Los pinchazos telefónicos, claves para desentrañar la estafa de los ataúdes que acumula 6.000 perjudicados
Una estafa que revendió 6.000 ataúdes durante dos décadas, entre los años 1995 y 2015, en varios tanatorios de Valladolid, todos del Grupo El Salvador. Es el cálculo provisional que maneja el juzgado que investiga este caso de fraude que los investigadores cifran en millones de euros. El Juzgado de Instrucción nº 6, que persigue presuntas prácticas irregulares en la actividad de la empresa funeraria El Salvador, ha levantado este martes el secreto de sumario de la segunda pieza de esta causa que recoge, fundamentalmente, los pinchazos telefónicos a los imputados.
La investigación trata de determinar si además de dar el cambiazo por otras cajas más baratas los operarios del tanatorio llegaron a cremar cadáveres sin féretro. Tales prácticas habrían estado realizándose entre los años 1995 y 2015, pero según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo.
El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel. Ambos hombres comparten celda en el Centro Penitenciario de Valladolid. En la casa del primero, la policía halló cerca de un millón de euros en metálico.
La familia, originaria de Torrelobatón, donde empezó vendiendo pescado, es una de las más acaudaladas de Valladolid y cuenta entre sus posesiones terrenos y varios bloques de pisos en el centro de la ciudad.
Su actividad funeraria se extendió a varios municipios de la provincia, con tanatorios privados y concesiones municipales. Tal y como publicó ayer eldiario.es, uno de sus últimos proyectos, un tanatorio en Olmedo, está en el punto de mira de un juzgado de Medina del Campo, ya que sin permiso de obras realizaron movimientos de tierras en un yacimiento arqueológico.
Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Los 15 detenidos, son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo y organización criminal.
Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
El extrabajador que denunció, detenido e investigado
Entre los detenidos está el extrabajador del que partió la investigación. El exempleado empezó a extorsionar a los dueños de la funeraria cuando se jubiló porque no estaba de acuerdo con la pensión que le había quedado. Así, en 2016 solicitó diversas cantidades de dinero a cambio de no revelar a la Policía las presuntas prácticas irregulares que se realizaban los tanatorios del grupo empresarial.
Los propietarios denunciaron los hechos y, mientras el chantajista fue condenado a un año de cárcel, el juzgado abrió una pieza secreta en 2017 en la que investigó si lo que decía el extorsionador era cierto. El hombre aportó un pen drive con documentación y fotografías que demuestran que los cadáveres eran extraídos de los ataúdes momentos antes de la incineración, con el fin de revender los féretros, además de las flores.
Los tanatorios del Grupo El Salvador, en Valladolid y Santovenia de Pisuerga, son con diferencia los más contratados por particulares y aseguradoras. La Policía investiga también el papel de estas últimas en la trama para determinar si son afectadas o pudieron actuar en connivencia con la funeraria.
El juzgado irá llamando “paulatinamente” a los afectados para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les ofrecerá que puedan personarse en la causa. Por su parte, la Policía Nacional ya ha elaborado un modelo de denuncia, autorizado por la Fiscalía, para “agilizar el trámite”.
El documento resume los hechos investigados en la Operación Ignis, adelantada por eldiario.es el pasado 31 de enero y que afecta a “los servicios de incineración llevados a cabo en el entorno de la empresa Agencia Funeraria Castellana, Tanatorio El Salvador y Cementerio-Jardín El Salvador. El objetivo es evitar largas esperas a los afectados e informar de toda la documentación que tienen que aportar: contrato con la aseguradora, si es el caso, contrato de servicios con las empresas de Grupo El Salvador, justificantes de pago, coste de los servicios funerarios que recibieron y la relación familiar con el fallecido.
Los denunciantes sólo serán citados por la Policía o por el juzgado en el caso de que se les considere efectivamente perjudicados una vez se investiguen las denuncias. Además, la Policía advierte de que la investigación está en una “fase incipiente” en la que hay que estudiar numerosa documentación y archivos informáticos, por lo que hay tiempo suficiente para efectuar las denuncias y “no es necesario apresurarse”. Hasta el momento tan solo siete personas han denunciado.
