El ministro de Exteriores de Andorra niega presiones de España a su Gobierno con el caso BPA

El ministro de Asuntos Exteriores andorrano, Gilbert Saboya, ha negado hoy que hayan existido presiones de España a su gobierno en el caso de la Banca Privada d'Andorra (BPA).

En declaraciones a la Agencia de Noticias Andorrana (ANA), Saboya ha afirmado hoy que fueron informados de las supuestas presiones de las autoridades españolas que ha denunciado el accionista mayoritario de BPA, Higini Cierco, para que facilitaran datos de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas y del líder de ERC y conseller de Economía, Oriol Junqueras.

El gobierno andorrano, según Saboya, recibió estas informaciones cuando “el banco ya estaba intervenido, el consejo de administración suspendido y el consejero delegado en prisión” y que en todo caso estas comunicaciones se produjeron en el marco de contactos indirectos y que no fueron concretas.

El jefe de la diplomacia andorrana ha negado que desde el Gobierno español haya habido cualquier tipo de presión hacia el Ejecutivo de Andorra respecto de estas supuestas amenazas denunciadas por Cierco.

El ministro ha manifestado que tienen “confianza” en que la justicia andorrana investigará no sólo estas supuestas amenazas y presiones sino también la supuesta revelación de datos bancarios en el caso Pujol, ya que de las mismas declaraciones de Cierco delante de la juez que instruye la causa por blanqueo de dinero se derivan responsabilidades “de una persona concreta”.

También confía, ha remarcado, en que la justicia continúe investigando las once causas abiertas sobre el delito de blanqueo relacionadas con BPA.

Saboya ha puesto de manifiesto que los contactos con los accionistas siempre fueron informales y que en el marco de las mismas hubo “insinuaciones siempre indirectas”, por lo que desde el Gobierno se les indicó que lo comunicasen a la justicia, un paso que, ha destacado, han dado “un año y medio después”.

Saboya ha señalado que las relaciones con el Estado español son “excelentes”.

También dijo que todas las comunicaciones que ha habido en relación al caso Pujol han tenido lugar a través de canales diplomáticos y judiciales que “marcan los convenios” bilaterales y multilaterales vigentes entre los dos estados y que el diálogo ha sido “fluido”.

“Nunca ha habido presiones en un sentido u otro”, ha subrayado Saboya, a la vez que ha añadido que la causa principal que hay abierta en Andorra es por blanqueo de dinero y que “nada tiene a ver” con el caso Pujol.

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de la intervenida Banca Privada d'Andorra (BPA), denunciaron la semana pasada haber recibido presiones y amenazas por parte de la policía española para que le facilitaran información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Los Cierco comparecieron el 18 de agosto ante la 'batlle' (juez) instructora del 'caso BPA', Canòlic Mingorance, en calidad de inculpados en esta causa, después de que el gobierno andorrano presentara una querella criminal contra varios exdirectivos de la entidad por blanqueo de capitales.

Además de defender la legalidad de la actuación de BPA, Cierco puso en conocimiento de la responsable judicial con valor de denuncia “una serie de amenazas y extorsiones de que fue objeto por parte de mandos policiales españoles mucho antes de la intervención del banco”, informó el Grupo Cierco en un comunicado.

Según el accionista mayoritario, la policía española le advirtió que de no colaborar con ella “se actuaría contra BPA” y si hacía falta se haría “vía administración americana”.

Los Cierco aseguraron que el gobierno de Andorra estaba al corriente de estas presiones desde hace meses, pero que no denunciaron los hechos antes “por prudencia y temor a las hipotéticas represalias del Estado español” y porque pensaron que “la presión no iría a más”.

BPA fue intervenida en marzo de 2015, después de que Estados Unidos anunciara que investigaba a la entidad por canalizar supuestamente fondos del crimen organizado.