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Un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico: la estafa de los ataúdes extiende los delitos

La administradora única de Grupo El Salvador está imputada por realizar movimientos de tierras en un solar protegido sin licencia

Los investigadores apuntan que el permiso para levantar el “velatorio” se pidió tras extraer 600 metros cúbicos de tierra y que las obras destruyeron restos medievales

La detenida en la Operación Ignis es la esposa del propietario de la funeraria, quien sigue en prisión por revender féretros que no se incineraban

Estado de las obras realizadas sin licencia en el municipio vallisoletano de Olmedo para levantar un velatorio y que causaron destrozos en restos arqueológicos.

Estado de las obras realizadas sin licencia en el municipio vallisoletano de Olmedo para levantar un velatorio y que causaron destrozos en restos arqueológicos.

Los propietarios de la empresa funeraria Grupo El Salvador, investigada por reutilizar y revender los ataúdes de las incineraciones tras sacar los cadáveres, pretendían construir un tanatorio sobre un yacimiento arqueológico en Olmedo (Valladolid) y empezaron a hacerlo hasta que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y un juzgado paralizaron las obras. En la página web el grupo funerario sostiene que la construcción sigue en marcha.

Según figura en los atestados policiales, las obras vaciaron un solar que forma parte del yacimiento arqueológico ‘Villa de Olmedo’, catalogado en el PACU (Patrimonio Cultural) de Castilla y León. Todo sin ningún tipo de licencia ni permiso administrativo. 

Una patrulla del Seprona de Medina del Campo tuvo conocimiento, a finales de octubre de 2018, que en la zona se había realizado un importante movimiento de tierras. Ahí arrancó una investigación para determinar el alcance de los daños al patrimonio arqueológico y sobre su autoría.

En esa investigación colaboraron el Ayuntamiento de Olmedo, los vecinos y un equipo de arqueología del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Se constató que a finales de mayo una empresa ejecutó unas obras sin autorización. De la zona se habían extraído entre 600 y 700 metros cúbicos de tierras.

Los trabajos incluyeron un desmonte con medios mecánicos que llegó a alcanzar en algunos lugares los 2,5 metros de profundidad y destruyeron la estratigrafía arqueológica existente, que databa de la Edad Media. Por esos hechos se instruyeron diligencias en un juzgado Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo, que identificó a la empresa e imputó a su administradora única.

La Guardia Civil nunca reveló qué empresa había hecho el destrozo, quién era la persona investigada y qué era lo que se pretendía construir. eldiario.es ha tenido acceso a la solicitud que presentó en el Ayuntamiento de Olmedo la administradora única de Agencia Funeraria Castellana SA, que forma parte del Grupo El Salvador, involucrado en el llamado fraude de los ataúdes y cuyos propietarios fueron detenidos la semana pasada. En la Operación Ignis los investigadores les imputan una estafa millonaria y les acusan de revender ataúdes que debían ser incinerados. Esas prácticas, según fuentes conocedoras del sumario se remontan veinte años atrás.

A disposición judicial los 15 detenidos en la estafa de ataúdes en Valladolid

A disposición judicial los 15 detenidos en la estafa de ataúdes en Valladolid EFE

 

María del Rosario V.L, la mujer detenida el pasado miércoles y que ha quedado en libertad con cargos, es, además de la administradora de la sociedad, la esposa del fundador del grupo y madre de su actual gestor. Los tres fueron detenidos junto a otras 12 personas en la Operación Ignis y los dos hombres permanecen aún en prisión preventiva.

En el documento al que ha tenido acceso eldiario,es, María del Rosario explicaba en varias líneas que Agencia Funeraria Castellana estaba interesada en la construcción de un “velatorio” en la calle San Francisco número 2 de Olmedo y facilitaba junto al documento dos cds con el proyecto básico y el proyecto de actividad para solicitar licencia de obras y permiso de actividad. Esta solicitud se presentó en agosto, meses después de que las máquinas hubiesen destrozado parte del yacimiento.

Tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a eldiario.es, de la instrucción se encarga el juzgado de Primera Instancia número 2 de Medina del Campo. La esposa del propietario del grupo funerario sigue imputada por un delito contra el patrimonio. Ahora, los investigadores también le atribuyen los delitos por los que fue detenida junto a parte de su familia y varios trabajadores en la Operación Ignis. De momento se le imputa delitos continuados de falsedad,  estafa, blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la hacienda pública.

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