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Un exconsejero de Aguirre la sitúa ante el juez en la reunión para favorecer a uno de los empresarios de Púnica

Manuel Lamela ratifica en la Audiencia Nacional que la expresidenta participó en el encuentro en el que se habría acordado beneficiar al empresario Horacio Mercado 

Niega que el 1% de publicidad en los hospitales fuera una mordida para financiar al partido y asegura que se utilizó como mecanismo para informar a los madrileños 

Esperanza Aguirre coloca la primera piedra del hospital de Valdemoro

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El exconsejero de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela ha ratificado este lunes en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que Esperanza Aguirre estuvo en una reunión celebrada en 2004 en la que, según los indicios que maneja el instructor de Púnica Manuel García Castellón, se habría acordado beneficiar con contratos públicos al empresario Horacio Mercado, que ha admitido su participación en la financiación irregular del PP de Madrid, informan fuentes jurídicas presentes en la declaración. En su declaración como testigo ante la Guardia Civil en junio de 2017, Lamela ya situó a la expresidenta en reuniones en las que supuestamente se acordó beneficiar a Mercado. 

El exconsejero, no obstante, ha matizado que el mensaje que se transmitió a los consejeros presentes en ese encuentro era que había que "invitar" a las sociedades de Mercado para que fueran unas de las tres a tener en cuenta en las licitaciones de los diferentes departamentos del Ejecutivo regional. Y ha señalado al exconsejero Alberto López Viejo, quien cumple prisión por el caso Gürtel, y la entonces directora de Comunicación, Isabel Gallego, como los encargados de las licitaciones. 

El sumario del caso Púnica considera a este abogado del Estado una pieza relevante de la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido. Los investigadores atribuyen a Lamela, "en connivencia con los altos mandatarios" del PP regional, el papel de ideólogo de la llamada cláusula del 1%, por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. El dinero acababa después total o parcialmente desviado a las arcas del partido o al bolsillo de algunos de sus dirigentes.

Ante en juez, Lamela ha negado que esa "cláusula accesoria" de los contratos sea irregular y ha asegurado que se utilizó como mecanismo para "asumir" una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer entre la ciudadanía el llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 que sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos. 

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