas seguirán exponiéndose organizaciones como Greenpeace. “A la hora de diseñar acciones, ya tenemos en la cabeza sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros”, ha explicado su responsable de campañas de derechos civiles, Javier García Raboso. Habla de las multas por escalar edificios o acceder a infraestructuras críticas, algo que ellos hacen de forma pacífica para colocar carteles y “señalar a los responsables de la emergencia climática”. Unas cantidades que suponen la “muerte civil” de cualquier organización porque “no hay nadie que las pueda asumir”.

“Reconocemos algunos avances”, ha indicado López. Por que la nueva ley si contempla la eliminación de sanciones en manifestaciones espontáneas , y que por lo tanto no son comunicadas, y desarrolla nuevos protocolos sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios, suprime infracciones como las manifestaciones ante el Congreso y adecúa las multas a la capacidad económica de las personas sancionadas.

Durante la primera sesión de la ponencia en el Congreso, los socios de investidura han logrado que las lenguas cooficiales se incluyan en el DNI y el pasaporte y que se tengan en cuenta la capacidad económica para solicitarlos. En las próximas sesiones de la ponencia, que se retomarán el 15 de febrero, queda por debatir las devoluciones en caliente, el uso de material antidisturbios y la presunción de veracidad de los testimonios de la policía.

Y, aunque las asociaciones no consideran que esta reforma vaya a suponer un cambio de paradigma, desde No Somos Delitos consideran que “aún es posible conseguir una ley mejor o menos mala”. Por el momento, el 13 de febrero han convocado una manifestación en Madrid, de Atocha a la Puerta del Sol, bajo el lema: “Ni ley mordaza ni mordaza maquillada”.

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